en Investigación

Por qué la transformación del RENAR en la ANMAC esconde una trampa y qué pasó para que el Plan de Desarme no sea hoy prioridad de los diputados en el Congreso de la Nación. Esto sucede a pesar de que la inseguridad está al tope de las preocupaciones de los argentinos.

 

Es la mañana del 12 de agosto y la planta siderúrgica de Tenaris Siderca, en la localidad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, se convierte en el escenario de una ceremonia infrecuente. Al lado de una montaña de chatarra (donde relucen las chapas retorcidas de lo que alguna vez fueron automóviles y camiones) y no muy lejos de un gigantesco horno fundidor, el escuadrón Alacrán, grupo de élite de la Gendarmería Nacional, custodia 33 cajones de madera barata. Los soldados -que cargan ametralladoras, visten chalecos antibala y llevan el rostro cubierto- miran de reojo la llegada del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; y de una comitiva que incluye a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; al secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco; a la directora de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), Natalia Gambaro; además de capitanes, comisarios y autoridades de distintas fuerzas de seguridad.

Es una mañana ventosa y no hay más de dos o tres periodistas en la siderurgia, pero buena parte de la plana mayor de los responsables de la seguridad del país se han reunido aquí, a 65 kilómetros de la Casa de Gobierno, porque los 33 cajones de madera contienen un botín preciado de 25 mil pistolas, revólveres, escopetas y ametralladoras. Este arsenal llegó desde el depósito de armas más grande del país -el Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC)-, y está a punto de ser destruido. Es, a fin de cuentas, una ceremonia infrecuente para contribuir con el exorcismo de un viejo mal: la violencia armada.

Entre los funcionarios y los capitanes se pasea también un hombre de gesto serio, que lleva unos papeles y unas carpetas bajo el brazo. No viste uniforme, pero los estatales se acercan a él para saludarlo y escucharlo. Es Adrián Marcenac. Su hijo Alfredo fue asesinado el 6 de julio de 2006, cuando iba caminando por la avenida Cabildo con dos amigos y sin aviso ni explicación recibió tres disparos a mansalva. Diez o quince metros más allá, un joven llamado Martín Ríos había vaciado el cargador de su pistola Bersa Thunder calibre .380 sobre la gente que pasaba. Otras seis personas resultaron heridas. Alfredo Marcenac, que había nacido en Necochea y cursaba su primer año de la carrera de kinesiología, tenía 18 años.

Gracias a la militancia por el desarme se destruyeron 300 mil armas. Entre 1992 y 2002, sólo 40 mil.

Desde entonces, Adrián Marcenac, su padre, cambió de vida: dejó de ser un anónimo ingeniero agrónomo y creó la Asociación Civil Alfredo Marcenac, impulsó una cátedra abierta en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires -que creció hacia una Diplomatura-, presidió la Red Argentina para el Desarme y se convirtió en una suerte de fiscal de a pie que denuncia incansablemente el descontrol de las armas de fuego. Su presencia al lado de las 33 cajas repletas de pistolas y escopetas no es casual: después del asesinato de su hijo, y gracias a la militancia por el desarme de gente como él, se destruyeron 300 mil armas. Antes, entre 1992 y 2002, sólo 40 mil habían pasado por el molino triturador.

Detrás de cada arma hay quizás una muerte que se evita -dice Marcenac-. Por eso la destrucción es un acto que me conmueve profundamente. Siempre que pude, acompañé este tipo de eventos”.

Justo entonces, una grúa comienza a levantar una por una las 33 cajas de madera y a colocarlas en la cinta transportadora. Las pistolas y los revólveres, las escopetas y las ametralladoras pasan por el molino: el ruido de su pulverización se oye como un estruendo continuado. Un rato después salen hacia otra cinta en forma de partículas pequeñas. No miden más de una pulgada. Los funcionarios observan el paso de la chatarra en busca de alguna pieza entera, y después un imán separa el hierro de la madera y del plástico que alguna vez tuvieron las armas. El proceso lleva una hora. Por fin, el hierro entra en los hornos y el calor infernal transforma la chatarra en materia prima para la fabricación de acero.

De las 25 mil armas se obtienen doce toneladas de acero aleado, un acero de calidad inferior que no se puede utilizar en grandes cantidades para la producción del acero último: en su viaje final, las armas pierden su oscuro aura y su valor monetario. Desaparecen como polvo entre las llamas. Las autoridades de la ANMAC esperan repetir esta ceremonia al menos dos veces cada año.

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Sin embargo, el control de los gatillos en la Argentina sigue siendo una pregunta abierta. La cuestión se ha convertido casi en un tabú: el debate se empantana porque para evaluar su realidad y para ordenar la destrucción de pistolas y rifles hace falta un conocimiento del campo y una libertad de acción que no existen o no están lo suficientemente articulados, y que definitivamente no están a un alcance sencillo de un ciudadano cualquiera que se interese en el tema.

