en Investigación

Los precios que pagan algunos de los lugares más icónicos de la Ciudad de Buenos Aires al Gobierno porteño están muy por debajo de los alquileres de zonas aledañas, con montos congelados durante años a pesar de la inflación. La Justicia investiga si hubo irregularidades en los procesos.

Los restaurantes más caros de Buenos Aires, el espacio más emblemático de la Ciudad de cara al río y uno de los shoppings más conocidos son sólo algunos de los espacios que concesiona el Gobierno porteño. Son 201 predios que pagan un canon mensual para desarrollar todo tipo de actividades económicas y sociales, que incluyen desde discotecas hasta canchas de fútbol que funcionan debajo de las autopistas.

Así enumeradas estas fotografías podrían componer una simpática película, aunque en la realidad, sin embargo, estas imágenes configuran el largo conflicto que todavía generan las concesiones porteñas. Una problemática que atraviesa a todos los gobiernos, pero que dejó particularmente expuesta a la gestión de Mauricio Macri.
La Ciudad recaudará $180 millones en 2016 por el total de esas actividades, informaron desde el Gobierno. Un número que tanto la Justicia, como la Auditoría General de la Ciudad, la oposición y hasta las propias autoridades porteñas consideran demasiado bajo.

Los cánones que pagan los concesionarios por m2 pueden ser hasta 250 veces más bajos que el valor de mercado en las zonas más acomodadas de la ciudad, según se desprende del análisis realizado por Chequeado en base a los datos de ZonaProp y Properati, sitios especializados en el negocio inmobiliario.

Los cánones que pagan los concesionarios por m2 pueden ser hasta 250 veces más bajos que el valor de mercado.

Del otro lado, los empresarios remarcan, en cambio, que para desarrollar algunos de los proyectos realizaron inversiones a largo plazo de varios millones de dólares, motivo que todavía justifica -sostienen- el bajo nivel de la cuota mensual.

Los datos oficiales muestran que los cánones permanecieron prácticamente congelados entre 2008 ($41 millones) y 2013 ($60 millones), muy por debajo no sólo de los valores de mercado, sino también de la inflación acumulada en ese período. Recién sobre el final de la segunda gestión de Macri como jefe de gobierno, la recaudación pegó un salto en 2015 ($179 millones) después de que las autoridades renegociaran los contratos más onerosos. Y, a pesar de los incrementos, los cánones permanecen lejos de los valores de mercado.

“Cada gestión se pone distintos objetivos, distintas prioridades. Siempre hay cosas que no se logran encarar o que no se encaran de la mejor manera. Los objetivos del Gobierno porteño en los últimos años estuvieron enfocados en otro lado”, reconoció a este medio Emilio Dojas, director de Concesiones del Gobierno porteño que renunció esta semana (el nuevo director, Pablo Di Rocco, aún no asumió formalmente el cargo), sobre la gestión de sus predecesores en el área.

La Justicia fue más enfática a la hora de analizar la gestión de PRO sobre las concesiones. La fiscal Paula Asaro impulsó una investigación por una supuesta connivencia entre los distintos funcionarios porteños a cargo de concesiones en el período 2008-2015 y los empresarios que gozaban de los beneficiosos cánones para defraudar a la administración pública. “Las concesiones otorgadas inicialmente a título gratuito se habrían concertado para eximirlos del canon por una determinada cantidad de años para que pudiesen recuperar lo invertido, pero a pesar de que los empresarios recuperaron en muchos casos lo invertido con creces continuaron explotando los predios bajo cánones irrisorios al amparo de la conducta omisiva de los imputados”, señala la fiscal. En su dictamen, firmado en septiembre de 2014, Asaro agregó: “Este manejo obedeció claramente a un modelo sistémico de administración local en beneficio de ciertos concesionarios con los cuales podría haber entablado una relación de connivencia”.

Ezequiel Sabor, Silvia Imas y Gabriel Astarloa, los tres ex directores de Concesiones, más Francisco Cabrera, entonces ministro de Desarrollo Económico -de quien dependían en última instancia las concesiones- son los apuntados por la fiscal. Sus gestiones sobre las concesiones quedaron bajo la lupa de la Justicia, pero casi todos ellos tuvieron ascensos políticos: Cabrera es ministro de Producción de la Nación, Sabor es secretario de Trabajo de la Nación y Astarloa es Procurador General de la Ciudad.

