en Investigación

La batalla judicial y social detrás de una lucha que parecía asimétrica, y donde las mujeres tuvieron fuerte protagonismo. Cómo un grupo de vecinas y vecinos de un pueblo cercano a la capital provincial luchó durante cuatro años contra la construcción de una planta de semillas. Por qué se convirtió en coordenada de la resistencia mundial.

 

Ocho perros hambrientos y un puñado de guardias de seguridad: es lo que queda hoy en el predio de Malvinas Argentinas donde Monsanto empezó a construir lo que prometió como una de las plantas de acondicionamiento de semillas de maíz transgénicas más grandes del mundo. A 700 metros de allí, en las calles de Malvinas Argentinas -donde los campos a la vera de la ruta dan paso a las casas bajas del área urbana- queda una victoria histórica. La que ubicó a Malvinas, una localidad de 12 mil habitantes a 14 kilómetros de la capital provincial, en la cartografía de la resistencia ambiental mundial, contra la empresa de agronegocios más poderosa del mundo, hoy en manos de la alemana Bayer.

En Malvinas no sobra el trabajo. En junio de 2012, cuando se anunció que este emprendimiento crearía empleo para 400 personas, había siete empresas. Ninguna con más de 35 empleados, estima la actual intendenta, Silvina González (UCR). Ella fue quien en noviembre último confirmó a Radio Nacional Córdoba lo que muchos sospechaban: el predio destinado a la planta de Monsanto se había vendido a la empresa de obra pública Regam/AMG Obras Civiles. Adquirida en 2014 por el publicista cordobés Guillermo Gastardelli, cuenta con inversiones en el programa Pro.Cre.Ar y en Vaca Muerta.

El predio destinado a la planta de Monsanto fue vendido a la empresa Regam/AMG Obras Civiles.

“Si echamos a Monsanto, nadie nos va a volver a pasar por encima”, dijo en 2016 Doña Rosa, una señora que no participó de marchas ni asambleas, ni del bloqueo que durante tres años impidió la entrada al predio. Vanesa Sartori, psicóloga, escuchó a su vecina y sintió otra batalla ganada. Fue de las caras más visibles de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que se organizó para resistir a la construcción. La tildaban de chiflada. “Doña Rosa ahora festeja y lo siente un logro propio, es impresionante. Cuando nosotros decíamos en las encuestas que la mayoría del pueblo no quería la planta, era cierto”, dice Vanesa.

La hija de Vanesa, Alma, tiene cinco años y era una beba de meses cuando la llegada de Monsanto se convirtió en conversación permanente en Malvinas. Fueron años de discusiones y grietas. Eran minoría, pero algunas personas estaban a favor. Vanesa lo vivió en su familia. Su padre siempre apoyó la idea de la planta: tiene una ferretería, que creció hasta que la construcción se interrumpió, cuando se había erigido el 20% de la estructura.

El antecedente de Ituzaingó

Alfombras brillantes y esponjosas de cultivos rodean a Malvinas. Es uno de esos lugares híbridos, ni completamente urbanos ni rurales. Aquel invierno de 2012, cuando se anunció la planta, los cordobeses estaban alerta: la Cámara Primera del Crimen de la Ciudad de Córdoba había condenado al agricultor Francisco Parra y al piloto aeroaplicador (aquel que vuela un avión específico para hacer aspersiones en los campos de agroquímicos, semillas y actividades como ataques contra incendios, entre otras) Edgardo Pancello por el delito de contaminación ambiental dolosa en el barrio Ituzaingó Anexo, a 20 kilómetros de ahí. El fallo absolvió a un tercer acusado, el productor Jorge Gabrielli.

Las Madres del Barrio Ituzaingó -organización de mujeres del barrio homónimo- habían impulsado ese juicio por pulverizaciones ilegales en campos de soja. Llevaban años -en unas semanas cumplirán 15- practicando la epidemiología popular, tras detectar a varios familiares enfermos de cáncer. La Justicia no dijo que los agroquímicos habían producido las enfermedades (otro debate, aún sin fecha), pero sí que pulverizar sin resguardar las distancias habilitadas ponía en peligro la salud de la población. El fallo, ratificado en 2015 por el Tribunal Superior de Córdoba, espera resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Justicia no dijo que los agroquímicos produjeron enfermedades. Sí que pulverizar sin cumplir distancias ponía en riesgo la salud.

En la lucha contra Monsanto, las mujeres tuvieron fuerte protagonismo. Elecinda Leiría fue la última en irse del bloqueo. Pasó muchas horas diarias a orillas de la ruta, conviviendo con activistas locales y del mundo, con mates, cigarrillos, frío y viento, muchas veces sola. “Ahora que ganamos, mucha gente me saluda por la calle y me felicita. Antes era ‘no te voy a saludar porque me vas a invitar a ir allá, al bloqueo, y no voy a ir’. Lo importante es cómo se ha ganado. La población ha visto que teníamos razón. Esta lucha no se ha hecho en ninguna parte del mundo. Sin la gente que vino de afuera a ayudar, no hubiéramos podido”, dice.

Elecinda Leiría tiene agroquímicos en sangre. Lo supo antes que otros de Malvinas. Sus síntomas aparecieron en 2007. Amanecía agotada, le dolían los huesos, tenía vómitos. Fue y vino por varios médicos. Las hojas de los árboles de su casa estaban tan mustias como ella. Veía que a las verduras de su quinta familiar les faltaba vigor. En la casa del vecino, observó los bidones en el suelo. Él recolectaba bidones de herbicidas, los cortaba y vendía para reciclaje. Le contó al médico, que ordenó estudios más complejos. En 2008, después de consultas y análisis en el Servicio de Toxicología del Hospital de Urgencias de la Ciudad de Córdoba, Leiría lo confirmó: tenía un cóctel de agroquímicos en su cuerpo.

Cuando Leiría escuchó de la planta de Monsanto en Malvinas, creyó que sería en la localidad homónima en la Provincia de Buenos Aires. Preguntó en la casa de familia donde trabajaba. Fue directo a las primeras reuniones de vecinos.

