La Justicia investiga pagos millonarios en dólares en el circuito informal que habrían realizado empresarios -ahora convertidos en arrepentidos-, quienes señalan que no estaban destinados a obra pública sino a campañas políticas. Los informes oficiales y las declaraciones, sin embargo, revelan aportes electorales que no superan entre los 130 y 200 mil dólares.

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La ley de financiamiento prohíbe que empresas concesionarias de gobiernos aporten a candidatos. Sin embargo, el Presidente recibió donaciones de integrantes de compañías, muchos de ellos con altos cargos jerárquicos, operatoria que según la Cámara Nacional Electoral busca evadir las prohibiciones legales. Si se suman los aportes de gerentes de empresas sin vínculos actuales con el Estado, la cifra alcanza los $5 millones. Al menos dos personas negaron haber hecho los aportes.

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