Facundo Del Gaiso, miembro de la Auditoría de la Ciudad, aseguró en diálogo con Chequeado que durante la gestión PRO “siempre las más beneficiadas fueron las empresas concesionarias, sobre todo en algunas concesiones icónicas que pagaron muy poco”. Y agregó: “Hay concesiones simbólicas, como Costa Salguero y Buenos Aires Design, que tendrían que pagar diez veces más; otras son emblemáticas, como el hipódromo de Palermo, porque directamente nunca pagaron ni un peso al Estado”.

La causa inició un largo derrotero judicial que recién ahora, dos años después, parece tomar impulso. El ex legislador Facundo Di Filippo (Partido Social de la Ciudad) y el diputado porteño Gustavo Vera (Bien Común), ambos denunciantes, pidieron que el caso sea instruido en el fuero federal, pero la jueza María Romilda Servini de Cubría rechazó su competencia. Esta estrategia demoró los tiempos de la causa, que recién volvió al fuero nacional dos años después del dictamen de Asaro, en septiembre pasado. La investigación, entonces, recayó en el Juzgado Nacional N°20, a cargo de Elizabeth Paisán. En los próximos días, la magistrada cederá la instrucción nuevamente a la fiscal Asaro, informaron fuentes judiciales.

Tanto la fiscal como la oposición cuestionan, además, la metodología mediante la cual se renovaron las concesiones. El Gobierno porteño tiene la potestad para negociar el valor de sus inmuebles en alquiler que parte de una base cotizada por el Banco Ciudad. Una vez que ese contrato se vence, la legislación prevé que una concesión tiene que ser aprobada por la Legislatura siempre que su contrato supere los cinco años, caso contrario alcanza con la firma de un decreto del Ejecutivo porteño. Eso sucedió, por ejemplo, con el shopping Buenos Aires Design, cuya concesión fue prorrogada en 2010 (vencía en 2013) por cinco años sin licitación ni debate en la Legislatura, aunque dentro de la ley.

El Gobierno retomó la iniciativa sobre los cánones en los últimos meses de la gestión porteña de Macri: duplicó la recaudación por ese rubro en 2015, según datos oficiales. Por un lado, se sentó con los concesionarios de emprendimientos más onerosos para consensuar una suba extraordinaria -por fuera del contrato- y, por el otro, aplicó modificaciones para que las subas semestrales estuvieran atadas a la inflación. Por ejemplo, en el caso de Costa Salguero se estableció un índice que controla los aumentos de precios en base a distintos elementos de los negocios que funcionan dentro del predio, que abarcan desde el precio de las pelotitas de golf hasta el valor del alquiler de una de sus cocheras.

“Queremos que las concesiones tengan equilibrio: que no sean extremadamente onerosas para las empresas y que no sean bajas para la recaudación del Estado. En ese sentido, nos estamos metiendo en la ecuación de cada empresa para redeterminar cuál es el canon adecuado que debe pagar cada uno”, explicó Dojas, en diálogo con Chequeado.

El funcionario adelantó, además, que su gestión iba a hacer foco especialmente en las concesiones porteñas más emblemáticas, como Costa Salguero, Buenos Aires Design o el Paseo de la Recova -donde funcionan los restaurantes más caros de la ciudad- para determinar si hace falta un nuevo aumento en los cánones.

Es verdad que en su momento hicieron una valorización importante del lugar, pero también es cierto que esa valorización se fue amortizando con el tiempo”, destacó Dojas. Y adelantó que no descartaba una nueva oleada de aumentos extraordinario de los cánones: “No debería haber problemas para sentarse a negociar con los concesionarios. Nuestros primeros análisis nos dan como resultado que todavía hay margen para subir los contratos”.

Cuando asumió como jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta dejó la Dirección de Concesiones en manos del Ministerio de Modernización que encabeza Andrés Freire. “Andy”, como lo conocen todos, fue uno de los más destacados empresarios emprendedores hasta antes de asumir como funcionario público. Su desembarco en Concesiones le costó su primer dolor cabeza. El auditor Del Gaiso  denunció una supuesta incompatibilidad de Freire, que meses antes de asumir se había desempeñado como director de IRSA, la concesionaria de Buenos Aires Design. Freire explicó a Chequeado que era un director externo de la firma y que, pese a que ya no tenía relación con la compañía, iba a excusarse cada vez que le tocara intervenir en un tema relacionado con IRSA. Esta empresa, además, financió la campaña presidencial de Macri al aportar $500.000 en la cena para recaudar fondos, según consta en los registros de PRO.