“¿Qué vamos a hacer con Monsanto?”, se preguntaban. Al principio se hablaba de 800 puestos de trabajo. Sartori recuerda cuando llegaron los obreros: “Hasta para la construcción trajeron gente de afuera. Eso fue generando conciencia: era mentira. Se intentó enfrentar a pobres contra pobres. Pero no hay trabajo a costa de entregar la vida”. Concejal por Malvinas Despierta, el partido vecinalista que surgió en la Asamblea, está convencida de que la fuente laboral “se infló de entrada para decirnos ‘son pobres, necesitan trabajar’”.

Pero, además, “Malvinas tiene bajo nivel educativo, no la mano de obra calificada que necesitaba Monsanto”, señaló Sartori. Ante la consulta de Chequeado, la empresa que fue comprada en 2016 por la multinacional alemana Bayer decidió no responder sobre este punto. En su respuesta oficial a esta investigación, a través de un mail, Monsanto solo expresó: “El proyecto incluía generar 400 nuevos puestos de trabajo en la etapa de construcción, que podrían duplicarse cuando la planta estuviera operando. Se esperaba su inauguración en el año 2014. Se trataba de una planta donde se recibiría maíz cosechado y producido por agricultores cordobeses y de la región, se lo desgranaría y clasificaría, se lo secaría y acondicionaría, y finalmente se lo embolsaría; un proceso similar al que aplican las más de 40 plantas similares que existen y operan en el país”.

El inicio de la lucha

Hacía seis meses que Raquel Cerrudo y su marido, Ariel “Rula” Becerra, se habían mudado a Malvinas soñando una vida pueblerina. Escucharon “Monsanto” y se alarmaron. Una bióloga amiga de Raquel les pasó un video de la periodista francesa Marie-Monique Robin.

“La vida según Monsanto” es el documental más famoso en Malvinas Argentinas. Cuenta, a través de entrevistas con agricultores de los Estados Unidos, científicos y ex funcionarios, que la empresa perdió varios juicios, debió pagar multas (por ejemplo, por publicidad engañosa) y se convirtió en una de las de peor imagen en el mundo. El video se difundió en Malvinas Argentinas a través del carnicero del pueblo, que lo distribuyó a su clientela. El hombre afilaba el cuchillo y preguntaba: “¿Ya lo vieron? ¿Y? ¿Vamos a hacer algo?”.

En un documento publicado por la filial argentina luego de la difusión del documental, Monsanto opinó que era “una obra desarrollada por aquellos que están en contra de la biotecnología agrícola, están dispuestos a desacreditar dicha tecnología y a los que se dedican a desarrollarla careciendo de fundamentos científicos”, y que reflotaba “argumentos que hace mucho tiempo han sido desestimados por científicos de renombre e instituciones internacionales”. “Antes de ser comercializado, cualquier cultivo biotecnológico es sometido a una serie de rigurosas pruebas de seguridad y cumplimiento regulatorio, abarcando múltiples años y pruebas sistemáticas para establecer su seguridad alimentaria y ambiental”, destacaron entre otras razones desde Monsanto, y agregaron: “La seguridad de estos productos es examinada por organismos regulatorios de cada país siguiendo lineamientos de evaluación de seguridad internacionalmente aceptados”.

Sin embargo, según publicó el diario The New York Times, existen dudas sobre los productos de esta empresa. Así lo reveló la Corte Federal de San Francisco (Estados Unidos) en un caso sobre el herbicida Roundup. Según el diario, entre los documentos que la Corte tiene en su poder, existen mensajes del correo electrónico interno de la empresa y correos entre Monsanto y los reguladores federales por lo que se presume que la compañía tenía una investigación propia sobre la seguridad del herbicida que luego fue atribuida a académicos. También se indica que un alto funcionario de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés) trabajó para ocultar información negativa sobre el glifosato, el principal ingrediente del Roundup. Los archivos fueron develados por el juez Vince Chhabria, que se encarga de llevar adelante los juicios de personas que aseguran padecer el linfoma no-Hodgkin, un tipo de cáncer que surge en los linfocitos por haber estado expuesto a esta sustancia.

Según una Corte Federal de los Estados Unidos, Monsanto manipuló estudios sobre la seguridad del glifosato.

El carnicero de Malvinas seguía repartiendo DVDs del documental cuando alguien sugirió contactar al biólogo Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) y ganador en 2004 del premio de la fundación sueca Right Livelihood Award (RLA, por sus siglas en inglés), una suerte de Nobel alternativo que también recibió la activista india Vandana Shiva. Montenegro está a cargo de la cátedra de Biología Evolutiva Humana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, donde también funciona un campus de la RLA. Colabora con las Madres del Barrio Ituzaingó e impulsó uno de los juicios. Los vecinos lo invitaron a dar una charla. “La primera reunión se organizó en tres días. Nos impactó la cantidad de personas que fuimos”, dice Gastón Mazzalay, de los más jóvenes de la asamblea de vecinos.

“Ustedes están a tiempo”

Más de 300 malvinenses preguntaban: “¿Monsanto está haciendo las cosas bien?” Fue el germen de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, con el 70% de sus integrantes mujeres. Silvana Alarcón dice que ella no salía mucho porque atiende un comercio en su casa, pero esa primera reunión “fue un clic”. Aún le resuena algo que dijo Montenegro: “Ustedes están a tiempo. No esperen a que pongan los ladrillos, no los sacan más”.

“Acá no se luchaba por nada. Fue por Monsanto que nos organizamos. Acá hay gas troncal, una ruta provincial y otra nacional. Malvinas es de fácil acceso y por debajo pasa el acuífero guaraní. Tenían todo y una población como nosotros, con poco estudio y necesidad de trabajo. Un intendente que había ganado con mucho margen cuatro veces [N. de R.: Daniel Arzari, de la UCR]. Dijeron, ‘es el lugar perfecto, no vamos a tener oposición’. Se equivocaron”, dice Alarcón, de Malvinas Lucha por la Vida.