En 2007, justo cuando comenzó a discutirse públicamente un plan de desarme civil, el Registro Nacional de Armas (RENAR) dejó de publicar estadísticas sin dar ninguna explicación, y los números fueron escatimados durante casi una década. Recién ahora la ANMAC ofrece nuevos datos públicos: hay 1.541.497 armas registradas en la Argentina; 979.508 usuarios registrados; cuatro fábricas de armas (entre las que sobresale Bersa SA); 74.983 armas fabricadas entre enero y agosto de 2016; 13.940 armas importadas en el mismo período; y 45.836 armas exportadas, también en este período. La propia Agencia estima que en el mercado negro hay otro millón y medio de armas. Evaluaciones del sector civil, que hay cuatro millones. Es casi absoluto el paso de blanco a negro: la gran mayoría de las armas son fabricadas legalmente y en algún momento de su vida útil evaden el control del Estado. La ANMAC tiene apenas 20 inspectores para registrar 14 mil objetivos a lo largo del país, entre los que hay fábricas de armas, armerías, depósitos de armas y de explosivos, cotos de caza, recintos y vehículos blindados, explosiones de minería, perforaciones petroleras y usuarios individuales.

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Mientras tanto, hay otro dato ineludible: la cantidad de muertos por armas de fuego en la Argentina. Según los últimos recuentos del Ministerio de Salud de la Nación, en 2014 cayeron 2.981 personas; es decir, ocho por día.

El informe “Violencia y Seguridad Ciudadana en Argentina: Alcance, Evolución, Causas y Políticas en el Tema”, firmado por Diego Fleitas, sociólogo y abogado, actual director de Investigación y Diseño de Políticas de Seguridad en el Ministerio de Seguridad, dice que entre 1997 y 2013 ocurrieron 51.674 muertes con armas de fuego: 38.002 homicidios y 13.672 suicidios. Esto da un promedio de 6,5 asesinatos por día. En 2013, el 71,1% de los homicidios habían sido cometidos con armas de fuego. Según un estudio de la Universidad Nacional de Lanús, esto es más que los fallecimientos que provocaron el SIDA, la tuberculosis, la leucemia o la meningitis.

Fleitas citó que, en los homicidios en ocasión de robo, la portación de armas de parte de las víctimas puede agravar el resultado. Un informe basado en expedientes judiciales en la ciudad de Buenos Aires señala en 2002 que un 43% de las víctimas estaban armadas. Otro trabajo dice que un 81% de los policías que se resistieron a un robo estando fuera de servicio han sido asesinados.

“En homicidios en ocasión de robo la portación de armas por parte de las víctimas puede agravar el resultado”.

Los suicidios se llevan a cabo con armas en un porcentaje bajo: un 17,1% de los suicidas las usaron en 2013. Sin embargo, según Fleitas, “la presencia de armas de fuego en el hogar es considerado un factor de riesgo para los suicidios, en particular los de tipo impulsivo”.

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En el último año hubo un capítulo que cambió decisivamente el panorama de las armas de fuego en la Argentina: la transformación del antiguo Registro Nacional de Armas en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

En su debut, la nueva Agencia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, tiene el objetivo prioritario de la destrucción de armas. Cuando asumieron, sus autoridades se dedicaron a hacer un inventario de las armas resguardadas en los principales depósitos del país, un ordenamiento de los oficios sin responder y un desmalezamiento de la burocracia pantanosa. A diferencia de lo que hacía el RENAR, la meta de la ANMAC es ir a buscar las armas en las provincias, sistematizar su registro y eliminarlas. A esto se suma, además, una nueva etapa del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego -conocido también como “Plan de Desarme”-, que acaba de ser votado en el Congreso nacional (por más que su web, por ahora, no dé noticias de ello).

 

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Sin embargo, el camino no es tan fácil de allanar. La nueva Agencia -cuya creación fue discutida dos veces en el Congreso y concretada en octubre de 2015- aún no pudo resolver algunos de los problemas que vienen de los tiempos del RENAR, un organismo que surgió con la Ley Nacional de Armas y Explosivos en 1973, y que con el paso de los años resultó viciado por la falta de control, las sospechas de corrupción y la informalidad. Es más, el RENAR todavía mantiene online su dirección web e incluso sobrevive en los membretes y los letreros del edificio de la ANMAC, que no han sido reemplazados. La burocracia, arraigada en su etimología, es un poder vivo.

El asunto que preocupa a quienes desde la sociedad civil han estado pidiendo por el fin del RENAR es la administración de las finanzas de la nueva Agencia. Desde 1992, el dinero del RENAR estaba manejado por un ente cooperador a cargo de la Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca (Aicacyp), una institución civil que reúne a los fabricantes de armas. La Aicacyp, que representaba justamente a este sector que debía ser controlado por el RENAR, se encargaba de pagar el sueldo de unas 400 personas, que eran cerca del 80% de los empleados del Registro. En la última etapa, además había unos 25 empleados de planta permanente del Estado y unos 50 con contrato temporal. “El RENAR nunca se dedicó al control: lo único que le interesaba era el negocio”, dice Adrián Marcenac unos días después de la destrucción de las 25 mil armas en la siderúrgica. “Nadie quería achicar el mercado de armas”.