La película de las concesiones porteñas promete sumar nuevos capítulos en los próximos meses. Nunca, claro, será una historia exenta de disputas políticas y comerciales. El ex legislador Di Filippo sintetizó, en diálogo con Chequeado, los pilares de la trama: “Las concesiones fueron históricamente un gran agujero negro para la administración de la Ciudad, desde la época de [el ex intendente] Carlos Grosso hasta la actualidad. Cánones irrisorios, contratos precarios y vencidos y falta de control fueron moneda común en todas las gestiones”.

Cánones irrisorios, contratos precarios y vencidos y falta de control fueron moneda común en todas las gestiones.

 

Costa Salguero

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Costa Salguero era hasta hace pocos meses sinónimo de recreación a orillas del río y diversión nocturna para los porteños. Vinculado con la organización de grandes eventos, el complejo de 185.000 m2 quedó bajo la lupa cuando la fiesta Time Warp terminó en tragedia: cinco jóvenes murieron el último 15 de abril por consumir drogas sintéticas durante una fiesta electrónica organizada dentro del predio. La cadena de responsabilidad, sin embargo, es tan extensa como confusa: los empresarios a cargo del predio subconcesionan los pabellones y, a su vez, esos lugares son alquilados por estas últimas firmas para realizar distintos eventos. La tragedia también expuso el bajo canon de $65.000 que pagó hasta hace pocos años Telemetrix SA, la concesionaria del complejo.

Costa Salguero fue construido en 1991 por Telemetrix, la empresa que ganó la licitación organizada por la Dirección Nacional de Puertos, organismo entonces a cargo de esas valiosas tierras a orillas del Río de la Plata. La compañía desembolsó US$ 19 millones para construir el predio a cambios del usufructo por 30 años, de acuerdo con lo establecido en el concurso. La concesión se vence, entonces, en 2021. A sabiendas del potencial del emprendimiento, cuando Fernando de la Rúa asumió como presidente tras el triunfo de la Alianza, el ex jefe de gobierno porteño le traspasó la concesión al gobierno de la Ciudad.

El predio es prácticamente una ciudad: hoteles, discotecas, salones de fiestas, restaurantes, bares, canchas de fútbol y hasta un driving de golf funcionan en Costa Salguero. Es frecuentado por los vecinos más adinerados de la ciudad, que suelen utilizarlo como espacio de esparcimiento. También por los partidos políticos, que realizan actos de campaña, como sucedió con PRO y el Frente para la Victoria en las últimas elecciones. El presidente Macri, incluso, se casó allí con Juliana Awada.

Telemetrix recibe más de US$ 200.000 mensuales por el pago del alquiler de los distintos locales que funcionan dentro del predio, según consta en los documentos que la empresa entregó a la Legislatura después de la tragedia de Time-Warp. Es decir, sus ingresos multiplican por 10 el dinero que el concesionario paga como canon mensual al Gobierno porteño.

Sus ingresos multiplican por 10 el dinero que el concesionario paga como canon mensual al Gobierno porteño.

A su vez, una buena parte de los accionistas de Telemetrix se repiten en Centro Costa Salguero SA, la empresa que explota los pabellones para las organizaciones de eventos, el negocio más rentable del predio. Esta última firma quedó sospechada por haber alquilado el pabellón en el que se organizó la fiesta Time Warp. Fernando Polledo Olivera, el marido de Carmen Polledo, dirigente de PRO y presidenta de la Legislatura porteña, es uno de los accionistas de la empresa. “Polledo no tiene ni tuvo participación alguna en Telemetrix (la concesionaria). Cuando él ingresó a Costa Salguero SA, PRO no gobernaba la ciudad ni su mujer tenía cargos en el gobierno”, explicaron desde la empresa.