La primera medida de la asamblea fue pedir al municipio los estudios de impacto ambiental y participar de una audiencia pública para expresar su opinión. Eso establece la Ley General del Ambiente de la Nación. Vecinas y vecinos se contactaron con la red de Médicos de Pueblos Fumigados y colectivos como Madres de Ituzaingó.

A Sofía Gatica, una de esas madres, la habían visto en la televisión, durante el juicio. Después de la sentencia de Ituzaingó, el 21 de agosto de 2012, Malvinas Lucha por la Vida convocó a un corte en la entrada al pueblo para decir “No a Monsanto en Malvinas”. Asistieron organizaciones sociales de protagonismo en el juicio, como el colectivo Paren de Fumigar, la misma Gatica y el médico pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vázquez, ex subsecretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, socio de lucha de las Madres. Una de las consignas fue: “No queremos que Malvinas se convierta en Ituzaingó”.

Para el secretario de Agricultura de Córdoba, Juan Cruz Molina Hafford, la idea era equívoca. “El caso del barrio Ituzaingó se tomó como una situación extraordinaria que se quiso trasladar a otras. Ituzaingó está asentado sobre un enterramiento de residuos industriales, con problemas de agua potable, basurales, transformadores, entre otros. Se infundió miedo a la gente de Malvinas”, se queja.

“El caso del barrio Ituzaingó se tomó como una situación extraordinaria que se quiso trasladar a otras”.

A pedido de la asamblea, la Red Universitaria de Ambiente y Salud (RUAS) de Médicos de Pueblos Fumigados -allí participa el ex subsecretario Ávila Vázquez- hizo un relevamiento epidemiológico. La conclusión: Malvinas tenía “el perfil de enfermedades que se reiteran en las poblaciones expuestas a pesticidas aerolizados de la Argentina”. “Someter a esta población a un nuevo golpe en su salud ambiental, como el que generará una enorme planta de semillas transgénicas de Monsanto en su jurisdicción, no es recomendable”, decía el informe, firmado por profesores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC): Luciana Ruderman (RUAS), Betiana Cabrera Fasolis (Cátedra Medicina Psicosocial), Gloria Dozzo (Alergia e Inmunología), Carlos Nota (Medicina I) y Medardo Ávila Vázquez (Clínica Pediátrica).

La Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó al Ministerio de Salud nacional delinear una línea de base de salud de la población. La asamblea, junto a FUNAM, analizó si la población tenía plaguicidas en sangre. Lo hizo el Centro de Asesoramiento Toxicológico Analítico (Cenatoxa) y la cátedra de Toxicología y Química Legal de la Universidad de Buenos Aires. De las diez muestras (cuatro de niños y seis de adultos), en siete se encontraron residuos de agrotóxicos persistentes, ya prohibidos, pero de larga data en el aire y el suelo.

Montenegro entregó a los vecinos un informe, realizado desde la Cátedra de Biología Evolutiva Humana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y la FUNAM: “Monsanto amenaza Malvinas Argentinas: semillas envenenadas y pérdida de soberanía alimentaria”. Identificaba diez grupos de riesgo, vinculados a los impactos de las distintas etapas del proyecto. “La planta de procesamiento de semillas de Monsanto es fuente de riesgos químicos”, decía, después de repasar la historia de Monsanto y sus detalles, como el uso del agente naranja (herbicida usado en Vietnam).

Lista completa de los especialistas consultados.

Los vecinos a la Justicia

La asamblea pidió frenar las obras hasta el estudio de impacto ambiental y la consulta popular. En septiembre de 2012, la ONG “Club de Derecho” y los vecinos de Malvinas Argentinas interpusieron una acción de amparo ambiental en contra de la Municipalidad. El Juzgado de Conciliación de Sexta Nominación, a cargo de Carlos Moroni, lo rechazó (ver acá, acá, acá y acá). Argumentó: no podía pronunciarse sobre el permiso dado por la Municipalidad de Malvinas Argentinas a Monsanto. Los vecinos apelaron. En octubre de 2012, la Sala 2 de la Cámara del Trabajo les hizo lugar. Decidieron recusar al juez y también se les dio lugar.

Un grupo de abogados presentó otra denuncia contra los funcionarios que habían autorizado las obras sin los estudios de impacto ambiental. Acusaron al entonces intendente Daniel Arzani; al ministro de Industria, Carlos Lawson; y al de Agricultura, Néstor Scarelandi, por basarse en un “aviso de proyecto” de Monsanto para abrir las puertas al emprendimiento.

Tres universidades -la UNC, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y la Universidad Católica de Córdoba (UCCor)- analizaron las 90 páginas del “aviso de proyecto” y recomendaron el “principio precautorio”, es decir, la obligación de suspender o cancelar actividades que amenacen el medio ambiente pese a que no existan pruebas científicas suficientes que prueben el daño ambiental de estas actividades. Dicho principio está establecido en la Ley General del Ambiente que rige a nivel nacional.

En julio de 2016, el fiscal Anticorrupción, Hugo Amayusco, imputó por abuso de autoridad al ex intendente Arzani (hoy secretario de Coordinación en la Municipalidad de Córdoba) y al ex secretario de Ambiente de Córdoba, Luis Bocco (ahora asesor del bloque de Unión por Córdoba de los concejales capitalinos), por autorizar el uso de un suelo no apto para emprendimientos industriales, según la Ley Provincial de Uso del Suelo. También al ex jefe de Catastro y Planeamiento de Malvinas, Rubén García, y a los ex concejales de la UCR José Blanco, Emilio Ferrero (hoy subsecretario de Deportes), Elsa Martínez (secretaria de Recursos Humanos), María Ferreyra, Martha Castro (actual presidenta del Concejo Deliberante) y Ricardo Guzmán; y Rosa Estela Castañares, de Unión por Córdoba.