El punto de la administración de la financiación fue uno de los más discutidos en el Congreso, en los debates acerca de la creación de la nueva Agencia. La ley de creación de la ANMAC -número 27.192- establece que el Estado destinará una partida para su presupuesto, pero, con una redacción ambigua, hace lugar a otros ingresos. En su capítulo III, “De los recursos”, la ley establece que la Agencia se nutrirá de “partidas presupuestarias asignadas por la ley de presupuesto o leyes especiales”; “partidas presupuestarias […] derivadas de las tasas, aranceles, contribuciones, multas y otros servicios administrativos provenientes de su actuación”; “donaciones, contribuciones, subsidios, aportes no reembolsables”; y “todo otro ingreso no previsto en los incisos anteriores, compatible con la naturaleza y finalidades del organismo”.

Amparada en este texto, desde enero de 2016 la ANMAC tiene, según se indicó a Chequeado desde la Jefatura del organismo, una financiación que se da con el pago de las estampillas y las tasas de los trámites; pero también con el dinero de una recaudación ahora administrada por un ente cooperador que ya no es el de Aicacyp, sino el de la Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina (ACARA). Esta última organización cumple tareas para el Registro de la Propiedad del Automotor, pero ya en tiempos del RENAR pagaba los sueldos de unos 25 empleados del organismo.

“Sacaron del RENAR a la Aicacyp, hicieron un lavado de cara y pusieron en la ANMAC a ACARA”

El fundamento para traer a ACARA es la ley número 23.412, que habilita a cualquier organismo del Estado a firmar convenios con entes cooperadores privados. Además, ACARA tiene una participación institucionalizada en el Ministerio de Justicia desde hace varios años. “Sacaron del RENAR a la Aicacyp, hicieron un lavado de cara y pusieron en la ANMAC a ACARA”, dice Marcenac, y agrega: “Es legal, pero inmoral”.

Una fuente calificada del sector de la industria de armas, que pidió reserva de identidad, negó ante Chequeado que Aicacyp haya puesto dinero propio para pagar los sueldos o para otro fin en el RENAR, y aseguró que en 24 años de gestión, Aicacyp no recibió ninguna denuncia por corrupción o mala administración de los ingresos. Según la fuente, el ente cooperador administrado por Aicacyp no decidía nada y no contrataba gente; sólo cumplía lo que el Registro le ordenaba. La fuente cree que Aicacyp salió perdiendo con la reforma actual y que, como ahora la ANMAC tiene más empleados a cargo y menos dinero recaudado en tasas, el Estado tiene que suplir los gastos.

Para Aldana Romano, la directora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que integra la Red Argentina para el Desarme, “el problema es que, sea con Aicacyp o con ACARA, la administración de estos recursos del Estado sigue en manos de un privado que percibe un porcentaje por hacer el trabajo y que no está interesado en restringir la venta y proliferación de armas”.

Por otro lado, la ley de creación de la ANMAC establece el paso de los empleados de la Agencia al Estado bajo la Ley marco de Regulación de Empleo Público Nacional y la de Convenciones Colectivas de Trabajo. Pero los sueldos de los empleados de la Agencia todavía son administrados, en su mayor parte, por el ente cooperador, como se puede leer en recibos de haberes de los empleados.

Recibos de empleados del RENAR y la ANMAC.

Una vocera de la ANMAC confirmó a Chequeado que Aicacyp administraba el pago de la mayor parte de los sueldos del RENAR, pero dijo que ahora el mecanismo cambió: “Los sueldos se pagan con la recaudación de las tasas y también con partidas del Ministerio de Justicia”. Además, aseguró que “la ley se está implementando”.

Sin embargo, la Red Argentina para el Desarme señala que los empleados son contratados de un ente privado (ahora, ACARA) y que, como en ninguna partida presupuestaria estatal dice “ANMAC”, la ley no se cumple.

La Agencia y ACARA firmaron un convenio el 12 de julio pasado: una alianza anunciada en principio para un período breve, hasta que los empleados de la Agencia pudieran pasar al Estado. Pero el texto definitivo establece que el plazo del acuerdo es de seis años y que luego será “prorrogado automáticamente por otro período igual y así sucesivamente”. Esto lleva a la Red Argentina de Desarme -que luego de las reuniones que ha mantenido por este tema con la ANMAC y con el Ministerio de Justicia estimó que el convenio no debía prolongarse por más de un año- a estar hoy en “estado de alerta” y a pedir que el Estado controle, administre y pague los sueldos de la Agencia, y no un ente cooperador.