Telemetrix pagó un canon mensual casi simbólico de $30.000 por mes hasta 2008, según datos oficiales. Ese año se firmó un nuevo contrato con el Gobierno porteño por el cual se ajustó el valor del canon hasta $65.000 mensuales, con aumentos semestrales. Los incrementos se calculan en base a un índice compuesto por distintos valores de las subconcesiones que -sostienen las partes- permite medir el incremento de las ganancias. El contrato toma con herramientas de medición el valor del balde de las pelotitas de golf que establece la subconcesionaria; el valor del m2 cubierto diario que fija el Centro Costa Salguero para el alquiler a ferias y convenciones; el valor del alojamiento diario en una habitación en base doble en el Hotel del Sol; el valor de una cochera en el estacionamiento que funciona en el predio. En la actualidad, la empresa paga un canon de $331.000 por mes.

La cotización del m2 en la zona de Costa Salguero supera, en promedio, los  $350; mientras que Telemetrix, en cambio, paga menos de $2 por m2 a la Ciudad, según se desprende del análisis realizado en un hackatón de Chequeado (ver Recuadro). Desde la empresa, sin embargo, destacaron la inversión de US$ 19 millones que realizaron para construir el predio. “Telemetrix recibió un espacio en el que no había construcción alguna. Allí la empresa, a su propio cargo, debió ganar al Río de la Plata alrededor de 17 hectáreas a través de distintas obras. Dentro de cinco años, el Gobierno porteño se beneficiará no sólo con dicha inversión, sino también con la numerosa cantidad de construcciones realizadas”, sostuvieron desde la empresa ante la consulta de este medio.

El Gobierno porteño analiza ahora si las ganancias de Telemetrix ameritan un nuevo incremento del canon. Para eso, las autoridades ya le pidieron al concesionario información sobre las 24 subconcesiones que participan en el predio, alquileres que generan buena parte de las ganancias de la concesionaria.

Desde la empresa están dispuestos a abrir diálogo con el Gobierno porteño siempre que la conversación, además, incluya la renegociación del contrato, que vence en 2021. Desde Telemetrix adelantaron que la firma propondrá al Gobierno porteño que la concesión se reduzca al centro de convenciones que hoy explota Costa Salguero SA, el negocio más rentable.

Cocheras del hipódromo de Palermo

Cortesía de La Nación

Dorrego y Libertador. A la sombra de los autos casi que se puede percibir el resoplar de los caballos y el glamour de una de las zonas más acomodadas de la ciudad. Ahí se levanta el estacionamiento que suelen utilizar quienes se acercan a disfrutar del Gran Premio Carlos Pellegrini o simplemente desean jugar con las tragamonedas. La playa de estacionamiento “Gigena” -en honor a un famoso jockey- se ha convertido en una de las concesiones más polémicas porque, aunque funciona desde hace casi 15 años, nunca pagó canon.

Aunque el estacionamiento del hipódromo funciona desde hace casi 15 años, nunca pagó canon.

Hipódromo Argentino de Palermo SA (HAPSA) explota las cocheras desde 2002, un negocio que funcionó sin normativa hasta 2007. Días antes de dejar la Jefatura de Gobierno porteño, Jorge Telerman le otorgó un permiso de ocupación gratuito por cinco años, pero evitó enviar el tema a la Legislatura. Ese decreto fue anulado por Macri en 2008, que ordenó el desalojo del estacionamiento e instruyó a la Dirección de Concesiones que ejecute “todas las medidas y diligencias necesarias” con el objetivo de concretar la desocupación del predio. HAPSA presentó un recurso ante la Ciudad para que reconsiderara la anulación, pero el pedido fue desestimado en 2009. La orden de desalojo, sin embargo, nunca se cumplió.

¿Por qué? Desde el Gobierno porteño alegaron que en ese momento -en pleno conflicto político con el kirchnerismo- no tenían poder sobre la Policía Federal como para ejecutar el desalojo. Hubo más promesas. El Ejecutivo prometió licitar el predio en 2013. En ese contexto, Macri convocó a una mesa de enlace para acercar a las partes a un acuerdo, pero la iniciativa nunca prosperó. La Justicia deberá decidir entonces sobre este conflicto que, además, está cruzado por la política.

El hipódromo tiene más historia, incluso, que la propia Buenos Aires: comenzó a funcionar en 1992, antes de que existiera la ciudad autónoma. En esa fecha, el predio fue concesionado por la Nación mediante una licitación internacional, que ganó HAPSA. Desde la empresa argumentan que la playa de estacionamiento Gigena está incluida en el predio desde aquella licitación inicial, pero que después por un “error administrativo”, la Nación dejó de incluirlo como parte del inmueble concesionado y que, desde entonces, la Ciudad lo reclama como propio. La Justicia deberá decidir sobre esta disputa administrativa.