Sobre las autorizaciones de la Municipalidad, la intendenta González expresó: “No tenemos Secretaría de Ambiente, nosotros autorizamos en base a lo que resolvió Ambiente de Córdoba. Fuimos a las plantas de Monsanto de Rojas y Zárate. En el primer viaje, con escuelas, la radio, la cooperativa de agua, no para autorizar, sino para saber”.

Dice que en esos años de lucha hubo “un quiebre social”. “Vecinos que se conocían de toda la vida, no se saludaban por Monsanto. Pueblo chico, infierno grande”, describe. “Nos dolía. Venía gente de afuera a romper vidrios en la Municipalidad. Nos pintaban las paredes de las casas. Me han llegado a poner ‘Silvia asesina, genocida’, ni siquiera conocían mi nombre”.

Primera victoria

Unos supieron que la municipalidad había dado el permiso de obra. Otros empezaron a ver camiones rumbo al predio. Entonces los asambleístas, en enero de 2013, pidieron habilitación de feria y solicitaron con urgencia suspender o paralizar las obras hasta que no se resolviera el amparo. El tribunal de feria rechazó la medida cautelar innovativa, pero dispuso que la Municipalidad de Malvinas se abstuviera de autorizar la etapa operativa.

Un mes después los asambleístas consiguieron la primera victoria judicial: la Justicia ordenó suspender la construcción de la planta, el 22 de febrero de 2013. El intendente Arzani y Monsanto apelaron ante el máximo tribunal de la provincia. ¿Debían paralizarse las obras? El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba dijo que “no”: la obra civil podía seguir, pero para la fase operativa la empresa debía cumplir con la normativa ambiental.

Los asambleístas votaron bloquear la entrada a la planta un día a la semana. “A veces éramos 30, a veces 50. A las siete de la mañana llegaban los camiones, ya estábamos y no los dejábamos pasar. Al terminar el horario de los obreros, volvíamos a casa”, recuerda Silvana Alarcón.

El 19 de septiembre de 2013, frente al predio donde se empezaba a perfilar la estructura de la planta, celebraron el “Festival Latinoamericano Primavera sin Monsanto”. Las consignas: “No a la instalación de Monsanto en Córdoba y América Latina” y “Por una soberanía alimentaria ya”. Las Madres de Ituzaingó lideradas por Gatica y la Asamblea Córdoba Ciudad Despierta los acompañaban. Días antes, más de 10 mil personas habían marchado en Córdoba para decir “No a Monsanto”.

“Vecino, vecina / no sea indiferente / Monsanto contamina/ y envenena a la gente”.

Un día antes del festival, Gatica -que un año antes, en 2012, había ganado el Premio Goldman, una de las distinciones más importantes para los activistas ambientales- llegó al predio temprano. Colgó en el acceso una bandera de “Madres de Ituzaingó” y otra con la palabra “Genocidas”. “Cuando aún estábamos en el juicio de Ituzaingó, fui a la asamblea de Malvinas. No se decidían a tomar la planta. Le comenté al doctor [Andrés] Carrasco que queríamos meternos en el predio. No le pareció. Cambié de idea: no había que meterse, había que bloquear. Me junté con la asamblea de Malvinas y la mitad se negaba. Me cuestionaron que quién era yo para ir a hacer eso. Otros, apoyaron ”, recuerda Gatica. Iban a quedarse. “Íbamos por cuatro días, no preparados para tres años”, sonríe.

ACAMPE VERA RUTA

Al festival asistieron más de 1200 personas. Carrasco fue ovacionado: “Hay miles de razones que tendrían que ser objeto de muchos debates acerca de por qué esa planta no debería estar acá. Voy a plantear otro ángulo: no le preguntaron al pueblo argentino qué modelo de producción tecnológica quiere”.

Aquel día Lucas Vaca -que junto a Elecinda Leiría sostuvo el acampe-, rodeado de policías, dijo a la cámara del Movimiento TV: “El amparo no se mueve, la cautelar se cayó, Monsanto la violó porque sigue construyendo. Si la Nación o la provincia no hacen nada por defender nuestros derechos, tenemos que defenderlos nosotros. Somos gente pacífica y trabajadora”.

Cuando empezó el bloqueo, entre los obreros corrió el rumor de telegramas de despidos. Los asambleístas trataban de convencerlos:

-¡No estamos contra ustedes! Estamos contra una multinacional que impulsa un ecocidio mundial, compañeros. ¡Reubicación!, ¡Lucha obrera!.

El neologismo “ecocidio” refiere a la destrucción masiva de la naturaleza como un delito. Se acuñó en los ’70, a partir de la primera Cumbre Ambiental de Naciones Unidas en Estocolmo, donde el primer ministro sueco, Olof Palme, acusó a los EE.UU. por usar químicos defoliantes en la guerra de Vietnam. En los últimos años, el movimiento ambientalista impulsa en foros internacionales que se tipifique como el quinto crimen contra la paz. Entre esas iniciativas, el 14 y el 16 de octubre de 2016 se conformó en La Haya un Tribunal Internacional Monsanto, promovido por la sociedad civil para responsabilizar a la empresa sobre violaciones a derechos humanos y pedir que el ecocidio se incorpore como figura penal al Estatuto de Roma. Extraoficialmente jueces de distintos países del mundo escucharon testimonios y emitirán una opinión consultiva (pero sin peso jurídico) el 18 de abril, imitando el modelo de la Corte Penal Internacional de Justicia. Monsanto le dedicó una carta abierta: “Es un evento escenificado, un juicio simulado donde los críticos de la tecnología anti-agricultura y anti-Monsanto juegan el rol de organizadores, jueces y jurado, y donde el veredicto está prefijado”.

Jueces de distintos países del mundo escucharon testimonios y emitirán una opinión consultiva sobre Monsanto.

En aquellos días de tensión en el predio de Malvinas, algunos obreros acusaban a los asambleístas:

-Muchachos, que se levante el pueblo. Ustedes nos perjudican. Están pagos.