Convenio de cooperación entre el Ministerio de Justicia y la ACARA.

Al funcionar como cuerpos autárquicos y autónomos, los registros como el RENAR han sido más dinámicos que las dependencias directas del Estado y escapan a controles e inspecciones de la Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura General de la Nación. “Los registros se manejan a discreción: pueden nombrar personal afín a la política del momento, sin concurso ni antecedentes”, explica Adrián Marcenac.

Un ejemplo sencillo ocurrió en diciembre de 2011, cuando Matías Molle reemplazó a Andrés Meiszner en la dirección del RENAR. Molle era gerente de Control de Procesos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) e integrante del Consejo Asesor del Programa Conectar Igualdad, pero, principalmente, era uno de los cuadros más activos de La Cámpora; por su parte, Meiszner era el hijo de José Luis Meiszner, un ex presidente del club Quilmes, de vínculo fluido con Aníbal Fernández, por entonces senador y presidente de Quilmes.

“Durante años nadie quiso tocar al RENAR, pero no porque manejara un monto grande de dinero sino porque su transformación sentaba un antecedente”, sigue Marcenac. “El RENAR tenía $40 millones por año, pero el Registro del Automotor unos $1.000 millones, y el kirchnerismo no quería perder esas cajas. Cuando en 2015 el Gobierno cayó en las PASO y vio que perdería las elecciones generales, entonces sí aceptó crear la ANMAC y obtener el rédito político del cambio que veníamos pidiendo desde hacía diez años”.

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El momento actual del debate en torno al control de las armas de fuego tiene su origen en 2006, cuando Alfredo Marcenac fue asesinado mientras caminaba por el barrio de Belgrano. El adolescente fue baleado por un usuario legítimo de armas, con una credencial validada por el RENAR y una pistola semiautomática registrada y numerada.

El estupor social que sobrevino con el descubrimiento de que el Estado ponía armas en manos de cualquiera que las pidiera dio paso a una profunda discusión. La presión de las víctimas y de la sociedad civil empujó al gobierno de Néstor Kirchner a enviar al Congreso un proyecto de ley de desarme. Luego, con un acto en la Municipalidad de Necochea -la ciudad de Alfredo Marcenac-, se lanzó el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, decretado en un marco de Emergencia Nacional de Armas de Fuego. Se trataba de la entrega anónima de armas a cambio de una suma de dinero, de alrededor de 1.000 pesos. Desde 2007, el Programa recolectó 175.678 unidades no registradas (con unas 120 mil en el primer año) y se convirtió en un hito en la historia de las armas en la Argentina.

 

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Romano, de Inecip, recuerda que cuando se hacían encuestas en los centros de recepción de armas, en el contexto del Plan de Desarme, se le preguntaba a la gente por qué se había comprado un arma: el público respondía que por seguridad, y que por seguridad ahora la entregaba. “El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego fue muy exitoso en su primera etapa, fue premiado por las Naciones Unidas y siguió un modelo probado en todo el mundo”, dice Romano.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) ve con buenos ojos el Plan de Desarme. “Desde los años 2000, la sociedad civil venía luchando para que en la Argentina se implementara un programa de entrega voluntaria de armas, pero lamentablemente tuvo que ocurrir la muerte de Alfredo Marcenac para que se tome conciencia política de la importancia que tiene un programa como este”, dice Lucía Gómez Consoli, la coordinadora para América Latina y el Caribe del Programa Global de Armas de UNODC. “La Argentina viene realizando políticas tendientes a un control más serio de armas. Por supuesto, hay mucho camino por recorrer, pero el país ha ratificado el Protocolo sobre Armas de Fuego de la ONU, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Tratado sobre el Comercio de Armas: hay decisión y voluntad política de continuar trabajando en este sentido”.

La Red Argentina para el Desarme, que fue fundada en 2004 por siete organizaciones de la sociedad civil, trabajó entonces sobre el riesgo que implicaba tener un arma de fuego. “El Programa ayudó a tomar conciencia, pero debía ser acompañado por políticas de control estratégicas, si no era como un espejito de colores”, dice Romano. “Al principio, estuvo sujeto a una ley de emergencia que duró una cierta cantidad de tiempo y que dio facilidades para erogación de gastos presupuestarios, pero para seguir activo debe ser renovado cada año”.

El Plan de Desarme fue prorrogado con nueves meses de retraso, a pesar de que la inseguridad está al tope de los problemas.

Desde 2007, el Plan de Desarme fue continuado gracias a las prórrogas que votó el Congreso. La nueva prórroga -para el período que va del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017- fue aprobada el 28 de septiembre pasado y se publicó en el Boletín Oficial el lunes último. Con nueve meses de retraso, a pesar de que la inseguridad vuelve a ser uno de los problemas que más preocupan a los argentinos: en el conurbano bonaerense, por ejemplo, dos de cada tres habitantes siente que puede ser víctima de un delito, según una encuesta reciente de Poliarquía.

