en Investigación

Los organismos de control son esenciales para evitar casos de corrupción. Para trabajar, necesitan funcionarios independientes que puedan revisar las cuentas públicas y denunciar eventuales abusos. Sin embargo, la mayoría de los cargos hoy están ocupados por amigos del poder. Designaciones a través de sistemas de votación secreta, funcionarios que llevan más de 30 años en el cargo y destitución por casos de corrupción son algunos de los ejemplos sobre cómo funcionan hoy los organismos de control en una de las provincias más respetadas por su institucionalidad.

El Estado es grande y tiene la capacidad de decidir sobre muchas cosas en nuestra vida. Desde la edad en la que los chicos tienen que ir a la escuela, qué se les enseñará ahí y quién lo hará. Decide qué vacunas deben darse los niños y quién será el proveedor que las suministre. Decide qué barrios serán asfaltados antes que otros, qué rutas deben repararse y quién lo hará, entre muchas otras cosas. Y esas decisiones son tomadas por personas. En teoría, cada una de esas decisiones deberían tomarse con el bien público en la mira, pero, sabemos, no siempre es así. En el mejor de los casos, funcionarios bien intencionados pueden cometer errores, que podrían evitarse. En el peor, puede haber arbitrariedades e incluso corrupción, que un funcionario decida contratar a un constructor amigo, o que le genere directamente un retorno o coima por adjudicarle una obra o una compra pública. Como el Estado sabe que toma grandes decisiones todo el tiempo y que estas pueden no siempre ser las mejores, estableció la necesidad de que existan mecanismos de control.

La división de poderes es la base del control del Estado. Que el poder esté repartido implica que nadie tiene el poder absoluto para decidir sobre la vida de todos. El Ejecutivo lleva adelante las políticas públicas, licita y ejecuta las obras, construye los hospitales y contrata  a los médicos, entre muchas otras cosas. El Legislativo, que a través de las leyes establece qué debe hacerse (por ejemplo, la edad en la que los chicos deben ir al colegio), pero que también controla que el Ejecutivo cumpla sus obligaciones, especialmente a través de las comisiones, y que puede incluso interpelar a los ministros para que expliquen sus acciones. Y la Justicia, que después de aprobadas las medidas puede impedir su ejecución si vulneran derechos de los ciudadanos (por ejemplo, no permitir la expropiación de terrenos a bajos precios para la construcción de una ruta) o exigir que se cumplan los derechos (por ejemplo, si el Ejecutivo no cumple con la cantidad de vacantes necesarias para que todos los chicos de determinada edad puedan asistir a clase, lo obliga a tomar medidas para garantizarlo).

Pero existe un control también sobre la ejecución de esas medidas que es ejercido por los llamados organismos de control. Instituciones que están a cargo de revisar las medidas de gobierno para ver que se cumplan con los procedimientos establecidos, que no se estén cometiendo arbitrariedades y que se están proveyendo los servicios necesarios. Algunos de estos controles son internos, y se hacen antes de que se ejecute la medida; otros son externos, y permiten revisar de manera periódica lo que se hace para asegurar que se hizo lo que efectivamente se estableció que se haría. En general, en estos casos no se analiza la política pública en sí, sino su ejecución. Es decir, si el Estado efectivamente está haciendo lo que dijo que haría y de manera correcta, aunque existen distintos tipos de organismos que pueden tener diferentes alcances en su análisis.

Este es, por supuesto, un esquema muy simplificado de la estructura del Estado, para poner en contexto el trabajo que hacen los organismos de control, que son muchas veces desconocidos por los ciudadanos. Es lo que pasa a nivel nacional, como lo prueba este video realizado por el Laboratorio de Difusión del Derecho de la Carrera de Abogacía de la Universidad Torcuato Di Tella.

Quiénes y cómo controlan

El primer análisis interno lo llevan a cabo organismos que están dentro del Ejecutivo. Hay controles que existen al interior de cada organismo, puede haber una Contaduría General o, como en el sistema nacional, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Luego los organismos externos controlan las acciones ya realizadas. Estos controles pueden ser formales, como revisar que cada gasto esté justificado con un comprobante, analizar que los pagos se realicen según lo que determina la ley o cruzar diferentes fuentes para analizar la consistencia de las cuentas públicas. Este es el caso de los Tribunales de Cuenta, el sistema que tienen la mayoría de las provincias.

