en Investigación

Se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto para regularizar los barrios precarios de todo el país. Qué pasó en Francisco Solano, una toma de terrenos que se convirtió en un experimento sobre el efecto que pueden tener los títulos de propiedad.

Hay que ser osado para tomar un terreno en plena dictadura y desafiar el poder del Estado para proteger la propiedad privada. Pero la necesidad es así, empuja a muchos a tomar medidas extremas. Y las 4.600 familias que en 1981 decidieron ocupar los terrenos en Quilmes y Almirante Brown, municipios de la Provincia de Buenos Aires, lo necesitaban. Venían de distintos lugares: algunos de villas de otras zonas del Conurbano, otros vivían en condiciones de hacinamiento con familiares en el barrio y de a poco se corrió la voz y más familias se sumaron. Era un proyecto que -visto en retrospectiva- desafiaba la cordura.

Pero funcionó. Solano fue el primer asentamiento del que se tenga registro en el Gran Buenos Aires. Hasta entonces existían villas, pero no había ocupaciones de terreno pensadas como barrios para que pudiesen urbanizarse fácilmente e integrarse así a la ciudad. Sin pasillos angostos por donde no pasan los autos, con lotes regulares, uno por familia, y lugares reservados para espacios públicos. “No hacer villa” fue justamente uno de los primeros lemas de las familias que llegaron a Solano, decididas a ser parte de la ciudad y a no construir un ghetto que luego quedase aislado por su forma de construcción. La organización de los vecinos ayudó.

“Yo venía de Chingolo, en Lanús, vivíamos en una villa”, cuenta  “Palomo”, que tenía 13 años cuando ocuparon Solano. “Palomo” se llama Alberto Fredes, pero todos lo conocen con ese apodo. Se instaló ahí cuando era adolescente y hoy, después de algunas idas y vueltas, sigue ahí en la casa de sus padres. Otros, como Jorge, que llegó a los 18 a Solano, vivía con su madre junto a otros familiares y querían una casa propia: “En el 80 nos vinimos nosotros con mi mamá de Jujuy, y estábamos viviendo con la familia de mi hermana, allá en Florencio Varela”.

La dictadura respondió a la toma. Primero con topadoras, con las que no pudo pasar porque los vecinos se les pusieron en frente. Después, con un cerco policial durante meses, que impedía a los vecinos entrar y salir libremente e introducir los materiales de construcción que necesitaban para armar sus casas. Los vecinos lograron resistir y burlar el cerco, instalarse y acomodarse en los predios y la toma se asentó, como lo describen las investigadoras Inés Izaguirre y Zulema Aristizábal en Las tomas de tierras en la zona sur del Gran Buenos Aires.  

Este modelo de organización y toma se expandió por la provincia, desde Quilmes hacia otras zonas del Gran Buenos Aires durante los años ‘80. La Iglesia fue parte importante de la preparación y realización de las tomas, explica Pablo Vommaro, historiador, investigador del Conicet y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que estudió el caso: “Se puede trazar la influencia de la Iglesia en las tomas”. Y agregó a Chequeado: “Las primeras tomas son las de Solano, que inauguran una posibilidad de tomas que después se va haciendo más masiva. Y el epicentro de estas primeras tomas, muy sociales, comunitarias, con apoyo de sectores de la Iglesia se fue corriendo después hacia el oeste, a mediados de los ‘80”.

Hasta entonces había villas, ocupaciones que los habitantes tomaban como algo temporal. En los ‘80, en cambio, empiezan los asentamientos, que se pensaban como una vivienda permanente, “incluso para varias generaciones”, explica Eduardo Reese, arquitecto y director del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

¿Por qué en esos años empezaron los asentamientos?

Se dieron varios factores en simultáneo. Uno de ellos fue que los canales a través de los cuales los sectores populares accedían a la vivienda se cerraron y la situación social se volvió más crítica. Los loteos populares, que hasta entonces permitían justamente un acceso a sectores populares, eran grandes terrenos que privados subdividían y vendían por lotes a precios accesibles y que muchas veces tenían servicios muy precarios. Fueron una manera de lograr una vivienda propia.