“No podemos pensar en un negocio como el nuestro sin cocheras como las que tenemos o, incluso, una todavía más grande”, explicaron desde HAPSA. Y recordaron que la playa suele quedar chica durante el Gran Premio hípico Juan Carlos Pellegrini -entre otras actividades-, en el que participan unas 80.000 personas.

Como se mencionó, el conflicto entre HAPSA y la Ciudad está atravesado por la política. HAPSA, la sociedad que explota el estacionamiento, el hipódromo y el negocio de las tragamonedas, es manejada por Federico de Achával – empresario vinculado a la hípica y al juego- y también estuvo integrada por el empresario Cristóbal López -en un porcentaje del 27,5%-, que ya inició el proceso para desprenderse de su participación en la firma.

En su dictamen, la fiscal Asaro puso la lupa sobre la inacción del Gobierno porteño con el hipódromo. “En función del extenso tiempo transcurrido desde dicha ocupación sin que los imputados hayan tomado medidas a su alcance, no se descarta la posibilidad de que los acusados hayan recibido dádivas, beneficios o pagos encubiertos por parte de la firma beneficiaria de la maniobra o sus representantes legales”, escribió la fiscal.

“El hipódromo debería pagar, por lo menos, el mismo canon que los playones de estacionamiento más grandes, no sólo por su capacidad, que supera los 1000 autos, sino porque está ubicada en una zona de gran actividad comercial”, explicó Dojas. La Ciudad habría dejado de percibir, al menos, unos tres millones de dólares -según ese criterio- en el transcurso de estos últimos 14 años, desde que el HAPSA explota el estacionamiento.

Los números de las concesiones, sin embargo, no parecen cambiar la ecuación del negocio. Por exigencia del presidente Macri, HAPSA comenzó a tributar este año Ingresos Brutos a la Ciudad sobre la recaudación de las tragamonedas; el impuesto le insume $50 millones por mes, indicaron desde la compañía. “No se trata del número, sino de lo que corresponde. El estacionamiento del hipódromo está incluido en la licitación nacional y nosotros ya pagamos por eso un canon mensual”, sostuvieron desde la empresa.

¿Cómo se resuelve? Desde el Gobierno porteño confían en quedarse con ese predio desde 2018, cuando se termine la concesión del hipódromo con la Nación.

“Pase lo que pase, el estacionamiento se abrirá a licitación en 2018. Van a poder participar como cualquier empresa con total libertad, obviamente que los antecedentes no le juegan a favor a HAPSA”, sostuvo Dojas. Y explicó que la Subsecretaría de Inversiones de la Ciudad analiza un proyecto para poner en valor el predio, lo que incluye la construcción de un espacio polideportivo en la terraza de las cocheras y un paseo comercial en el planta baja. “Queremos que deje de ser un parking intrusado”, sentenció.

Buenos Aires Design

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A espaldas del cementerio de la Recoleta y con vista a la Facultad de Derecho, Buenos Aires Design ya se convirtió en un ícono de la ciudad. Pocos porteños, sin embargo, saben que ese espacio les pertenece. Emprendimientos Recoleta SA paga $286.000 mensuales por el usufructo del shopping, aunque hasta diciembre del año pasado la suma era de $46.000 por mes, según datos oficiales. ¿Es justo que un shopping pague ese canon por el uso del espacio público? La polémica se encendió en las discusiones barriales, se mudó a la Legislatura y llegó a los medios de comunicación.

Buenos Aires Design fue construido entre 1990 y 1993 por los concesionarios que, tras ganar una licitación, se quedaron con la explotación del shopping por 20 años. La inversión inicial de la empresa fue de US$ 29 millones, confirmaron desde el Gobierno. En diálogo con Chequeado, desde la firma sostuvieron que el desembolso total -que contabiliza obras de refacción y mantenimiento- asciende a US$ 40 millones. El convenio con la Ciudad incluye, además, la responsabilidad por el acondicionamiento del Centro Cultural Recoleta, que funciona exactamente atrás del centro comercial.

