en Investigación

La mayoría de las entidades sin fines de lucro creadas por dirigentes no informa quiénes son sus donantes. La sciolista Dar nunca presentó un balance en la IGJ. Entre las del PRO, Pensar y Suma apenas revelaron algunos nombres de aportantes y sólo Formar dio la lista entera, que incluye a empresas públicas y proveedores de la Ciudad, aunque con montos bajos. Expertos advierten sobre posibles conflictos de interés.

 

La mayoría de las fundaciones creadas por las principales figuras o partidos políticos ocultan la información sobre las donaciones que reciben. Amparados en una ley que no los obliga a detallarlas públicamente, no informan quiénes les dan dinero, ni cuánto reciben de cada uno de esos aportantes. La sciolista Fundación Dar nunca presentó un balance ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y las del PRO, Pensar y Suma, apenas dieron algunos nombres en sus resultados contables de 2013 a 2015.

Sólo una fundación del partido gobernante, Formar, detalló el flujo de dinero que recibe de empresas, cámaras y personas, según surge de la documentación solicitada por Chequeado ante la IGJ y obtenida para esta investigación. Y de esa información surgen múltiples zonas oscuras, cuestionables o que podrían llegar a ser ilegales.

Empresas públicas y proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donaron entre 2013 y 2015 fondos a Formar, que preside y presidía Guillermo Dietrich, actual ministro de Transporte de la Nación y entonces subsecretario de Transporte porteño, y que estaba y está dirigida por una mayoría de funcionarios porteños que antes respondían a Mauricio Macri y ahora a Horacio Rodríguez Larreta. El Banco Ciudad fue el tercer mayor donante de la fundación en aquel período, con unos $105 mil pesos de aquel tiempo, equivalentes a US$15.085 de entonces, según el tipo de cambio promedio del año del cierre de cada ejercicio. En 2013, el banco estaba presidido por Federico Sturzenegger, actual jefe del Banco Central, y en 2014 y 2015 por el hoy ministro de Interior, Rogelio Frigerio.

Empresas públicas y proveedores de la Ciudad donaron entre 2013 y 2015 fondos a la fundación Formar de Guillermo Dietrich.

De una lista de 403 donantes, la empresa Subterráneos de Buenos Aires SE (Sbase) ocupó el puesto 52º, con $40 mil, equivalentes a 4.319 dólares. Sbase es dueña de la red concesionada a Metrovías y se encarga de las obras de extensión del subte. Entre 2010 y 2016 estaba presidida por Juan Pablo Piccardo. En la posición 98º figuró la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA), con $20 mil, equivalentes a 2.159 dólares. En 2015, cuando se desembolsó ese dinero, su presidente era Darío Sarquis, actual gerente general del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa).

No se trata de cifras siderales como las que se decía que costaba una campaña presidencial en 2015: $1.000 millones. Eso sí: la ley impedía que se erogaran más de 250 millones de pesos. La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, explicó a este medio con claridad: “De acuerdo con la norma vigente, los partidos o alianzas sólo pueden recibir fondos públicos y aportes de personas físicas para las campañas electorales. La Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos prohíbe que, dentro y fuera de la campaña, las agrupaciones reciban contribuciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas, así como las que exploten juegos de azar. Cuando se trata de financiar campañas electorales, la ley prohíbe todo aporte de personas jurídicas (compañías, organizaciones), aunque pueden hacerlo fuera del período electoral. En cambio, los aportes a fundaciones de cualquier clase están regulados por la ley de fundaciones y no están alcanzados por la ley de financiamiento de los partidos”.

Por eso, a pesar de que sus estatutos y balances dan cuenta de tareas de formación política y actividades solidarias, las fundaciones de políticos estuvieron sospechadas de contribuir con la campaña presidencial en la que se enfrentaron Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa, según los testimonios que en off the record dieron los propios recaudadores de sus partidos al equipo de investigación de Chequeado.

Tres fundaciones están ligadas a los máximos líderes del PRO: Pensar, que preside el ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera; Suma, que conducía la actual vicepresidenta de la Nación y ex senadora por el PRO, Gabriela Michetti; y Formar. Pensar declaró que recibió entre 2013 y 2015 ingresos por 11,5 millones de pesos. Formar, por $6 millones; y Suma, por 5,9 millones de pesos.

Todos estos datos surgen de los balances que las tres fundaciones presentaron fuera del tiempo legal estipulado por la IGJ, recién en 2016, cuando el kirchnerismo dejó de gobernar. Aún no proporcionaron los correspondientes al año pasado. Las sociedades deben acercar sus balances a la IGJ en los cuatro meses y medio posteriores al cierre del ejercicio. Si incumplen, deberían recibir multas y hasta se les podría quitar la personería jurídica, siempre de acuerdo con la gravedad del hecho.