Pero existen también sistemas de control algo más complejos y sofisticados en los que estos organismos pueden evaluar la efectividad del gasto público.En muchos de estos casos se hace en la práctica un control legislativo, ya que se trata de auditorías que dependen del Congreso, como es el caso de la Auditoría General de la Nación o las auditorías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la de Salta.

El control sirve para prevenir la corrupción y el uso de los fondos públicos”, señaló a Chequeado Renzo Lavin, director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Y agregó que en el caso de los controles que pueden analizar la ejecución de las políticas, “sirve también para ver si las políticas públicas logran los resultados que se proponen y llegan a las personas que lo necesitan. En este sentido pueden servir como insumo para el diseño de las políticas públicas”.

Algunos ejemplos de casos en lo que este sistema funcionó es la auditoría pedida a la AGN sobre el PAMI con la cual el entonces presidente, Néstor Kirchner, intervino el organismo al constatar que existían irregularidades. Lo mismo ocurrió con la recisión del contrato del Correo Argentino que se dio de baja luego de una audioría que analizó la situación de la empresa con el Estado.

“A la comunidad hay que garantizarle un control objetivo, independiente, oportuno y continuo y para eso es importante que haya técnicos capaces en los organismos de control”, señaló a este medio Mónica González, quien fue contadora adjunta de la Contaduría General entre 2000 y 2009, y hoy es la Administradora General del Poder Judicial mendocino.

El caso de la provincia de Mendoza es interesante, ya que existe una idea en la sociedad de que se trata de una provincia con una buena calidad institucional (pueden verse ejemplos en columnas acá, acá y en este trabajo publicado en 2004 sobre prácticas de anticorrupción: “En el caso de Mendoza, observamos que hay una opinión generalizada en todos los ámbitos acerca del bajo nivel de corrupción de la provincia. En este sentido, la percepción de los disertantes fue que la corrupción no es una prioridad dentro de la provincia, gracias al buen funcionamiento de las instituciones”). Sin embargo, un análisis más detallado muestra que la situación no es tan positiva, y que existe una brecha entre la percepción y la realidad en este caso.

Un trabajo realizado por el Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) en 2010, que analizó 183 indicadores en cada provincia para ver la situación institucional de cada una de las provincias, ubicó a Mendoza en el lugar número 16 de las 22 provincias estudiadas en cuanto al control externo.

La provincia tiene un sistema más bien clásico de control, focalizado en los aspectos formales, con tres organismos que están establecidos en la Constitución provincial, que rige de 1916:

La Contaduría General
Es el primer control que se hace, dentro del mismo Poder Ejecutivo, en el que el contador analiza las órdenes de pago de los diferentes organismos estatales y puede eventualmente bloquear un pago si no cumple con los requisitos legales exigidos.

Su titular es propuesto por el gobernador y ratificado por el voto de la mayoría de los senadores provinciales en una votación secreta. Su cargo no tiene una duración definida, puede ser removido en cualquier momento, sólo que para removerlo y nombrar a uno nuevo debe haber una ratificación por votación de la mayoría en el Senado provincial.

El Tribunal de Cuentas
Es un organismo independiente del Poder Ejecutivo. Está formado por un presidente y cuatro vocales, y su función es la de revisar las cuentas después de que se realizaron las operaciones para ver si existen inconsistencias y si se cumplieron los procedimientos de acuerdo con la ley. El Tribunal revisa las cuentas del Estado provincial, pero también de cada municipio y organismo descentralizado, como los hospitales, el Instituto de Juegos y Casinos y la obra social de la provincia, entre otros.

En cada caso el Tribunal hace un “juicio de cuenta” en el que determina si hay irregularidades en la ejecución de las cuentas públicas. Sus fallos pueden ser aprobatorios o condenatorios. En este último caso el Tribunal tiene facultades para imponer sanciones, desde multas a los funcionarios responsables (que pueden ser de diferentes montos según el daño que se haya hecho y se calcula en relación a los salarios) a la obligación de devolver el dinero público malversado.

El Tribunal de Cuentas hoy tiene como presidente a Salvador Carlos Farruggia, quien fue nombrado en 1987. Para aprobar los fallos se necesita la mayoría de los votos entre los cuatro vocales y el presidente. Todos ellos son nombrados por el gobernador con acuerdo del Senado y deben pasar por un juicio político en la Legislatura provincial para ser removidos.

