en Investigación

El hallazgo surge de la primera base de datos con denuncias de corrupción radicadas en la provincia que realizaron Chequeado y La Gaceta. El único caso que escapó a la regla de impunidad en la jurisdicción gobernada por el peronismo corresponde a funcionarios públicos de la jerarquía más baja.

 

La impunidad de los corruptos en Tucumán está respaldada en los datos. Sólo el 0,5% de las denuncias de corrupción con trascendencia pública presentadas en la Justicia provincial y federal registraron una condena firme durante los 13 años que siguieron a la supresión de la Fiscalía Anticorrupción en 2005. En términos concretos, una de 219. Y en el único caso que logró el estatus de cosa juzgada, los condenados encajan en la definición de “perejiles”: son “peces chicos” sin mayor espalda o cobertura política.

Al menos 195 de las 218 denuncias restantes originaron expedientes penales que siguen abiertos con escasos avances en general -en particular, sobresale el juicio oral de Miguel Ángel Brito, ex director de Arquitectura y Urbanismo provincial que comenzó en abril-: es el subconjunto que, debido a los pocos datos disponibles, presenta los mayores niveles de incertidumbre y, por añadidura, de probabilidades de impunidad. Las otras 23 que quedan derivaron en cuatro sobreseimientos; 12 archivos; cuatro declaraciones de incompetencia y una de prescripción, y dos condenas de ejecución condicional todavía en trámite de revisión.

Estos hallazgos se desprenden de una base de datos elaborada por Chequeado a partir de la revisión de más de 4.700 ediciones de La Gaceta de Tucumán, el cuarto diario de papel del país y el número uno del interior por sus cifras de circulación, y del cotejo de la información recolectada con otras fuentes judiciales. Se trata del primer archivo abierto especializado en denuncias de corrupción con trascendencia pública radicadas en Tucumán y de una de las iniciativas pioneras de esta temática en el país.

Aunque el número de procesos registrados en la base no comprende a aquellas causas que quizás existieron y no fueron divulgadas, el volumen de casos detectados (219) es alto si se considera que la auditoría del Consejo de la Magistratura de la Nación en la Justicia Federal arrojó un total de 2.178 expedientes por delitos contra la administración pública en trámite en todo el país entre 1996 y 2016, un período más amplio que el considerado para esta investigación en Tucumán.

El único caso de corrupción que escapó a la regla de impunidad vigente en la provincia corresponde a funcionarios públicos de la jerarquía más baja que, al momento de los hechos, trabajaban en una dependencia policial en la localidad de Raco. El proceso “Lebbos” (II), una causa emblemática porque durante sus 12 años de sustanciación precipitó las renuncias del ex fiscal Carlos Albaca y de su ex jefe, Luis De Mitri, implica al comisario Enrique Antonio García, y a los agentes Manuel Exequiel Yapura y Roberto Oscar Lencina: los tres policías fueron sometidos a un juicio oral y condenados en 2013 por su actuación respecto del hallazgo de los restos de Paulina Lebbos, joven asesinada en 2006.

La Justicia provincial consideró probado que García y Yapura habían cometido el delito de encubrimiento agravado mientras que Lencina recibió una condena por adulterar un acta. El veredicto de la Sala III de la Cámara Penal de San Miguel de Tucumán, uno de los tribunales con mayor prestigio del distrito, incluyó la orden de investigar a los superiores (el entonces secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella; el jefe de la Policía, Hugo Sánchez; el subjefe de la Policía, Nicolás Barrera, y Héctor Rubén Brito, jefe de la Regional Norte), quienes desde el 6 de febrero de 2018 son juzgados por el mismo tribunal en el ámbito de la causa principal “Lebbos”. En 2016, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán confirmó el fallo condenatorio respecto de los policías de Raco.

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Los únicos condenados por hechos de corrupción con sentencia firme: Roberto Oscar Lencina, Manuel Yapura y Enrique García (de izquierda a derecha) en el juicio oral. Crédito: Antonio Ferroni / La Gaceta.

En el otro extremo del supuesto excepcional del caso “Lebbos” (II) están las 29 denuncias que involucran a José Alperovich, ex gobernador (2003-2015) y senador nacional del Partido Justicialista. Es, por lejos, el funcionario tucumano más denunciado (¿y más salvado?) desde 2005. Ninguno de los procesos abiertos en su contra prosperó en los Tribunales ordinarios y federales de esta provincia. Por lo que se sabe, Alperovich ni siquiera llegó a prestar una declaración indagatoria en alguno de los procesos.