“A principios de los ‘80 hay cambios en las leyes de la Provincia, que impiden los loteos populares, pero además, eso coincide con el fin de la capacidad de ahorro y de ascenso social de los sectores populares”, señaló Reese.

La primera pelea de los vecinos de Solano fue por instalarse, resistir los desalojos, construir sus casas y empezar a tener servicios públicos. Después vino la pelea por la propiedad de la tierra. “Cuando tomamos el terreno pensamos que era propiedad fiscal”, cuenta Palomo a este medio. Pero resultó que no, estaba en manos de privados. Y la batalla por ser propietarios de la tierra en la que vivían fue mucho más larga de lo que esperaban. Sin embargo, la toma era emblemática y eso ayudó a mover los tiempos políticos.

La primera pelea de los vecinos de Solano fue por instalarse, resistir los desalojos, construir sus casas y empezar a tener servicios públicos. Después vino la pelea por la propiedad de la tierra.

Jorge recuerda que para ellos los títulos eran importantes. “Hicimos muchas marchas desde Solano hasta La Plata, con la gente caminando con los chicos. Cada vez que sesionaba la Legislatura íbamos con los cartelitos, porque dependía de eso nuestro futuro”. Entre Solano y La Plata hay 50 kilómetros que recorrían a pie.

En 1984, apenas recuperada la democracia, la Legislatura bonaerense aprobó la ley para expropiar las tierras de Francisco Solano y empezó un largo proceso de regularización. Aunque las tierras habían sido declaradas de utilidad pública y objeto de expropiación, sólo se logró llegar a un acuerdo con algunos de los propietarios, mientras que otros empezaron una disputa judicial para lograr un monto mayor al ofrecido por el Gobierno.

La diferencia entre los grupos, los primeros que pudieron lograr los títulos de propiedad en 1989 y los otros, que estaban en las mismas condiciones pero no pudieron acceder, fueron la base de un estudio de dos economistas: Ernesto Schargrodsky, hoy rector de la Universidad Torcuato Di Tella, y Sebastián Galiani, investigador de la Universidad de Maryland y quien estuvo a cargo de la Secretaría de Política Económica de la Nación hasta el 15 de junio último, sobre el efecto que tienen los títulos de propiedad en la calidad de vida.

Al comparar familias que tenían títulos en 2007 con las que no tenían, 18 años después de la primera entrega, los investigadores encontraron que los hogares con títulos tenían mejores viviendas, más grandes y con mejor calidad de construcción; las familias se redujeron -de seis a cinco miembros en promedio-, y los hijos lograron más años de estudios: tenían el doble de chances de terminar el secundario. No encontraron, en cambio, que hubiese un mayor acceso a créditos bancarios por el hecho de ser propietarios formales.

La entrega de títulos de propiedad es una de las políticas que impulsa el actual gobierno, que se inició con un relevamiento de 4100 barrios populares, es decir villas y asentamientos irregulares. Ahora se encuentra en el Congreso un proyecto de ley impulsado desde el Gobierno para expropiar esas tierras y entregarle los títulos a sus ocupantes. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, en forma unánime, y está a la espera de la sanción en el Senado.  

Pero, aunque las estadísticas muestran una mejora considerable para quienes tienen títulos, y esa fue una de las luchas de los ocupantes de Solano, no siempre es una prioridad para los vecinos.

Así lo recuerda Palomo en el caso de Solano: “Mi viejo entró en el plan de pagos y nosotros teníamos muy claro que no queríamos que nos regalen nada, queríamos pagar por lo nuestro. Pero no me acuerdo que haya sido un gran momento cuando nos dieron el título, no hubo una gran fiesta ni nada. A nosotros nos preocupaba que nos llegue la luz, el agua. El título al final es un papel, está bueno tenerlo pero no te cambia mucho”.