La Fiscalía de Estado
Es quien tiene que velar por los intereses del Estado provincial. De acuerdo con la Constitución provincial, el Fiscal de Estado es el “encargado de defender el patrimonio del Fisco”. Y será también “parte en los procesos que se formen ante el Tribunal de Cuentas”.  Es decir, representa a la provincia en cada conflicto que pueda traerle un costo, como un caso de expropiaciones, juicios por haberes jubilatorios o cualquier juicio que pueda afectar a los bienes del Estado provincial. Además, está a cargo del análisis y publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios.

Así es como funcionan, en teoría, los organismos de control del Estado provincial. La práctica es  distinta. En la mayoría de los casos quienes están a cargo de los organismos vienen directamente de cargos políticos y muchas veces no muestran en su currículum conocimientos relacionados con la labor que desempeñan como controladores.

Es un fenómeno extendido el paso de la política a los organismos de control, y en la práctica muchas veces es una prenda de negociación política. Es común que se nombre a legisladores que terminan su mandato y no se tenga en cuenta la idoneidad del candidato”, evaluó Lavin.

Es un fenómeno extendido el paso de la política a los organismos de control, y en la práctica muchas veces es una prenda de negociación política

En el caso de Mendoza, siete de los 13 altos cargos de los tres principales organismos de control son ocupados por personas que vienen directamente de cargos en el Poder Legislativo o el Ejecutivo. El resto de los funcionarios jerárquicos tiene entre 20 y 31 años de trayectoria en los organismos de control y, en muchos casos, poca experiencia laboral previa.

No es lo mejor que alguien pase de un cargo político, de representación de un partido en el Legislativo o como funcionario del Ejecutivo, a un organismo que va a tener que controlarlos -señaló para este artículo Pablo Secchi, director de la ONG Poder Ciudadano y agregó-. Aunque después, si la persona ejerce bien el cargo depende también de otras variables”.

Otro de los puntos que señalan especialistas como Lavin es la necesidad de un proceso transparente de designación de los candidatos, que incluya también la participación ciudadana, para que las organizaciones de la sociedad civil puedan oponerse a ciertos candidatos si tienen antecedentes que pongan en duda su capacidad e idoneidad. En el caso de Mendoza, el proceso incluye audiencias públicas en las que la ciudadanía puede expresarse, aunque no son vinculantes para la Legislatura. Pero el proceso a través del cual el Senado ratifica al candidato del Ejecutivo se hace a través de una votación secreta con bolillas. Se trata del procedimiento establecido en la Constitución y precisado en el reglamento de la Cámara de Senadores para la elección de los jueces de la Corte Suprema, que se aplica también al Fiscal de Estado, al presidente y los vocales del Tribunal de Cuentas y al Contador General de la Provincia.

Este es el sistema de bolillas con el que se votaba en Mendoza. Se reemplazó hace poco por uno con un solo color de bolilla.

Una revisión de quienes están hoy en los cargos muestra los resultados de este proceso. El análisis de Chequeado sobre los 13 cargos de mayor jerarquía pone en evidencia que no se trata de casos aislados, sino que el hecho de pasar directamente de cargos ejecutivos o de representación política a los organismos de control es una práctica extendida en el tiempo y que no hace distinción de color político. Incluso se  designa en los organismos de control a quienes cumplían funciones en áreas que luego deben controlar o son cercanos a sus controlados. Estos funcionarios pueden excusarse de participar en decisiones que afectan a los organismos en los que trabajaban y donde en muchos casos aún trabajan familiares, aunque no siempre lo hacen.

Incluso se  designa en los organismos de control a quienes cumplían funciones en áreas que luego deben controlar o son cercanos a sus controlados.

 

Los amigos del poder

El actual fiscal de Estado, Fernando Mario Simón, fue designado en 2015. Antes de eso fue asesor en varias dependencias, jefe de Gabinete en Ministerios, coordinador de Proyectos y Programas, subsecretario Legal y Técnico y fue elegido por el voto popular y en representación del Partido Justicialista como senador provincial, cargo que ocupó hasta que renunció para asumir como fiscal de Estado.