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En junio de 2016, dos meses antes de que Adrián Marcenac asistiera a la destrucción de las armas en la siderúrgica, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó un fallo que absolvió al asesino de su hijo por segunda vez. Lo consideró de nuevo inimputable. Así, la Sala III rechazó la apelación que Marcenac había presentado a la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal número 26, que en julio de 2014 absolvió a Martín Ríos, el autor de los disparos. Después de diez años -que fueron los mismos diez años en los que el país debatió el desarme y en los que Marcenac se transformó en un referente del tema-, el juicio había concluido.

 

Alfredo Marcenac, asesinado en 2006 por Martín Ríos, alias “el tirador de Belgrano”, un usuario legítimo de armas. Foto: Chequeado.

Las cosas eran muy diferentes una década atrás. Martín Ríos, que asesinó al joven Marcenac, había recibido en 2005, un año antes del crimen, un certificado del médico traumatólogo Mark Theis Garrett, en el que se declaraba que estaba apto física y psíquicamente para usar un arma de fuego. Tiempo atrás, en el año 2000, Ríos había presentado ante el RENAR un informe en el que otro médico recomendaba para él un test psicológico, que nunca se hizo. Ya entonces sufría de esquizofrenia.

El crimen fue su acto final. Primero, el 19 de junio de 2005, Ríos había conducido su bicicleta hacia un colectivo de la línea 67 y cuando lo tuvo cerca sacó su pistola y disparó. El autobús, fuera de control, chocó contra unos autos estacionados. El chofer y un pasajero, que recibieron los balazos, nunca pudieron explicar qué pasó. Un año más tarde, Ríos volvió a salir con la bicicleta y la pistola. Pedaleó sin alejarse demasiado del semipiso de Belgrano en el que vivía y se detuvo ante la vidriera de un bar, donde hizo fuego. En medio del ruido atronador vio a una parejita de novios adolescentes, alucinados por el terror de sus quince balazos. Unos días después fijó su objetivo en un tren que cruzaba el puente de Elcano. Gatilló y se perdió en la noche. Luego fue Marcenac.

La historia de Ríos incluyó dos juicios orales y la participación de unos 30 peritos psiquiatras, psicólogos y médicos. La mayoría coincidió en que el antiguo usuario de la Bersa Thunder no entendía la criminalidad de sus actos.

Considerado como “peligroso para sí mismo y para terceros”, Ríos está internado en el área neuropsiquiátrica del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Comparte pabellón con José López, el ex secretario de Obras Públicas de los gobiernos kirchneristas. Durante varios años, Ríos conoció, también, la Unidad 20 del Servicio Penitenciario Federal, situada en el hospital Borda.

Ahora tiene 38 años y el rostro de un hombre gordo y envejecido, con el pelo un poco gris y una expresión floja de mirada plácida y perdida. Su cara sólo se conoce por algunas fotos, pocas, tomadas desde lejos. Nunca dio una entrevista periodística. Más que eso: jamás declaró en los juicios. “Anda en su mundo: le dan la terapia y la medicación a horario, va a la huerta y hace algunas cosas, pero es una persona inestable y su enfermedad no se cura”, dice su abogado, Ángel Ramallo. “No declaró por consejo de la defensa”, agrega.

El abogado conoció a su cliente en 2004, antes del homicidio de Marcenac, cuando lo defendió por tenencia de drogas, y por llevar el arma que luego dispararía en la avenida Cabildo. Ríos había sido detenido en el barrio de Villa Urquiza, una noche en la que se había quedado tomando cerveza y fumando marihuana junto a sus amigos, en un auto donde, en la guantera, ocultaba la Bersa Thunder. Una medida educativa resolvió el delito de la droga. Como la pistola estaba a su nombre, finalmente no fue acusado. Se la había regalado su padre, un piloto de Aerolíneas Argentinas que gustaba del tiro. “A veces los padres son negadores de las enfermedades de los hijos y quieren lo mejor para ellos”, dice el abogado Ramallo. “El padre quería que su hijo fuera un tirador normal”.

Ríos le dedicaba todo su tiempo a los hobbies. Primero fueron las estampillas, luego los reptiles y los peces, y al final las armas. Se pasaba el día metido en su casa. “De una familia disfuncional donde el padre es un tirano y la madre es una borderline, ¿qué puede salir?”, dice el abogado Ramallo. “Martín Ríos era un enfermo”.

El primer juicio fue realizado en 2009 y un tribunal lo declaró inimputable, pero en 2010 una sala de Casación revocó parcialmente el fallo, pidió investigar la posible simulación y, aunque consideró probados los hechos, ordenó un nuevo debate. Que terminaría en una nueva inimputabilidad. “De verdad que Ríos no comprendía la criminalidad de sus actos: era lo mismo para él matar a un pajarito que a una persona”, dice su abogado.