Hubo intentos de desalojo y represiones policiales furiosas en el acampe. Los asambleístas también denunciaron intimidaciones del gremio de la UOCRA. “Sonaba el celular a las seis de la mañana, y salíamos disparando. Nos íbamos encontrando en el campo. Un día llegamos y había 200 policías”, recuerda Silvana Alarcón.

Los activistas se tomaban de las manos y se daban fuerza:

-¡Sí a la vida!
-¡No a Monsantoooo!
-Les pido encarecidamente si se pueden retirar- les decía un agente.
-¿Y yo le puedo pedir encarecidamente que dejen de contaminar?.

“El mundo está con ustedes”

Vanesa Sartori dice que cada vez que los reprimían, “nos llegaban mensajes de Francia, Italia, Uruguay, de asambleas en Famatina, Gualeguaychú, Esquel. Nos sentimos apoyados por las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, gente con una importante trayectoria”. Visitaron el bloqueo personalidades diversas: Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Maristella Svampa, Manu Chao, el cantante Axel. Fue alentado desde diversos campos -ciencia, arte, medios- y por pocos políticos. Unos los apoyaron visitándolos, otros dictando talleres, algunos con dinero en una cuenta del Banco Nación. La banda de ska española Perro Verde grabó un videoclip ahí, con la estructura de la planta de fondo, y acuñó un hit. Manu Chao lo globalizó, zapando una mañana temprano, con tanta fuerza que despertaron a los que dormían: Veo madres con ovarios / Resistiendo en la vía / Me sumo con mi letra / Disparando con mi rima / Te lo digo, te lo canto / ¡Fuera Monsanto!

Sartori guarda una foto -que le entregó Gustavo Vera de La Alameda- donde Francisco sostiene una remera de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida: “Hasta el Papa nos apoyó”.

PAPA_VERA_MONSANTO

“Una lucha titánica, que se ganó judicialmente”

Monsanto planeaba instalar en Río Cuarto un centro de experimentación de semillas de soja y maíz. Pero el intendente, Juan Juré (UCR), frenó la radicación. “Podía ser afectada la paz social, ese valor que tanto nos cuesta conservar”, le dijo al diario La Voz. Los habitantes de Malvinas debieron afrontar la vía judicial, con avances y retrocesos. El Juzgado de Conciliación de Cuarta Nominación, por ejemplo, dijo que la obra de Monsanto podía continuar pero ordenó a la Municipalidad de Malvinas que “se abstenga de autorizar la etapa operativa hasta cumplir los requisitos que marca la ley, entre ellos, el estudio de impacto ambiental y la celebración de audiencia pública”.

La estocada que frenó la construcción llegó en enero de 2014: la Sala Segunda de la Cámara del Trabajo ordenó suspender las obras hasta tener el Estudio de Impacto Ambiental y celebrar una audiencia pública. Uno de los argumentos fue que tres universidades de la Provincia de Córdoba habían cuestionado la autorización otorgada.

La Justicia ordenó suspender las obras hasta tener el Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública.

“El amparo y las denuncias nunca fueron por contaminación sino por haber incumplido con la Ley de Ambiente”, aclara el asambleísta Gastón Mazzalay. “Fue una lucha titánica”, define Federico Macciochi, presidente de Club del Derecho. “Este conflicto se ha ganado judicialmente, porque hay una sentencia que ordenó detener las obras. Empezó a partir de una causa porque los vecinos vieron vulnerados en sus derechos”, dice.

Macciocchi explica: “No hay muchos jueces expertos, ni una rama que se especialice en derecho ambiental. Es uno de los factores que jugaron en contra; además de que las cuestiones ambientales atraviesan grandes intereses políticos y económicos”.

Cinturón maicero: sueño cordobés trunco

La planta de Monsanto se insertaba en un contexto de producción de semillas de maíz a gran escala, con valor agregado provincial y nacional. “Trabajamos con Malvinas para contarles estos proyectos”, dice Juan Cruz Molina Hafford, secretario de Agricultura de Córdoba. “Estas plantas procesan el material para embolsarlo, curarlo, no mucho más. Era la oportunidad de hacer el cinturón maicero de Córdoba, como hay en la Provincia de Buenos Aires (en Rojas y Pergamino). Tenemos buenos campos, buenos productores, agua. Da pena que se haya perdido esta oportunidad de generar industria, dar trabajo y especializar a productores”, lamenta.

“Se perdió la oportunidad de hacer el cinturón maicero de Córdoba”.

Otras multinacionales que iban a radicarse en Córdoba para procesar semillas de maíz o investigar, como Syngenta o Pioneer, se fueron antes de arrancar. “Hay desconocimiento y está la intencionalidad de activistas que confunden. Hace años que tenemos procesos de primer nivel en agricultura. Córdoba y la Argentina producen alimentos con biotecnología. El uso consciente de fitosanitarios, el conocimiento profundo de productores, la siembra directa, hace que la Argentina sea muy competitiva”, dice el secretario.

Estas empresas no traen progreso sino división, porque a raíz de que vos necesitás trabajar y yo vivir, nos vamos a matar. Sólo defendemos los recursos naturales, la forma de vida, la soberanía alimentaria y el territorio”, dice, en cambio, Lucas Vaca.

En 2016, los que seguían ahí -con la construcción abandonada- eran pocos: Lucas Vaca, Elecinda Leiría, Sofía Gatica, Ariel Becerra (el esposo de Raquel). Pero el bloqueo llegó a tener cinco puestos de activismo y más de 30 carpas. Durante más de dos años, un grupo de anarquistas de otras ciudades vivió allí en comunidad. Cocinaban con leña, se bañaban cuando podían, ayudaban a resistir. En el pueblo les decían “los hippies” y los acusaban de ser “de afuera”. La intendenta denunció que amenazaron con matarla (“Arrojaron piedras en mi casa, empapelaron todo con una foto que decía ‘Serás la responsable del genocidio de Malvinas’”). “No queremos que las instancias de lucha las maneje el poder: ni sus abogados cómplices, ni sus asambleas funcionales”, dijeron al irse.