Sus denunciantes, sobre todo opositores, le atribuyeron la presunta comisión de delitos por el manejo irregular de fondos para obras públicas (como el megaemprendimiento de viviendas del Estado denominado “Lomas de Tafí”, los trabajos de pavimentación en Yerba Buena y los programas nacionales “Más Cerca” y “Fondo Soja”); para planes de alimentación destinados a ciudadanos vulnerables; para comprar el avión sanitario; para financiar ciudades y comunas del interior, y para operaciones financieras. Muchas de estas contrataciones cuestionadas fueron concretadas en forma directa y discrecional, sin licitación pública.

Alperovich es, por lejos, el funcionario tucumano más denunciado (¿y más salvado?) desde 2005.

Alperovich también acumula denuncias penales por hechos de clientelismo político y electoral: lo acusaron de haber organizado el traslado de militantes kirchneristas a los actos oficiales del 25 de mayo y del 9 de julio de 2006, y de haber repartido dádivas y prebendas mientras era gobernador. Otras veces le asignaron el presunto uso del patrimonio del Estado para su beneficio particular, o quisieron llevarlo a Tribunales para que explicara por qué había dicho a la prensa, por ejemplo, que algunos legisladores se habían enriquecido o que un grupo de opositores mantenía “ñoquis” con las arcas públicas. Tales rendiciones de cuentas nunca tuvieron lugar, y casi no hay rastros sobre la actividad que jueces y fiscales desplegaron para esclarecer las sospechas.

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Cae una trinchera

La posibilidad de acceder a información sobre la marcha de los procesos que atañen a los gobernantes y autoridades estatales sufrió un retroceso en 2005, cuando la Corte Suprema provincial suprimió la Fiscalía Anticorrupción con el visto bueno del entonces ministro público fiscal De Mitri. Esa oficina del Ministerio Público había funcionado durante cinco años, lapso en el que logró una exposición y un poder nunca vistos en los Tribunales. Tanto creció ese despacho que, en 2002, su entonces titular, el fiscal Esteban Jerez, renunció para dedicarse a la política. Al año siguiente, disputó infructuosamente desde el Frente Unión por Tucumán la Gobernación a Alperovich, quien llegó al Poder Ejecutivo de la mano del ex gobernador peronista Julio Miranda.

Pedro Gallo, sucesor de Jerez en la Fiscalía Anticorrupción, cultivó el perfil bajo y, lentamente, la luz de ese despacho comenzó a apagarse al ritmo de un sistema procesal renuente a la publicidad, que ya para 2005 se destacaba negativamente por sus dificultades para llevar causas sensibles -también no sensibles, en rigor- a juicio oral.

Las noticias divulgadas al momento de la disolución de la Fiscalía Anticorrupción señalaban que había alrededor de 450 denuncias de corrupción en la etapa preparatoria del enjuiciamiento. En aquel momento se calculaba que por mes ingresaban 10 casos. La decisión de dar de baja la Fiscalía especializada implicó volver al régimen anterior, donde todas las oficinas de Instrucción (equivalentes a las de primera instancia en el orden nacional) debían investigar la corrupción, junto con los demás delitos, en función de los turnos, como sucede en la Justicia Federal.

 

23/05/18 palacio de tribunales. pasillos. justicia. archivos

“La modificación va a traer beneficios porque un sólo fiscal no puede investigar toda la corrupción. Se ganará en estructura, lo cual es muy importante por el déficit que existe en la materia. Gallo está totalmente de acuerdo”, informó De Mitri el 23 de septiembre de 2005, según una publicación de La Gaceta. Y añadió que anhelaba que las denuncias hayan disminuido (desde la salida de Jerez) porque “había bajado la corrupción”, aunque no tenía datos concretos para respaldar ese deseo.

En la oposición, en cambio, auguraron que todo iba a empeorar. Y así fue, según los datos analizados para esta investigación. José Cano y Juan Robles, entonces legisladores radicales, habían solicitado el desplazamiento de Gallo y la creación de otras oficinas judiciales anticorrupción. “Se precisan más equipos técnicos idóneos para investigar este tipo de delitos. Esta medida (la supresión de la Fiscalía Anticorrupción) consolidará la impunidad”, había opinado Cano.

Pablo Walter (Recrear y hoy PRO) sostuvo que la eliminación del órgano había sido acordada entre la Corte provincial y el gobierno de Alperovich. “Los expedientes de corrupción pasarán al olvido y seguirá bajando el número de denuncias por la desconfianza en la Justicia”, vaticinó Jerez. “A mí me da exactamente lo mismo; siempre dije que si uno no roba y si trabaja bien, no tiene por qué temer a la investigación y que cuanto más se investigue, mejor para todos. Soy un gobernador al que le gusta que lo controlen”, expresó Alperovich.