Los problemas que puede generar no tener a una persona idónea en el cargo los dejó claro su antecesor, Joaquín de Rosas, quien fue destituido por juicio político luego de que se probara que benefició al empresario Daniel Vila en la expropiación de unos terrenos y en la compensación de deudas con privados que dejó un perjuicio probado para el Estado. La Corte Suprema de la provincia estableció que el Estado le pagó entre $13 y $17 el metro cuadrado por la expropiación de unos terrenos, mientras que el precio que correspondía era de $2,70 el metro, entre cinco y seis veces menos.

Joaquín de Rosas fue destituido como Fiscal de Estado luego de que se probara que benefició al empresario Daniel Vila en la expropiación de unos terrenos

Otro caso entre las autoridades actuales del mismo organismo es el de Pablo Frigolé, el director de Administración, quien hoy es también decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Gestión Pública de la Universidad Champagnat, una institución intervenida por el Estado provincial. Luego de haber estudiado Economía y trabajar en distintos cargos dentro del Estado desde 2006, en su currículum como especialización figura un curso de perfeccionamiento de posgrado en Gestión Vitivinícola.

En el Tribunal de Cuentas, por otro lado, tres de los cuatro vocales, funcionarios que están por debajo del Presidente y que deben dar quórum para cada uno de los fallos que emite el organismo, tienen largas trayectorias políticas, poco compatibles, de acuerdo con los especialistas, con sus roles actuales. El caso más claro es el de Héctor Caputto, nombrado por un gobierno del Partido Justicialista. Su último cargo, antes de ser designado en el organismo en 2012, fue el de miembro del Directorio del Instituto de Juegos y Casinos, organismo del que dependen los casinos, casas de juego departamentales, lotería y quiniela de la provincia, una institución que ahora debe controlar.

Se trata de una práctica desaconsejada por especialistas. La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), por ejemplo, recomienda en su Código de Ética, que “el personal de la EFS [Entidad Fiscalizadora Superior] deberá estar libre de impedimentos que afecten su independencia y objetividad, ya sea real o aparente, que resulten de sesgo político, participación en la gestión, auto-revisión, interés financiero o personal, o relaciones con otros o la indebida influencia de aquellos”. Uno de los puntos que señala para cumplir con esta recomendación es “evitar auditar entidades en las que se hubiere sido empleado recientemente, sin las salvaguardias adecuadas”. Y aclara que el hecho de haber trabajado en un ente auditado perjudican la independencia del organismo de control.

Otro de los vocales, Roberto Pettignano, inició su carrera política como diputado provincial en 1991 por el Partido Justicialista. Cumplió dos períodos seguidos como diputado y dos períodos más como senador provincial entre 2007 y 2015. En el medio fue coordinador de Relaciones entre Municipios y el Gobierno provincial, un cargo en el Poder Ejecutivo.

Los otros dos vocales del Tribunal de Cuentas son Mario Francisco Angelini, quien trabaja en el Tribunal desde hace 24 años donde ingresó como profesional de planta y fue ascendiendo. Y la última incorporación, Marta Liliana Muñoz de Lázzaro, la única mujer, quien fue elegida como vocal en febrero de este año propuesta por el actual gobernador Alfredo Cornejo (UCR). Desde 2007 que Muñoz de Lázzaro acompaña al actual jefe provincial, antes como intendente de Godoy Cruz, y desde hace un año, cuando asumió como gobernador provincial, como subsecretaria de Administración y Control del Ministerio de Salud de Mendoza. Ahora como vocal del Tribunal de Cuentas deberá auditar lo que hasta el año pasado ejecutaba como autoridad administrativa dentro de dicho Ministerio.

Como vocal del Tribunal de Cuentas deberá auditar lo que hasta el año pasado ejecutaba como autoridad administrativa.

El caso de la Contaduría General de la Provincia es un poco distinto: se trata de un control interno y depende directamente del Ejecutivo, por lo que podría tratarse de alguien de confianza para el gobernador. Sin embargo, no parece ser ese tampoco el modelo mendocino, ya que su director, José Caviggia, lleva 31 años en el cargo, donde se inició en 1985. Empezó en la función pública en el año 1969 como asesor en la Dirección General de Finanzas del Gobierno de Mendoza, donde dos años después, en 1971, fue nombrado como jefe de Departamento de Presupuesto hasta su designación como contador General de la Provincia. En mayo de este año, Caviggia cumplirá 74 años.