Palomo frente a su casa en Francisco Solano

Palomo frente a su casa en Francisco Solano

Quizás parte de esta falta de interés es la que explica que, pasado un tiempo, muchas familias pierden la titularidad. De acuerdo con otro estudio de Galiani y Schargrodsky hecho en Solano, pasados entre 12 y 21 años de la regularización, el 28,8% de las viviendas ya no tenían títulos. Hubo divorcios, muertes con sucesiones que nunca se regularizaron y ventas informales, entre otros cambios. Los procesos para mantener la escritura son caros, y muchos no creen que el costo valga la pena o simplemente no pueden pagarlos, concluyen los economistas. “Entre otras cosas, el primer título tiene mucho valor porque garantiza que no echen a la persona del terreno”, señaló Schargrodsky, algo que en las sucesiones pierde relevancia. Por otro lado, una de las debilidades del sistema que identifica es que muchas veces el Estado ayuda a regularizar los terrenos la primera vez, pero después no lo hace con los cambios de titularidad.

Desde el momento de la primera ocupación, Solano creció de manera exponencial. Se fueron sumando nuevos barrios y algunos no tienen más que siete u ocho años. El modelo de ocupación no es necesariamente el mismo que se originó en Solano, con una fuerte presencia de la Iglesia y una organización social aceitada.

Las ocupaciones actuales en el Gran Buenos Aires en muchos casos son más parecidas a un mercado, aunque informal, en el que una persona identifica un terreno a ocupar y luego lo subdivide y vende los lotes a quienes lo necesitan, de acuerdo con un informe del CELS. Una de la consecuencias de esta lógica, agrega el informe, es que no se reservan lugares para la construcción de espacios comunes o para la infraestructura básica, ya que se venden la mayor cantidad de lotes posibles. Pero más allá de las formas en las que se hacen las ocupaciones, el problema de fondo es el mismo: no tener dónde vivir.

Se necesitarían alrededor de 280 mil nuevas viviendas en los partidos del Conurbano.

Se estima que en los partidos del Conurbano bonaerense el 45% de las viviendas tiene algún tipo de déficit, es decir hay 1.254.247 casas con problemas. Estos pueden ir desde viviendas que necesitan una ampliación o algunas mejoras puntuales, hasta viviendas que son irrecuperables por la mala calidad de la construcción o casos en que diferentes familias viven juntas por la falta de vivienda propia. Se necesitarían alrededor de 280 mil nuevas viviendas en los partidos del Conurbano, de acuerdo con el análisis de María Mercedes Di Virgilio y María Carla Rodríguez de los datos de la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social, realizada en 2015.

En el Gran Buenos Aires, considerando hasta el tercer cordón, según el relevamiento del Registro Público de Villas y Asentamientos Precarios, hay 1.291 barrios populares, de los cuales 671 son asentamientos (el resto son villas u otro tipos de barrios), en los que viven 163 mil familias. En Quilmes se identificaron 35 asentamientos precarios, en los que viven 11 mil familias y 51 en Almirante Brown, que alojan a 10 mil familias.

Del total de barrios identificados en 2015, 144 de estos barrios populares surgieron desde 2010, de acuerdo con el procesamiento de la información realizada por el Observatorio del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento. La falta de vivienda es un problema que sigue vigente. “Yo estuve alquilando un tiempo, me fui a vivir a otro asentamiento después, una toma en Varela, y después volví acá -cuenta Palomo que ahora vive con sus padres en Solano-. Para los que venimos de los sectores más pobres las alternativas son una toma de tierra, ir a parar a una villa o edificar encima de la casa de tus viejos”, concluye.

Foto de Becquer Casaballe y Gabriel Levinas, publicadas en el nº 10 de El Porteño, octubre 1982.

Este artículo se realizó gracias al apoyo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y el Lincoln Institute of Land Policy.

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