Al eliminar la Fiscalía Anticorrupción, la Corte provincial sugirió que iba a establecer un sistema específico de seguimiento computarizado de las pesquisas de denuncias contra funcionarios públicos por presuntos hechos de corrupción en todas las fiscalías de la provincia. Eso nunca sucedió. Once años después, existe un registro de este tipo de casos, pero limitado a los que exhiban un requerimiento de elevación a juicio, es decir, a los que estén al borde de ser publicitados por la mecánica propia del sistema procesal penal. A comienzos de abril de 2018, el registro todavía no disponía de ninguna entrada y tendrá pocas de todas formas porque un número pequeño de causas logran perforar la barrera de la instrucción preliminar al enjuiciamiento, como demuestra la información recolectada en esta investigación periodística.

La Corte creó la base de datos en 2016 con un diseño más amplio, pero la aspiración de difundir los expedientes desde la imputación (o declaración indagatoria) frenó la aplicación de esa política de transparencia y terminó siendo dejada de lado después de dos años de debate.

A estas dificultades se suman las de la Justicia Federal de Tucumán, que tampoco dispone de un mecanismo destinado a transparentar su accionar respecto de las denuncias de corrupción aunque la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, vigente desde septiembre de 2017 la obliga a hacerlo. Más allá de la auditoría general del Consejo de la Magistratura de la Nación, no hay ningún esquema regular y oficial incorporado con el objetivo de informar a la comunidad sobre la marcha de estos casos. La Justicia Federal de Tucumán ni siquiera proporciona datos al Observatorio de la Corrupción disponible en el Centro de Información Judicial (CIJ), que administra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Justicia Federal tucumana ni siquiera proporciona datos sobre causas de corrupción a la Corte Suprema.

Todos estos impedimentos institucionales convierten a la prensa en el único ámbito de ventilación y discusión del trabajo de los jueces y fiscales tucumanos en las causas contra la administración pública, que son las que, en buena medida, ponen en cuestión la independencia del Poder Judicial. Y, por añadidura, las que plantean mayores obstáculos para su fiscalización y monitoreo.

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El factor electoral

Si la Fiscalía Anticorrupción provincial llegó a acumular 450 causas en el período 2000-2005, la identificación de 219 denuncias presentadas en los poderes judiciales local y federal durante los últimos 13 años suponen una reducción significativa. De ese segundo volumen, 150 corresponden a la Justicia penal de Tucumán mientras que las otras 69 pertenecen a la Justicia Federal, que sustancia los casos que involucran fondos públicos nacionales o bien refieren a lavado de activos; evasión tributaria; narcotráfico, trata de personas u otros delitos considerados federales por la ley.

Quedan afuera del cómputo de esta base las causas iniciadas en la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (como los expedientes “Qunita”, que involucra al gobernador Juan Luis Manzur, y “Corea”, que implica al diputado Cano) y las que, si bien exhiben grandes conexiones con el poder político, no generaron imputaciones concretas contra funcionarios. En este último supuesto entraría el proceso del clan Ale por lavado de activos y otros crímenes, que tanta repercusión tuvo en el país.

La investigación periodística desarrollada por Chequeado en alianza con La Gaceta revela que entre 2005 y 2017 hubo una denuncia por corrupción cada 22 días. El pico se registró en 2016 mientras que el valle aparece en 2008, año a partir del cual vuelve a haber un crecimiento.

La serie desmiente la idea de que la judicialización de la corrupción está totalmente ligada con los turnos electorales: en 2009, período coincidente con la renovación parcial del Congreso de la Nación, hubo menos de denuncias que en 2010, y lo mismo puede decirse respecto de 2011 y 2013. El oficialismo provincial arrasó en todas esas elecciones, con cosechas superiores al 70% de los votos en disputa. En 2011, la fórmula Alperovich-Manzur consiguió el 75% de los sufragios: en esa oportunidad, el gobernador se convirtió en el primer mandatario re-reelegido en el cargo.

El número de denuncias de corrupción aumentó en forma relevante durante 2015, cuando Alperovich perdió la posibilidad de colocar su boleta en las elecciones locales (se mudó al Senado, como primer representante de la mayoría provincial). Durante ese año y en 2017, Tucumán dio la nota como el distrito electoral más conflictivo del país. Para evitar distorsiones, la base de datos confeccionada deja de lado las decenas de denuncias radicadas durante las respectivas votaciones, la mayoría de ellas por presuntos episodios de clientelismo (entrega de bolsones y acarreo de votantes). Pese a la avalancha de acusaciones, vale la pena mencionar que ningún hecho de este tipo ha llegado a juicio oral.