Quienes están dentro de los organismos de control saben bien el costo que pueden traer los favores políticos detrás de sus nombramientos. En marzo de 2016, Pedro García Esptexte, quien estuvo 20 años a cargo de Asuntos Judiciales de la Fiscalía de Estado, publicó una carta en la que criticaba al sistema de designaciones:

“Todos los días aparecen noticias de hechos de corrupción o de irregularidades administrativas. La pregunta es ¿qué pasará con estos hechos y denuncias? Los antecedentes nos indican que no son muchos los casos que se han resuelto.
Es obvio que es trabajo de los organismos de control, como la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial y la Legislatura pero también es obvio que la politización de todos estos organismos les ha quitado toda la independencia que sólo pueden tener quienes ocupan esos cargos sin ser producto de la cadena de favores de la política.

A los hechos me remito. Los que estaban en el Ejecutivo ahora están en la Suprema Corte, en la Legislatura o en el Tribunal de Cuentas. Los que estaban en el Tribunal de Cuentas están en el Poder Judicial, y los que estaban en el Legislativo ahora están en la Suprema Corte, en el Tribunal de Cuentas y en la Fiscalía de Estado”.

La carta, en la que critica al sistema que lo llevó a él a ocupar su cargo, le valió la destitución por parte del actual fiscal de Estado, Fernando Mario Simón, por una “pérdida de confianza” en el funcionario.

No es sólo un mal jerárquico

Si la idoneidad no es el factor determinante en los cargo jerárquicos, tampoco lo es muchas veces en el resto de la estructura. Los cargos subalternos, que deben llevar adelante personas con conocimientos técnicos específicos, tampoco son designados a través de concursos transparentes que seleccionen a los mejores. Este año, y por primera vez, la Fiscalía de Estado llamó a concurso para cubrir dos cargos de planta. El perfil de los postulantes y los requisitos fueron detallados en una resolución publicada en el Boletín Oficial.

Salvo este caso reciente, no hay antecedentes de otros concursos para cubrir vacantes ni en Fiscalía de Estado ni en el Tribunal de Cuentas, señaló a Chequeado Graciela Salvo, actual directora de “Descentralizadas II”, una de las unidades del Tribunal de Cuentas, y docente universitaria, quien criticó el actual sistema al que ella misma ingresó como personal de planta sin concurso.

A nivel general y para todos los organismos del Estado en Mendoza rige la Ley 5126 que obliga al Ejecutivo a reglamentar y aplicar concursos para el ingreso y los ascensos en la administración pública, aunque tampoco se suele aplicar.

Por qué importa todo esto

La cantidad de funcionarios de los organismos de control que no demuestran tener las capacidades necesarias para ostentar su cargo, o cuyo recorrido laboral muestra una gran cercanía con quienes luego tienen que controlar tiene consecuencias. El hecho de que todo el sistema de control mendocino esté armado con esta lógica implica que en la práctica hay muy poco control sobre las decisiones que toma el Estado y mucha menos confianza de parte de la ciudadanía sobre el control que estos organismos pueden ejercer sobre el poder político. Eso deja a los ciudadanos desprotegidos y rompe las posibles alertas que podrían sonar en los casos de corrupción.

Expropiaciones a cinco veces el precio

El caso del fiscal de Estado destituido, Joaquín de Rosas, es claro. La Corte Suprema de la provincia estableció que el Estado le pagó entre $13 y $17 el metro cuadrado por la expropiación de unos terrenos a la empresa Dalvian, del empresario Daniel Vila, mientras que el precio que correspondía era de $2,70 el metro, entre cinco y seis veces menos.

El pago de esto se hizo a través de la condonación de una deuda que este empresario mantenían con el Estado mendocino, por un monto de más de US$ 6 millones con el Banco Mendoza, una entidad pública que quebró y fue privatizada en los años ’90 y que se pagó con los terrenos que luego fueron convertidos en la reserva natural Divisadero Largo.

Esta sobrevaloración de terrenos a la hora de expropiar, sumado a descuentos, pesificación y beneficios por “pago de contado” otorgados con anterioridad hicieron que la deuda se licuara e incluso quedara un saldo a favor que luego sirvió para el pago de honorarios a los abogados intervinientes, recuerda hoy la ex diputada provincial, Patricia Gutiérrez (Unidad Popular) quien denunció esta maniobra junto con los entonces legisladores Daniel DiMartino (UCR), Alejandro Lima (UCR), Gustavo Valls (Perionismo Federal) y Gustavo Cairo (PRO).