Con el fallo reciente de la Sala III de la Casación Penal, las apelaciones terminaron. La familia Marcenac, que criticó a los jueces cada vez que declararon inimputable a Ríos, cree que en poco tiempo algún perito determinará que el asesino de su hijo está en sus casillas y un juez dictará su salida a un régimen semiabierto. Supone que algún día volverá a la calle, y que volverá a matar.

“No, nunca va a salir”, dice en cambio su abogado. “La esquizofrenia no se cura y ya hay una insania firme”.

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La larga discusión que siguió al crimen de Marcenac comenzó en torno a la entrega de licencias de parte del RENAR, pero rápidamente aportó a una vieja causa y derivó en la necesidad de la eliminación del arsenal disperso en manos civiles. Por eso la nueva Agencia ha sido dotada con algunas funciones importantes que no tenía el RENAR: la implementación de políticas de desarme y la responsabilidad exclusiva en la eliminación de las armas.

“Estamos tratando de realizar un ordenamiento en los poderes judiciales para que entiendan esta nueva función”, dice a Chequeado Natalia Gambaro, que desde diciembre de 2015 es la directora de la Agencia. Gambaro, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2009 y 2013 de la mano de Francisco de Narváez, es la primera mujer al frente del organismo controlador de armas.

“La comunicación con los poderes judiciales siempre es complicada porque cada uno tiene sus dinámicas y están acostumbrados a moverse de manera independiente”, sigue. Las provincias reconocen una situación de colapso en sus depósitos de armas: Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Jujuy son las más afectadas, aunque no hay una cifra certera que indique cuántas armas tienen. El Banmac, el depósito de la ANMAC que está a disposición de todo el país, tiene capacidad para guardar unas 100 mil pistolas, aparte de municiones y pirotecnia.

El Poder Judicial encuentra hoy una concentración inusual de armas pesadas en manos de delincuentes.

Históricamente, los depósitos judiciales han sido una zona porosa por donde desaparecen las armas, pero incluso así, no se sabe exactamente cuántas armas hay en esos lugares a lo largo del país. También de los cuarteles militares y de las comisarías desaparecen armas. Según una nota reciente de Infobae, el Poder Judicial encuentra hoy una concentración inusual de armas pesadas en manos de delincuentes y la Policía Federal, que en 2015 secuestró 30 armas largas, lleva incautadas 70 este año. Hace dos años, un misil Tow 2, con capacidad para perforar vehículos blindados, fue robado del Escuadrón de Caballería Blindado número 1 del Ejército, situado en el barrio de Arana, en La Plata. Fue el auge de este tipo de episodios.

“Sólo nos podemos enterar de un robo cuando aparece una causa judicial y se nos hace la consulta respecto del número de serie [de un arma], con lo cual la estadística no es unificada”, dice Gambaro. “Tampoco hay causas iniciadas, de las que tengamos conocimiento, diferentes a la del robo que hubo aquí mismo, en este edificio, en 2012, cuando se llevaron entre 120 y 200 armas. Hay un robo hormiga que pasa desapercibido y que se detecta sólo en caso de que haya un delito cometido con esa arma o en caso de que sea necesario llevarla como efecto a un juicio oral”.

La Corte Suprema bonaerense pidió a los departamentos judiciales que informaran la cantidad de armas en sus depósitos. Nunca lo hicieron.

La disposición final para la destrucción de las armas está en poder de los jueces. El almacenamiento se da en los juzgados, en los depósitos generales dentro de los edificios del Poder Judicial en las provincias, en las oficinas del Ministerio Público o en depósitos especiales como el Banmac y sus similares en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Córdoba. Un arma puede estar en un depósito pocos meses o varios años. En 2009, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires pidió con una acordada a todos los departamentos judiciales que informaran la cantidad de armas secuestradas en sus depósitos. Nunca lo hicieron.

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Pero mientras la nueva Agencia se dedica vistosamente a destruir miles de armas, nadie puede explicar por qué la prórroga del Plan de Desarme quedó atrapada nueve meses en la Cámara de Diputados, una dilación que es un síntoma incómodo de este problema argentino y que abre un interrogante sobre el futuro y el interés del Plan.

La senadora Sigrid Kunath (Frente Para la Victoria), presidenta de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara alta, presentó el proyecto de la ley número 27.286 -para prorrogar el Plan- en julio de 2015, y en octubre de 2015 logró su aprobación en el Senado. “Lo presenté en julio justamente para evitar que, por la falta de una ley, el Programa se suspendiera”, dice Kunath. “Como autora de la iniciativa, obviamente que me hubiera gustado una pronta aprobación. No conozco las razones que motivaron la demora en la Cámara de Diputados”.

Frente a esta situación, Kunath presentó después otro proyecto de ley que propone establecer la permanencia del Programa en el tiempo, “para no depender de distintas prórrogas”, según explica. Este proyecto obtuvo la media sanción del Senado el 8 de junio pasado.