Hay funcionarios denunciados de todos los niveles y categorías, con una prevalencia de oficialistas que comienza a atenuarse a partir de 2016, donde cada vez más opositores tucumanos y oficialistas a nivel nacional son cuestionados, como Cano y Luis Brodersen, legislador macrista. En el plazo 2007-2010 se advierten numerosas presentaciones contra comisionados rurales, intendentes e integrantes del Poder Ejecutivo encargados de distribuir fondos en el interior de la provincia.

Como resulta lógico desde el punto de vista de la impunidad, un porcentaje llamativo de las denuncias señalan irregularidades en los actos y resoluciones de jueces y fiscales, y de miembros de la cúpula de la Justicia.

Un porcentaje llamativo de las denuncias por corrupción señalan irregularidades en las resoluciones de jueces y fiscales.

El caso emblemático es el del ex juez federal Nº2 Felipe Terán, que en 2007 fue separado de su cargo por el Consejo de la Magistratura de la Nación y, luego, en 2014, condenado por los tribunales federales a una pena de prisión condicional por las maniobras con títulos de la deuda pública afectados por la cesación de pagos de 2001 -la sentencia aún no está firme- (causas “Borquez” y “Camandona”). Hechos similares pero más graves obligaron a Jorge Parache, ex juez federal Nº1, a jubilarse anticipadamente, pero las causas iniciadas en su contra se estancaron.

En 2017, además, el ex magistrado Terán se convirtió en el primer ex funcionario sancionado por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, pero ese proceso quedó afuera de esta publicación porque data de 2003. Al respecto, conviene señalar que, en los hechos, el Poder Judicial de Tucumán carece de un órgano de destitución de magistrados. La última remoción tuvo lugar en 2006, antes de la reforma constitucional que modificó el régimen de depuración de los Tribunales locales.

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El sistema

A grandes rasgos se pueden distinguir tres tipos de tramitaciones de causas de corrupción. Por un lado están aquellas que dormitan en los anaqueles de Tribunales, a la espera de la prescripción que, como se sabe, en estos procesos se prolonga en el tiempo puesto que la extinción de la acción penal no opera mientras el funcionario sigue prestando servicios. Esos casos están parados de hecho: nadie los mueve porque han caído en el olvido.

Por otro lado hay que agrupar los expedientes cerrados en cuestión de días, sin pesquisa alguna. En esta línea de archivos exprés entran, entre otras, las denuncias de Cano contra el entonces ministro de Economía, Jorge Jiménez, por el otorgamiento de beneficios tributarios a la firma Gasnor; de Roxana Teves contra el ministro público fiscal Edmundo Jiménez y otros por su papel protagónico en una supuesta asociación ilícita existente en los Tribunales provinciales, y del denunciante recurrente Oscar López por el manejo discrecional de $ 615,6 millones para gastos sociales legislativos erogados en 2015. Este último asunto fue desarchivado por Jiménez, jefe de los fiscales, y girado a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº2 de la capital a cargo de Claudio Bonari, quien aún no resolvió si lo cierra o si pide una investigación jurisdiccional (a cargo de un juez por la existencia de fueros).

 

23/05/18 palacio de tribunales. pasillos. justicia. archivos

Por último, aparecen las causas que presentan un nivel alto de actividad pero no conducente al hallazgo de la verdad, sino que rebotan de un punto al otro del sistema con planteos formales. Cada nulidad y cada cuestión de competencia suponen uno o dos años de idas y vueltas, de resoluciones apeladas que implican a varios tribunales. Son discusiones previas que en la práctica postergan -a veces indefinidamente- el comienzo de la investigación propiamente dicha.

A menudo suele suceder que cuando los jueces y fiscales no son recusados por las partes, estos inician una cadena de inhibiciones sin final. Es lo que sucedió respecto de una de las denuncias relativas al uso del avión sanitario de la provincia, donde ocho jueces se excusaron sucesivamente (causa “Avión sanitario” IV). El expediente estuvo parado más de un año hasta que la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción resolvió que debía intervenir el primer juez que lo había recibido, Juan Pisa.

Este sistema ha sido exitoso en la obstaculización del camino al juicio oral tanto respecto de las causas con repercusiones institucionales como de las comunes. La tramitación de papeles y de presentaciones escritas se ha traducido, en la práctica, en expedientes voluminosos fácilmente manipulables y cajoneables. A ello se añade el hecho de que los denunciantes de casos sensibles abandonan a sus “criaturas”, en parte también por la imposibilidad legal de actuar como querellantes o de asumir otro rol similar que permita tomar contacto con las actuaciones.