El fiscal De Rosas incluso ignoró informes adversos de la propia Fiscalía en este caso. Así, el que debía cuidar los intereses del Estado, no sólo no cumplió sino que benefició expresamente a un grupo empresario”, señaló Gutiérrez.

De Rosas no era en ese momento el fiscal de Estado, sino fiscal adjunto, pero quien estaba a cargo, Pedro Sin,  se excusó de actuar en este caso porque tenía una relación personal con la familia Vila, de quien había sido abogado. En 2010 De Rosas fue nombrado fiscal de Estado, pero fue suspendido en 2012 y finalmente destituido por este caso en 2014. Hoy está imputado en la única causa que queda en pie (la 89.036/10) donde se investiga el origen de un lote de 800 m2 en el lujoso barrio privado Dalvian a nombre de su esposa, Viviana Noemí Quiroga. En su momento se denunció que esa propiedad podría haber sido recibida por el fiscal como una “dádiva o soborno”. El terreno se escrituró a nombre de la esposa del ex fiscal en 2006, pero hasta ahora la Justicia provincial no se expidió y sólo en abril de 2016 el matrimonio fue imputado.

Estafas con los programas sociales

Otro caso resonante en el que los organismos de control no funcionaron, y que muestra que el anterior no fue un caso aislado, sino que hay fallas en cómo se lleva adelante el control, es el del programa “Vale Más”. Se trata de un sistema de tickets alimentarios implementado en el año 2000 que se distribuían a los beneficiarios, que luego lo usaban como un vale o cuasi moneda para comprar alimentos y bienes en comercios adheridos al sistema. Estos comercios después se presentaban ante el Gobierno y los cambiaban por dinero en efectivo. El sistema fue implementado por el gobernador Roberto Iglesias (UCR) para asistir a familias vulnerables en tiempos de profunda crisis económica. La empresa que imprimía los tickets era Proms.

A pesar de que a partir de 2002 había indicios de irregularidades, el caso no se denunció penalmente hasta 2006. Un fallo del Tribunal de Cuentas de 2002 advertía, entre otras cosas, sobre la falta de rendición de la empresa Proms, algo que se repitió durante varios años, y la falta de orden en los archivos de la Contaduría General, que dificultó el análisis. Las cuentas, sin embargo, fueron aprobadas. Incluso hay fallos del Tribunal de 2008 donde se aprueba la rendición de cuentas para todo 2004 (Fallo 15.069). Recién en 2011 el Tribunal resolvió obligar a un grupo de funcionarios a devolver los fondos. Sin embargo, la Corte Suprema provincial anuló las decisiones del Tribunal, entre otras cosas porque los plazos para la revisión de estas cuentas ya se habían vencido.

Al mismo tiempo, ya en 2003, hubo grupos de vecinos que comenzaron a denunciar públicamente el mal funcionamiento del sistema y el fiscal de Estado de entonces, Pedro Sin, se comprometió públicamente a investigarlo. A pesar de esto, el sistema se mantuvo así y sólo en 2006 se comenzó la primera investigación penal. Esto paso luego de que la nueva administración asumiese, con el gobernador Julio Cobos (UCR), quien había sido ministro del gabinete de su antecesor, Iglesias.

En ese momento asumió Alberto Monetti, designado como coordinador ejecutivo del Fondo de Inversión y Desarrollo Social (FIDES), organismo que administraba el Vale Más. Monetti denunció en la Justicia desmanejos en el uso de los fondos. De esa denuncia surgieron cuatro líneas de investigación, de las que hasta ahora sólo una causa fue elevada a juicio y en un proceso abreviado señaló a un culpable del delito de malversación culposa.

De acuerdo con el dictamen del fiscal, Daniel Carniello, la falta de control sobre la distribución del beneficio social podría haber generado la pérdida de más de $50 millones al Estado mendocino entre 2004 y 2006.

La falta de control sobre la distribución del beneficio social podría haber generado la pérdida de más de $50 millones al Estado mendocino entre 2004 y 2006.