La diputada Alicia Ciciliani (Partido Socialista) es la autora de un proyecto de transformación del RENAR que sirvió como base de la ley de la ANMAC, la que finalmente fue presentada a fines de 2015 en la Cámara de Diputados por el entonces secretario general de la Presidencia, Eduardo “Wado” de Pedro. Ciciliani tampoco sabe por qué la prórroga del Plan de Desarme tardó tanto en ser aprobada. “Hay una agenda que se acuerda entre los bloques mayoritarios de las Cámaras y el Poder Ejecutivo; así es la dinámica legislativa, y no puso a esta prórroga en prioridad”, dice. “Debe ser que no la consideran como tema prioritario en la agenda pública”.

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Mientras tanto, la Red Argentina para el Desarme solicitó el pasado jueves 6 de octubre una reunión de urgencia con el ministro de Justicia, Germán Garavano, para preguntarle por qué la transición de ACARA en la nueva Agencia de armas durará seis años.

La carta que le enviaron dice que la ley de fundación de la ANMAC fue sancionada en octubre de 2015, pero que sigue pendiente su reglamentación. “Nos llama la atención la exclusión de la partida presupuestaria para el ANMAC del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016, presentado recientemente ante el Congreso de la Nación”, se lee allí.

El ministro Germán Garavano, al cierre de esta nota, no había respondido.

“Sin controles, el sistema es buenísimo para todos, menos para la sociedad”

Días más tarde, el miércoles 12 de octubre, la Red Argentina para el Desarme emitió un comunicado público sobre esta situación, con el título de “ANMAC – Una estafa legal – Grave retroceso en el control de armas de fuego”.

Quizás Adrián Marcenac tenía razón cuando, unos días después de la fundición de esas miles de armas en el horno siderúrgico, mantenía una amargura de origen ya muy lejano. “Los controles son caros y nadie quiere implementarlos”, dijo. “Sin controles, el sistema es buenísimo para todos, menos para la sociedad”.

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12 Comentarios

  1. El tema armas tiene sencilla solución, pero por algún motivo nadie quiere implementarlo, no creo que sea por ignorancia, tal vez si por negligencia, pero es sumamente sencillo: todo aquel que porte armas ilegales tendrá una pena de diez años de reclusión, si la saca y dispara al aire aumenta la pena a quince años, si hiere a alguien llega a veinte, y si mata perpetua. Los LU, deben disparar como minimo dos veces al año 50 cartuchos, y si dejan de hacerlo por dos períodos pierden la categoria de LU, de ese modo en menos de un año el problema se corrige solo

  2. ME PARECE LAMENTABLE QUE , POR EL CASO MARCENAC SE CASTIGUE AQUELLAS PERSONAS , QUE QUIEREN TENER ARMAS DE FUEGO ,SEAN DEPORTIVAS O PARA DEFENSA , CON ESE CRITERIO TAN BÁSICO EL REGISTRO DE CONDUCIR DEBERÍA SER OTORGADO A AQUELLAS PERSONAS QUE PRUEBEN FEHACIENTE MENTE UN EQUILIBRIO MENTAL Y RENDIR EXAMEN EN PISTAS DE MANEJO (AUTODROMOS) ,YA QUE CAUSA IGUAL O MAS MUERTES QUE LAS ARMAS DE FUEGO , LAS ARMAS ILEGALES NO PROVIENEN DE L.U. ENTRAN DE CONTRABANDO ,PARAGUAY ,BRASIL , ADEMAS TENER INSTRUCCIÓN DE ARMAS ES APRENDER A DEFENDER A LA PATRIA ,ASÍ REZABAN LOS CARTELES EN LOS POLÍGONOS DE TIRO ANTIGUAMENTE , Y RESULTA AUTORITARIO PRETENDER EL DESARME DE LAS PERSONAS DECENTES , CUANDO LA CONSTITUCIÓN NACIONAL LO AMPARA EN ARMARSE EN DEFENSA DE LA PATRIA , EL PUEBLO TIENE DERECHO A DEFENDER SU HOGAR Y PRACTICAR TODO DEPORTE LICITO , Y MAS AUTORITARIO RESULTA IMPONER ALGO QUE A UNA MINORÍA NO LE GUSTE LA CAZA Y EL TIRO DEPORTIVO ,, CON ESTO QUIERO DECIR QUE CERCENAR LIBERTADES NOS ALEJA DE LA SOLUCIÓN.-