Emprendimientos Recoleta SA -la concesionaria- es una firma integrada por IRSA (53%) y Hope Funds SA (47%). IRSA, socio mayoritario y administrador de Buenos Aires Design, es la firma emblema del empresario Eduardo Elsztain. Es dueño de 18 shoppings distribuidos a lo largo del país, como Alto Palermo o Abasto.

Hope Funds, el otro socio, es un fondo de inversión manejado por Enrique Blaksley, un financista que es investigado en la Justicia por estafas, lavado de dinero y evasión impositiva. Hope Funds tiene tantos vínculos con la política como con el deporte: fue quien trajo a la Argentina al campeón olímpico Usain Bolt para la inauguración del Metrobus porteño en plena campaña electoral. La firma explota, también, el merchandising de Boca Juniors, entre otros emprendimientos.

Buenos Aires Design cuenta con 62 locales comerciales, restaurantes y un estacionamiento para 174 vehículos a los largo de una superficie de 26.000 m2. Tiene el 95% de su superficie ocupada, pero desde IRSA sostienen que es uno de los pocos centros comerciales con lugares libres.


La suma de la facturación de todos los locales superó los $3.000 millones anuales, de acuerdo con lo que presentó IRSA en su balance 2016. La compañía informó en ese documento que los ingresos anuales por Buenos Aires Design fueron de $414 millones por el cobro de los alquileres a los subconcesionarios. “La ganancia neta que nos dejó Buenos Aires Design en 2016 fue de US$ 1.7 millones, una vez descontados los gastos y los impuestos. Es un negocio irrelevante para IRSA en términos económicos, pero es importante por el esfuerzo que hicieron nuestros inquilinos ahí. Queremos darle continuidad al proyecto”, detalló Ramón Villaveiran, gerente de Asuntos Públicos de IRSA. Los balances históricos de la empresa indican que la firma sólo reportó pérdidas por el centro comercial en 2001, 2002 y 2003.

La concesión, iniciada formalmente en 1993, se extendió por 20 años. Pero fue renovada tres años antes del vencimiento, en 2010, y se prorrogó por cinco años más. Es decir, Emprendimientos Recoleta tendrá el usufructo del shopping hasta 2018. Como la ampliación fue por cinco años, el Gobierno porteño evitó de esta manera que la Legislatura tuviera que expedirse sobre el contrato. Como se dijo, el legislativo porteño sólo puede debatir las concesiones cuyos contratos superan los cinco años.

Durante toda la gestión de Macri como jefe de gobierno, la empresa pagó un canon de $46.000 por mes. Aunque el canon actualmente aumentó, Emprendimientos Recoleta paga $10 por el m2 de concesión, mientras que un inmueble comercial de esa zona cotiza, en promedio, $285 por m2 (US$19), de acuerdo con un relevamiento realizado por Chequeado en base a datos de ZonaProp y Properati. “Es una comparación totalmente desigual. Ninguno de esos inquilinos tuvo que invertir US$ 30 millones para construir sus locales. Cuando se termine la concesión, el Estado se quedará con Buenos Aires Design”, replicó Villaveiran.

Buenos Aires Design paga $10 por el m2 de concesión, mientras que un inmueble comercial de esa zona cotiza, en promedio, $285 por m2.

La fiscal Asaro también fue crítica de la concesión del Buenos Aires Design. “Se fijó un canon mensual irrisorio de $40.336 como si se tratase de un canon congelado. Buenos Aires Design da la pauta de que las concesiones se renovaban prácticamente de forma automática, bajo cánones irrisorios, y condiciones sumamente ventajosas para el concesionario a quien el Gobierno porteño, en vez de imponerle inversiones, se las conmutaba por meras obras de mantenimiento de las instalaciones ya presentes, generándole al concesionario un negocio altamente ventajoso en desmedro del erario público, pues se perdía la posibilidad de recaudar más ingresos basados en cánones adecuados a los valores de mercado”.

Apenas asumió, la gestión de Rodríguez Larreta negoció un incremento del canon por fuera del contrato: estableció un aumento del 350% hasta llegar a un canon mensual de $220.000. El contrato se actualiza cada seis meses mediante un índice que contempla una tasación del Banco Ciudad sobre la concesión, pero que también tiene en cuenta los acuerdos en paritarias acordados por el Sindicato de Empleados de Comercio. Los opositores, sin embargo, critican que el número todavía está por debajo del mercado inmobiliario. Desde el Gobierno porteño dicen que analizan un nuevo aumento por fuera del contrato, que lleve el canon hasta el millón de pesos por mes.