Con funcionarios que son electos a través de un voto secreto, que vienen en la mayoría de los casos de cargos ejecutivos o de la representación política, y con sistemas de concurso que recién empiezan a implementarse para contadas vacantes, el sistema de control mendocino está lejos de ser el ejemplo de institucionalidad que muchos le atribuyen a la provincia. Las consecuencias de un mal sistema de control están claras: es más difícil prevenir la corrupción, y se traduce en los millones de pesos que hoy le faltan al Estado y a sus ciudadanos.

 

Investigaciones locales y abiertas

Investigar sobre problemáticas locales y que pase algo con los resultados fue el desafío que nos planteamos en Chequeado hace más de un año, cuando decidimos lanzar el proyecto del que hace parte esta nota. Fue una idea ambiciosa, llevar adelante simultáneamente investigaciones en cinco ciudades argentinas -Córdoba, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Rosario y La Plata-, y, sobretodo, no hacerlo de manera tradicional.

Aunque un periodista fue el líder de cada proyecto de investigación, no trabajó solo y en secreto, como suele hacerse en estos casos. Porque nada de lo que se publica hoy se mantuvo en secreto. Al contrario, quienes siguen a Chequeado saben desde hace varios meses que estábamos a la búsqueda de información sobre quienes están a la cabeza de los organismos de control en Mendoza.  Primero le pedimos a nuestros seguidores en las redes sociales que aportasen datos sobre sus experiencias con los organismos de control  y, luego, convocamos a todos los que estuviesen interesados a un hackatón para crear juntos una base de datos con la trayectoria de los funcionarios y la información que hacen pública sobre sus decisiones. Contamos con la participación de estudiantes de periodismo y otros ciudadanos interesados, y con el apoyo de la Universidad Nacional de Cuyo, donde realizamos la actividad.

Nuestra idea con este proyecto no es sólo investigar, sino hacerlo con quienes son los principales interesados y pueden hacer algo con los resultados: en este caso, los ciudadanos de Mendoza, afectados por la falta de control. Estamos convencidos de que se puede experimentar en periodismo y explorar nuevas formas de investigar y de narrar.

Con esa idea lanzamos “Investigación periodística con participación ciudadana”, que cuenta con el apoyo de Fondo para la Democracia de Naciones Unidas (UNDEF). Esta es la cuarta de cinco investigaciones que hicimos en esta primera etapa, pero esperamos que sean solo las primeras de muchas más.

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  1. Y TODO LO QUE SE LES PASA PORQUE CIUDADANOS NORMALES QUE VEN A DIARIO ESTAS COSAS NO TIENEN IDEA DE LO QUE SE HACE BIEN O MAL.
    LICITACIONES QUE SON PUBLICADAS EN DIARIOS DE BAJA CIRCULACIÓN, AMIGOS DEL PODER QUE MANEJAN LAS LICITACIONES ANTES QUE SE ADJUDIQUEN, PUBLICIDAD INDUCIDA Y TANTAS OTRAS QUE ESTÁN A LA VISTA A NIVEL NACIONAL Y PROVINCIAL, MAS LAS QUE SE VIENEN, DOS DICTÁMENES NEGATIVOS DE LA AGN EN CONTRA DE PRECINTOS ELECTRÓNICOS EN ADUANA , UNA TERMINAL QUE DE REPENTE ES CONCESIONADA A UNA S.A., UN CENTRO DE TRANSFERENCIAS QUE SERÁ UN GRAN NEGOCIO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS Y OTRAS TANTAS

  2. Es una realidad que en Mendoza los organismos de control nunca cumplieron su rol. Los integrantes de los mismos fueron favorecidos con altos salarios y no concurrían a sus tareas ni cumplían con sus funciones porque fueron nombrados por las autoridades que debían controlar. El control por parte de los ciudadanos es prácticamente imposible, no están al tanto de los hechos y, si lo están no tienen el alcance la disposición económica ni temporal para efectuar las denuncias. Gracias que tenemos en el orden nacional a Carrió, Moner Saenz, etc, que pueden hacerlo. El ciudadano puede solo ejercer su sanción social, que tampoco lo hace, o solo muy excepcionalmente, personalmente pregono que se debe ejercer esa sanción, quitando el saludo o señalando a los corruptos, violadores o los violentos de género. Pero como generalmente son poderosos, la gente no quiere tener más problemas. Yo, personalmente no concurrí a reuniones sociales o no invité a personas que conozco que son corruptas o … Me gustó el trabajo, gracias.