El bloqueo se mantuvo con un fogón, guardias rotativas y reglas escritas en una pared. No andar solos de noche, separar la basura, avisar si se quedaban a dormir, respetar las horas de descanso. Fueron tiempos de debates e internas.

De la asamblea a la política

La gran línea divisoria entre asambleístas llegó con las elecciones de 2015. Debían definir si le decían sí a la política en un conflicto que había involucrado tres niveles de gobierno y tres partidos: nacional (Frente para la Victoria, el anuncio de la planta fue realizado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desde Nueva York), provincial (donde gobernaba Unión por Córdoba, liderada por José Manuel de la Sota) y municipal (conducida por la UCR).

Unos votaron por competir en una lista con Malvinas Despierta. Aunque ganó la UCR, los asambleístas lograron tres concejales de siete. En un padrón de ocho mil electores, perdieron por 400 votos. Elecinda Leiría se considera a sí misma de los “antipolíticos” y admite: “Como en toda lucha, hay diferencias pero a la hora de tirar, íbamos todos para el mismo lado”.

En el invierno de 2016, la visita de Vandana Shiva y de Marie-Monique Robin al bloqueo marcó un pico de emoción. Las activistas los felicitaron por una lucha “heroica”.

Lucas Vaca reniega del heroísmo y también del rótulo “ambientalista”:

-No lo soy, soy un vecino que cree que con métodos que aprendí acá se puede cultivar la tierra sin envenenarla. Quizás esto pequeño que hemos hecho sirva para que otras poblaciones se den cuenta: la salud y la vida son más importante que un trabajo.

Primeras señales

En agosto de 2016, después de que la Justicia imputara a funcionarios por habilitar el uso de un suelo no apto, el periodista Patricio Eleisegui informó en una nota que autoridades de Monsanto le habían dicho en off the record que negociaban la venta del predio. Por el reclamo, pero también porque el mercado internacional -dijeron- había cambiado: no necesitaban tantas semillas de maíz. Para el abogado Darío Ávila, uno de los impulsores de la denuncia por abuso de autoridad de los funcionarios, “la imputación terminó de sellar la suerte de Monsanto porque resolvió el fondo del conflicto. Por ley, ahí no se podía construir”.

“La imputación terminó de sellar la suerte de Monsanto porque resolvió el fondo del conflicto”.

Desde Monsanto la respuesta a Chequeado fue: “Poco después del anuncio de la planta, grupos de activistas comenzaron a organizar demostraciones en contra; a pesar de que la compañía había obtenido las aprobaciones requeridas para su construcción, y en septiembre de 2013, un grupo de activistas instaló un acampe que bloqueó los accesos a la propiedad. Con el transcurso de los años desde que anunciamos nuestra intención de construir la planta, la compañía optimizó la capacidad de producción de semillas y reevaluó que está en condiciones de proveer la demanda de maíz en la Argentina, aprovechando tanto las instalaciones propias como a través de la contratación a terceros. En base a las dinámicas del mercado y al excelente comportamiento de nuestras instalaciones de semilla de maíz existentes en América del Sur, ya no vio la apremiante necesidad comercial de avanzar con la planta de Córdoba, por lo que en 2015 anunció la venta del predio”.

En el bloqueo, el festival de la primavera 2016 fue parecido a una despedida. Los asambleístas no tenían noticias oficiales pero sí un buen presentimiento. Había trabajadores que visitaban el predio presupuestando el desarme de lo poco que quedaba. Noche a noche, personas ajenas a la asamblea, se habían ido llevando materiales.

LOGO EN ACAMPE PRIMAVERA SIN MONSANTO

“Monsanto nunca dijo oficialmente que el proyecto se cayó. Nos fuimos enterando pero nos preguntábamos ¿será cierto?”, dice Vanesa Sartori. En octubre, vigiladores privados empezaron a custodiar el terreno. Señal para pensar que estaba en nuevas manos.

“Se levanta el bloqueo, no la lucha”, advirtió la Asamblea. El lunes 31 de octubre al anochecer, Elecinda Leiría se despidió del bloqueo. Quiso grabar un video, no pudo terminar: soltó la cámara y se largó a llorar. Fueron tres años, tres meses y catorce días que documentó en su diario personal.

Después de que la intendenta confirmara la venta, hubo fiesta. Se celebró en el salón prestado para las primeras reuniones. En agradecimiento, pagaron un alquiler simbólico.

Echar a Monsanto fue una inyección de vitaminas para las luchas de Córdoba. Hoy seguimos desde ahí. El gobierno provincial quiere modificar la Ley de Bosques. Y hay preocupación por un enterramiento de basura en Santa Ana, vecina a Alta Gracia”, cuenta Vanesa Sartori. Siente que ganó una lucha asimétrica. Pero no logró convencer a su padre: “Él insiste hasta hoy en que Malvinas perdió una gran oportunidad de progresar”.

Elecinda Leiría sigue subiendo a Facebook las fotos de los perros que quedaron en el predio: “Quiero ubicarlos. Más allá de los corazones contentos, los animales nos acompañaron, no podemos abandonarlos. Si vamos peleando por un ambiente sano, vamos por todo”. Cuando puede les lleva comida.

Antes de irse del bloqueo, Leiría pidió topadoras. Llegaron y bajaron los ranchos construidos en esos años de acampe. “Quedó el predio limpio. No quería que se metieran a vivir. Se me estrujó el corazón cuando las máquinas destruyeron lo que mi marido había hecho en sus sábados libres”, cuenta.

En las calles de Malvinas la felicitan por la lucha, también por tirar abajo los ranchos. Leiría se pregunta qué irán a hacer ahí. Desconfía del futuro. Cree que los años pasados le dejaron grandes lecciones: “Lo principal fue desaprender para aprender. A salir de la comodidad. A conocer tanta gente buena y mala: más buena que mala. A saber quién pone el cuerpo para defendernos, quién lo hace por interés. A perder el miedo a estas luchas: Famatina, Madres de Ituzaingó, Vaca Muerta, megaminería. Es impresionante la cantidad de gente que ha tomado coraje en los últimos tiempos y ha salido a hacer valer sus derechos”.