Es verdad que en su momento hicieron una valorización importante del lugar, pero también es cierto que esa valorización se amortizó con el tiempo. Vamos a evaluar si el canon actual está a tono con la ecuación financiera de la concesión. Si consideramos que la ganancia es onerosa, volveremos a convocarlos para negociar otro aumento”, dijo Dojas.

Buenos Aires Design volvió a encender el debate cuando el Gobierno porteño anunció su intención de vender el predio en 2018 -fecha del final de la concesión- para construir con ese dinero un polo judicial de la Ciudad. La decisión generó una avalancha de críticas tanto desde la oposición como de los vecinos de Recoleta, ya que los urbanistas consideran el entorno del centro cultural como patrimonio histórico porteño.

En diálogo con Chequeado, desde IRSA no ocultaron su intención de quedarse con el predio. “Es un activo clave porque está en un lugar neurálgico de la ciudad, entre otras aptitudes. Vamos a analizar la base con la que el Gobierno pretenda vender el activo y, si consideramos que el negocio es prudente, nos presentaremos a la licitación como cualquiera otra empresa, sin ningún privilegio”, sostuvo Villaveiran.

Investigaciones locales de Chequeado

Investigar sobre problemáticas locales y que pase algo con los resultados fue el desafío que nos planteamos en Chequeado hace más de un año, cuando decidimos lanzar el proyecto del que hace parte esta nota. Fue una idea ambiciosa, llevar adelante simultáneamente investigaciones en cinco ciudades argentinas -la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y La Plata-, y, sobretodo, no hacerlo de manera tradicional.

Aunque un periodista fue el líder de cada proyecto de investigación, no trabajó solo y en secreto, como suele hacerse en estos casos. Porque nada de lo que se publica hoy se mantuvo en secreto. Al contrario, quienes siguen a Chequeado saben desde hace varios meses que estábamos a la búsqueda de información sobre las concesiones más icónicas de la Ciudad de Buenos Aires. Primero le pedimos a nuestros seguidores en las redes sociales que nos aportasen información sobre el costo de los alquileres en las zonas aledañas a las concesiones que analizaríamos, y luego convocamos a todos lo que estuviesen interesados a un hackatón para investigar juntos. Fue una jornada durante la cual trabajamos colectiva e intensamente para recopilar información sobre las concesiones: quiénes son los titulares y qué otros vínculos tienen o no con el gobierno porteño, y qué bases de datos sobre los precios de los alquileres había o debíamos crear para poder contar la historia que descubrimos. De ahí salió información valiosa que fue incorporada en la investigación que hoy presentamos.

Nuestra idea con este proyecto no es sólo investigar, sino hacerlo con quienes son los principales interesados y pueden hacer algo con los resultados: en este caso, los vecinos porteños cuyo Gobierno deja de recibir millones de pesos al mes por los contratos realizados hace años. Estamos convencidos de que se puede experimentar en el periodismo y explorar nuevas formas de investigar y de narrar.

Con esa idea lanzamos “Investigación periodística con participación ciudadana”, que cuenta con el apoyo de Fondo para la Democracia de Naciones Unidas (UNDEF). Esta es la primera de cinco investigaciones que hicimos en este proyecto, pero esperamos que sean solo las primeras de muchas más.

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  1. muy bueno lo de Uds.
    ¿No estarían de acuerdo en hacer es misma investigación con las denuncias que estamos haciendo desde la Asociación Amigos del Lago de Palermo?
    De hecho, la Playa Gigena forma parte del Área de Protección Histórica -APH 2- Parque 3 de Febrero, (Bosques de Palermo) que es el parque más antiguo e importante de la Argentina.
    Dicha Playa Gigena no se podría entregar en concesión porque hay una ordenanza que lo prohíbe. Debería ser un estacionamiento público a cargo del GCBA.
    Si nos dicen como, podemos adjuntar archivo PDF con la mayor parte de las irregularidades

  2. El gobierno de la Ciudad abona un alquiler en dólares por un galpón de clarin, mientras recibe menos de $10 mil por el estacionamiento de Canal 13, bajo la autopista.

  3. El Pellegrini se corre en San Isidro, no en Palermo. Es lindo embellecer la prosa con guiños, pero mejor hacerlo con criterio.