  3. Es un tema de mucha discusión.. sostengo que el desarme no soluciona nada. Y maS aún si la entrega es sin reconocimiento de la procedencia del material.. puedo matar a alguien,, e ir a entregar el arma y chau problema porque desaparece el arma de forma legal.. no lo veo bien.. los delitos se cometen con o sin armas de fuego.. y la mayoría de los delitos con armas sin papeles.. si alguien quiere desprenderse de un arma de fuego,, cosa que no está mal,, debería justificar la procedencia… sostengo que los trámites de las armas deben ser más accesibles monetariamente, para lograr registrar más armas y poder tener control sobre ellas.. si deben ser más estrictos con los certificados de idoneidad.. y sobre todo psicofísicos… las armas de fuego no hacen daño. Lo hace quien está detrás de las mismas… daño pueden hacer con un vehículo, con un martillo. Con una motocierra etc…
    Que busquen un mejor control,, y la implementación de leyes más severas para quien no cumpla con las reglamentaciones… no se.. es mi humilde opinión, como legítimo usuario. Tirador y cazador. Nací entre las armas, y me dejaron usarlas cuando cumplí la mayoría de edad y pude tener la credencial de legítimo usuario.. previo a eso. Años de buenas enseñanzas no sólo en la materia. Sino como persona de bien.

  4. La destrucción de armas de fuego no sirve para nada. Quien quiera cometer un ilícito siempre conseguirá alguna en el mercado ilegal. En las villas, por ejemplo, donde no llegan ni los funcionarios que gustan tomarse fotos destruyendo armas ni Marcenac, quien cree que hace patria desarmando a la población. En países con funcionarios idóneos, las armas de fuego se rematan entre usuarios legales para así obtener fondos aplicables a la compra de elementos para policías y agencias de seguridad oficiales. Tuve un profesor que decía “la primera reacción del tarado es romper”, que bien les va a muchos funcionarios. Pero aquí lo grave es que se busca que la población civil esté a merced del delincuente. Destruir armas es una pérdida enorme de recursos para el país y puro relato de políticos inútiles. El delincuente siempre conseguirá un arma de fuego o blanca para cometer sus crímenes. Esas armas que destruyeron podrían haber salvado muchas vidas en manos legales.

  5. FACILITANDO LO TRAMITES DE REGISTRO,, SE TENDRA MAS CONTROL,…SERAN MAS ARMAS.. SI….PERO SE SABRAN QUIENES LAS TIENEN Y QUIENES SUS DUEÑOS,POSIBLITANDO A LA POLICIA LOCAL DE CADA SECCIONAL EL PODER INCURSIONAR, Y REVISIONAR SI CADA ARMA DEL USUARIO DE ESA LOCALIDAD , ESTA EN REGLA.Y SI SU DUEÑO TIENE O HA TENIDO ALGUN PROCESO ILEGAL.POSTERIOR A SU TENENCIA..Y ASI PODER REQUISARLAS.–

    • Y las armas a los delincuentes, que son los asesinos y los que más poder de fuego poseen, con armas ilegales, ¿QUIEN LOS CONTROLA Y SE LAS QUITA?. Porque no se dejan de cazar en el Zoo, y van por las armas ilegales, allanando el camino a quién desea comprar un arma legalmente, sin tantos trámites burocráticos, Si el arma está registrada y el usuario comete un delito ya sabemos quien fué. Solo están haciendo lo mismo que los Kirchner, VENDER HUMO…. Sacárle las armas a quienes no delinquen ni tienen antecedentes, dejando armados a los delincuentes y asesinos. Que si matan a un Policía lo premian con 48hs. de cárcel, Pero si muere en un enfrentamiento con la Policía, Los Ratis como los llaman los tumberos, son procesados por homicidio, y llenan los titulares de los periódicos llamandolos “Gatillo Fácil”… Vivimos en un país hermoso, pero inundado de gente de mierda.

  6. Estimado Javier Sinay su reporte carece de un numero que es el mas interesante de todos y nadie menciona, cual es el porcentaje de delitos cometidos por Legítimos Usuarios de Armas? Bueno 0,02 % en su mayoría son casos de exceso en la legitima defensa, caratula que en países del primer mundo esta desapareciendo y primando el derecho de “mi casa mi castillo”
    El caso Mercenac ya provoco un cambio, deben realizarse exámenes psicológicos a todo aspirante a LU. Por otro lado omite la falta de aptitud de Gambaro para el cargo, tal cual fuere con el que ocupo también en “Felices los Niños” sumado al bochorno de la presunta licitación con Diesnt Consulting empresa monopólica relacionada con Moyano para la realización de exámenes psicofisicos a un desubicado y excesivo valor de $3500.
    Y el numero mas interesante CUANTO DISMINUYO LA VIOLENCIA CON EL PLAN DE DESARME???? NADA!!!!!

  7. Es una falacia decir que controlando las armas legales registradas se controla las muertes. Paises como Canadá o Australia ya lo probaron y no resultó. Un delincuente no entrega su arma, tampoco está registrada es decir nadie sabe donde está. Un terrorista no compra en armerias, compra en el mercado negro que no necesita papeles ni DNI. El control de armas y la idea de realizar armas es de gobierno totalitario marxista.

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