 

Este artículo forma parte del proyecto “Investigación y datos: Chequeado sin corsé”, que incluye más de 12 producciones a publicarse en el sitio especial “Chequeado Investigación”, y que fueron financiadas gracias al apoyo de Open Society Foundations (OSF).

Protestar contra Monsanto: transgénicos y multinacionales

Para Pablo Pellegrini, investigador del Conicet y doctor en Ciencias Sociales y Filosofía del Conocimiento (Sorbonne – Université París IV y Flacso Argentina), Marie-Monique Robin encarna lo que él llama un pensamiento “esencialista”. “Responsabiliza a las nuevas tecnologías como causa de todos los males sociales. Supone una naturaleza intrínseca que las hace dañinas. Considera que para evitar esos males, hay que prohibirlas. Existen otras formas de entender las causas de esos problemas sociales, que no se reducen a la tecnología en sí misma; son más enriquecedoras y se vinculan a perspectivas que exploran, por ejemplo, cómo se regulan, cómo se utilizan, quién las controla, en un entramado más complejo”.

El investigador está lejos de defender a Monsanto. Opina que la empresa construyó “esa imagen diabólica” por méritos propios. Ha llevado a juicio a pequeños agricultores de Canadá por usar sus semillas genéticamente modificadas.

En la Argentina, desde hace años existe un intento por sancionar una nueva ley de semillas. La actual data de 1973. Y en el país, la Ley de Patentes excluye la posibilidad de patentar materia viva. Pero Monsanto intentó patentar sus semillas con tecnología incorporada. En abril de 2016, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial falló en consonancia: consideró que no se puede patentar “una modificación de la materia ya existente en la naturaleza, que no constituye creación humana”. Hizo una analogía: dijo que era como si un escritor pretendiera patentar una novela y pasara a ser dueño de las palabras utilizadas.

En Malvinas, decirle “no a la planta” fue un modo de decir, también, “no a los transgénicos”. San Marcos Sierra (Córdoba), El Bolsón (Río Negro) y Merlo (San Luis) se declararon libres de organismos genéticamente modificados (OGM) en el país de Sudamérica que -dice Pellegrini- tiene la mayor proporción de OGMs en el mundo.

“En Francia no se cultivan OGMs y sin embargo a Monsanto le va muy bien vendiendo semillas convencionales, porque se adaptó al mercado local”, dice Pellegrini. Y plantea: “Oponerse a los transgénicos no es lo mismo que oponerse a las multinacionales de la biotecnología. Porque se reconvierten según lo que necesita el mercado”, dice el investigador.

Hasta hace poco, seis grandes multinacionales dominaban el mercado transgénico. “Ahí residía una de las claves menos abordadas, porque el debate siempre se trasladaba al OGM. Recién en 2015 se aprobaron los primeros cultivos transgénicos desarrollados por laboratorios públicos. Llevó décadas, porque las etapas de regulación son costosas y el lobby de las transnacionales, grande”, dice Pellegrini.

Existen muchas empresas de biotecnología con productos similares a Monsanto. Hay otro debate y no debería ser reducido ni llevado a lo esencialista: ¿el problema es el glifosato o los agroquímicos? ¿O es el modo en que se regulan?”, pregunta Pellegrini.

En rigor, el fallo de la Justicia de Ituzaingó fue por no haber respetado la distancia marcada por la ley. Y la orden de detener la planta en Malvinas no se basó en el hecho de que contaminara sino en que la empresa y distintas áreas de gobierno no cumplieron los procedimientos que marca la ley.

Desde la perspectiva del Grupo de Reflexión Rural (GRR), uno de sus referentes Jorge Rulli, aporta otro enfoque: “En Malvinas se dio una lucha muy heroica, pero no expresa a la sociedad argentina, que se siente urbana, modernizante y no se opone a la biotecnología. El agronegocio llegó para quedarse: acá todo el mundo está de acuerdo con la matriz ideológica. Hoy la situación de enfrentamiento pasa en gran medida en echar a Monsanto para hacer nuestros propios transgénicos”.

 

Desde el agro: “El problema es la comunicación”

La legislación en la Argentina está dentro de las más preventivas comparada a la de otros países. Existen a nivel provincial diferentes leyes con grados de restricción mayor, y a nivel municipal aun más, a los fines de poder garantizar a la población que las actividades agrícolas no representan una amenaza al medio ambiente ni a las personas, asegura Santiago Nocelli, gerente de Prospectiva de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid). Como institución, se enorgullece del programa de “Agricultura Certificada, que lleva certificadas 100 mil hectáreas y de haber impulsado en el sector un nuevo sello de calidad: la norma IRAM 14.130 de Buenas Prácticas para Labores Agrícolas, aprobada en julio del año último. “Las buenas prácticas están escritas y protocolizadas por Aapresid, a su vez validadas y homologadas a nivel internacional por la RTRS [N. de R.: sigla en inglés de Asociación Internacional de Soja Responsable] y reconocidas en Standard Maps [plataforma sobre estándares de sustentabilidad]. Así es como la agricultura debería ser concebida a nivel mundial, de cara al futuro, que se pueda medir, monitorear, controlar y auditar que la producción agrícola no representa un daño ni a las personas ni al ambiente, destaca.

“Como productores de siembra directa, siempre hablamos de que si hay tanto desconocimiento, fallamos en algo. No supimos contar a la comunidad lo que hacemos”, agrega Nocelli. Las entidades del agro admiten que en cierto sectores hay una visión negativa del sector: “Durante mucho tiempo trabajamos puertas adentro. Tranqueras afuera, generó desconfianza. Queremos llegar a la comunidad con información y es un desafío. Si hay algo que está mal, queremos saber, nuestras familias están en el campo”. Para él, además de desinformación, hay “grupos  anticiencia” y “mercados de productos orgánicos con precios exorbitantes, que son un gran negocio”.