Muchas denuncias estrepitosas buscaron solamente un efecto político pasajero, o sus autores fueron incapaces de darles la cobertura y el impulso que precisaban para abrirse paso en los Tribunales. La suma de estas circunstancias configura un escenario adverso para la persecución de la corrupción puesto que, si sólo el 0,5% de las denuncias se transforman en condenas firmes, casi no hay incentivos para exponer las irregularidades que cometen los funcionarios públicos.

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Decálogo de la impunidad

En función de la experiencia de Tucumán, para que la corrupción no reciba castigo y pueda ser ejercida libre y abiertamente hay que:

-Cerrar la Fiscalía Anticorrupción y atomizar las investigaciones.

-Mantener los procesos en secreto.

-Bloquear el avance de las causas con planteos dilatorios.

-Desactivar los órganos de control estatales.

-Impedir el desarrollo de cuerpos técnicos especializados.

-Desviar la atención hacia la criminalidad común.

-Evitar la sanción de leyes de ética y acceso a la información pública.

-Desdibujar la división de poderes.

-Designar jueces y fiscales afines al oficialismo.

-Quitar los incentivos para denunciar.

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Corrupción: cinco preguntas fundamentales

-¿Está preparada la Justicia de Tucumán para enfrentar las demandas sociales de transparencia y de castigo de los corruptos?

-¿Cómo se sale de un escenario delictivo que luce endémico y estructural, y que involucra a integrantes de los tres poderes del Estado?

-¿Qué rol cumple la oposición frente a la corrupción? ¿Qué rol cumple y puede cumplir la prensa?

-¿Cuál es la relación entre el uso del Estado para el beneficio particular de las autoridades, la inseguridad ciudadana y el narcotráfico?

-¿Hasta cuándo los jueces y fiscales podrán mantener la impunidad de los poderosos?

 

Este artículo copublicado con el diario La Gaceta fue uno de los elegidos por el Jurado Internacional de “Chequeado Investigación: Etapa II” entre más de 40 postulaciones.

Este artículo forma parte del proyecto “Chequeado Investigación: Etapa II”, que cuenta con la participación del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon como codirector de la iniciativa junto con la directora de este medio, Laura Zommer. En 2017 y 2018 se publicará una decena de producciones en el sitio especial “Chequeado Investigación”. Todas estas piezas son financiadas por Chequeado gracias al apoyo de Open Society Foundations (OSF).

Crédito de la fotografía de apertura: Arturo Chomyszyn

Sin ética ni acceso a la información pública

Tucumán carece de normas que refuercen específicamente la transparencia del Estado. Pese a las múltiples promesas del gobernador Juan Manzur y a los numerosos proyectos de ley presentados en las últimas dos décadas, la provincia no sancionó una ley propia de acceso a la información pública ni adhirió a la que adoptó el Gobierno nacional en septiembre de 2016. Tampoco dispone de una ley de ética pública acorde a las convenciones y pactos internacionales contra la corrupción, y a la norma existente en el país desde la gestión de Fernando De la Rúa. La Ley Nº 3.981, que regula la presentación de declaraciones juradas por parte de los funcionarios públicos provinciales, data de 1973 e impone el secretismo al sancionar la divulgación de los datos patrimoniales. En los hechos, los tucumanos no pueden conocer los patrimonios de sus administradores locales ni estos están obligados a presentar información que permita prevenir conflictos de intereses y detectar enriquecimientos ilícitos.

 

Se demora la transformación de la Justicia penal

Con la intención de atacar el fenómeno de la impunidad, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán intentó aplicar en 2012 un plan piloto en la Justicia penal provincial. Este proyecto, que volvía oral y transparentaba la investigación previa al juicio, fue abortado por presión de los poderes políticos. Cuatro años después, la Legislatura sancionó un nuevo Código Procesal Penal que introduce cambios sustanciales al régimen vigente en la provincia desde 1991 con el objetivo de acortar los tiempos, exponer la tarea de los Tribunales, dar mayor protagonismo a la víctima y preservar las garantías de los imputados. La implementación de esta transformación fue postergada dos veces: originalmente iba a debutar en septiembre de 2017, pero a posteriori pasó para abril de 2018 y, luego, para febrero de 2019. Es posible que el debut del digesto provincial coincida con la modificación del proceso en la Justicia penal federal de Tucumán, que forma parte de la región que ensayará primero los cambios pautados en el Congreso de la Nación. Tampoco hay fecha para esa otra transformación pendiente.

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