Desde la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), Federico Landgraf, su director ejecutivo, explica: “Se ha generado una gran distancia entre grupos que creen en otro tipo de agricultura. Tenemos un problema que no es el paquete tecnológico, es la comunicación. Haciendo uso de buenas prácticas, el paquete tecnológico es más sustentable que lo que usaba tiempo atrás. No nos oponemos a la agricultura orgánica, pero puede ser diez veces más tóxica”.

Casafe estima que para 2050 la agricultura deberá incrementar un 60% su producción para alimentar a nueve mil millones de personas. “Este escenario de producción de alimentos a futuro sería inviable sin la biotecnología. Estaríamos exponiendo al hambre a cientos de miles de personas”. Gracias a los agroquímicos, explica, tenemos más y mejores productos: naranjas sin pintitas, manzanas sin gusanos. “En ciertos lugares no podría haber producción si no fuera porque se combaten hongos, insectos y malas hierbas”, agrega.

 

¿Por qué Córdoba?

Florencia Arancibia es socióloga, se doctoró en la Universidad Estatal de Nueva
York y es becaria posdoctoral del Conicet. Uno de sus temas de investigación es la relación entre movimientos sociales y científicos. En su tesis doctoral, se preguntó: ¿qué pasa con las poblaciones expuestas a un riesgo por la introducción de nuevas tecnologías en sus territorios? ¿Pueden ejercer algún tipo de influencia acerca de cómo se gobierna ese riesgo y esa tecnología? Después de investigar casos como el de Ituzaingó Anexo, afirma: “Esas poblaciones están excluidas de por sí de las decisiones, no se las consulta sobre la posibilidad de incorporar o no las nuevas tecnologías ni cómo”. Arancibia dice que el tema va más allá de las pulverizaciones y atraviesa otras tecnologías: fracking, minería a cielo abierto.

Mientras preparaba su tesis sobre movimientos sociales, ambiente y ciencia, y estudiaba la situación a nivel nacional, una provincia le llamó la atención. “Córdoba parecía tener un mayor grado de organización de las comunidades. Se dio algo que no se da en todas partes: la capital se vio afectada (Ituzaingó es un barrio periférico de la ciudad), y ahí está la Universidad de Córdoba, sede del primer encuentro de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Hubo una historia de movimiento antiminería muy exitoso (en la región), y mucha de esa gente terminó militando en la campaña ‘Paren de fumigar’. La alianza entre médicos, científicos y movimientos se hizo más fuerte, y esto implicó mayor capacidad de acción”, dice Arancibia.

Son varios los que recuerdan el Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados, realizado en 2010 en la Facultad de Ciencias Médicas, como un hito. El abogado ambientalista Darío Ávila dice: “La gente tomó conciencia: la problemática del cáncer no era sólo del Barrio Ituzaingó, en otros pueblos pasaba lo mismo. Córdoba ha tenido esa virtud: haber sido la primera que visibilizó estos problemas de salud. El tema llegó a la opinión pública. Y después del juicio hubo consecuencias”.

“Córdoba presenta casos exitosos de comunidades que logran que el Estado las escuche y reconozca sus problemas, con un fallo judicial importante para las Madres de Ituzaingó Anexo. Pero para lograr algún avance, se necesitó la complementariedad: la ciencia sola no incide políticamente. Sin la movilización de la gente pidiendo respuestas, sólo producir conocimiento científico no cambia nada”, señala Arancibia.  En base a sus investigaciones, evalúa: “En los últimos años hubo avances, sobre todo en esta provincia. Pero la temática aún no se convirtió en política pública ni hay una revisión de la legislación. Los políticos, en general, no recogen el tema en la agenda, y a nivel nacional no hubo muchos cambios”.

Arancibia identificó que, en muchos casos, ante la llegada de una nueva tecnología a un territorio, si la población está en desacuerdo o denuncia padecer nuevas daños presumiblemente asociados a ella, no tiene canales institucionales para hacer oír su desacuerdo y su preocupación, ni pedir protección del Estado. Es una suerte de patrón. “A pesar de la vigencia del principio precautorio en la Constitución nacional, en general los gobiernos le piden a la población que demuestre con evidencia científica lo que está diciendo. Pero la gente no cuenta con herramientas para producirla. Hay quienes tratan de ver si hay trabajos o avances del mundo científico que puedan apoyar lo que les pasa. Pero la ciencia es parte del mismo sistema y no todas las líneas de investigación reciben el mismo financiamiento. Es el problema que algunos autores llaman ‘Ciencia no hecha’: la que serviría a movimientos sociales o poblaciones para justificar sus reclamos y demostrar científicamente lo que están experimentando”.

 

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  1. Fragaria S.R.L. Villa Cañas Santa Fe, estas tirando liquidos sin desactivar mediante una perforacion a la napa freatica, lavan los equipos y desechan los liquidos por una perforacion oculta.

  2. Una muestra de como el activismo barato puede causarle daño a la gente que quiere defender. Y lo saben, pero no les importa
    1) La planta era de clasificación de semillas, como hay una docena en la Argentina y cientos en todo el mundo
    2)El único daño posible era el polvillo(como en cualquier planta de silos de las que hay miles),. Pero a la distancia a la parte poblada ese polvillo se disipaba. No hay residuos tóxicos, las chalas de la espiga y granos dañados se venden para producción animal.
    3) La planta se hace igual en la Provincia de Buenos Aires, donde esta la mayoría, y ahí van los puestos de trabajo. Monsanto pierde unos $ por el cambio de planes. Ituzaingó pierde mucho más.

  3. Hola, que tal! Somos estudiantes de la UBA y estamos cursando el CBC, por lo cual tenemos que realizar un simulacro de audiencia publica y el tema seleccionado que tenemos que representar es la ONG contra Monsanto. Requerimos a ustedes, ya que nos pareció que podríamos representarlos como un factor social y si nos podrán ayudar brindando información. Muchas gracias y esperamos una pronta respuesta.