De las tres fundaciones del PRO, sólo una, Formar, informó uno por uno los CUIT (no los nombres) de sus donantes y lo hizo a partir de un pedido de la jefa del Departamento de Control Contable de Entidades Civiles de la IGJ, Catalina Dembitzky. Ante la misma requisitoria de esta funcionaria, Pensar sólo detalló la identidad de los donantes que aportaron el 25% de los fondos en 2014 y el 15% en 2015, pero ninguno de 2013. Suma, que comenzó a operar en 2014, informó ese año, sin que se lo pidiera la IGJ, el nombre de sus aportantes, pero en 2015 no lo hizo pese a la solicitud de Dembitzky.

Pero, al menos, los políticos del PRO presentaron balances ante las autoridades. La Fundación Dar, que preside José Scioli, hermano del ahora diputado nacional por Unidad Ciudadana Daniel Scioli, nunca presentó siquiera uno. Tampoco cumplió con la obligación de informar sus autoridades. Aquella fundación alquilaba oficinas del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuando Daniel Scioli era su gobernador. Consultado por Chequeado, un asesor del hoy diputado de Unidad Ciudadana se limitó a responder: “Él no tiene ninguna fundación”. Sin embargo, tras su derrota de 2015 había prometido dedicarse a ella. José Scioli tampoco respondió las consultas.

La Fundación Dar, que preside el hermano de Daniel Scioli, nunca presentó un balance.

Luego de dejar la Casa Rosada, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fundó el Instituto Patria. Esta asociación civil consiguió la personería jurídica el 16 de agosto de 2016. Cumplió con la obligación de informar a la IGJ quiénes son sus autoridades -Fernández de Kirchner es la presidenta honoraria- y aún no ha tenido que presentar el primer balance. Su estatuto establece que sólo recibe donaciones de individuos y de hasta $24 mil anuales. Su vocero asegura que recibe en total alrededor de $200 mil por mes, es decir, unos $2,4 millones por año.

Cuando Massa dejó el kirchnerismo en 2013 se acercó a la Fundación Metropolitana y a su presidente, el ex senador por el Frepaso Pedro Del Piero. Pero en el massismo niegan vínculos con cualquier fundación, incluida ésta, que tiene como vicepresidente al kirchnerista Arnaldo Bocco, ex director del Banco Central.

De este breve repaso puede concluirse que la Fundación Formar, la de Dietrich, es la más transparente de las relevadas, pero expertos en financiamiento político advierten conflictos de interés por las donaciones de empresas públicas y proveedores.

“La ley de ética pública nacional, de 1999, y la de la ciudad, de 2015, son tan generales que en este caso no hay delito en términos de la primera ni falta grave en términos de la segunda, pero sí merece una condena ética porque hay un conflicto de interés que el gobierno debería reconocer para prevenir posibles delitos”, señaló el director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Poder Ciudadano, el abogado Germán Emanuele. Su colega Marcelo Giullitti, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), reconoció que “hay conflictos de interés, que es algo que no está prohibido porque el marco normativo es difuso, pero habría que ver si las donaciones se produjeron en tiempos de campaña electoral, con lo que podría haber un fraude a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, o justo cuando los proveedores recibieron algún contrato de la Ciudad, con lo que podría sospecharse de sobornos”.

“No hay delito en términos de la ley de ética pública nacional y la porteña, pero merece una condena ética porque hay conflictos de interés que se deberían reconocer para prevenir otros delitos”.

Entre los diez principales aportantes de Formar figuran diversos contratistas de la Ciudad: Friends Food, firma de catering que abastece hospitales, escuelas y colonias de vacaciones que pertenece a Rubén Forastiero, ex presidente del club Argentinos Juniors (ver este primer documento y este segundo); la constructora Lanusse, que preside Fernando Lanusse y ha hecho diversas obras como la Villa Olímpica; su competidora Planobra, de Patricio Farcuh, el dueño de OCA que ha participado de diversos proyectos, como el mantenimiento del Metrobus, junto con SES SA, la firma del amigo presidencial Nicolás Caputo (ver este primer documento y este segundo); y Mejoramiento Hospitalario, que dirige Mariana Gómez y que ha mantenido y remodelado diversos centros de salud porteños (ver este primer documento, este segundo, este tercero y este cuarto).

Del puesto 11º al 20º aparecen otros proveedores: SES SA, que ha hecho obras como las remodelaciones de los hospitales Ramos Mejía y Moyano (ver este primer y este segundo documento); Bricons, que preside Mario Raspagliesi y construyó parte del Metrobus, comisarías y escuelas; Teylem, compañía de Víctor Lusardi que se ha encargado desde el catering de hospitales hasta la instalación de los contenedores verdes; CRIBA, de los Tarasido, que ha construido la Casa de Gobierno en Parque Patricios y el Centro de Exposiciones; Mejores Hospitales, de la misma familia, que ha remodelado el de niños Ricardo Gutiérrez; Mantelectric, de Carlos Pérez San Martín, que se ocupa desde el mantenimiento de centros de salud hasta el alumbrado público y la instalación de semáforos en el piso para que los vean los peatones adictos al celular; Siderum, que dirige Fabián Rodríguez y abastece de comida a escuelas y colonias de vacaciones; y Arkino, que se dedica al mismo negocio y lidera Manuel Martin.

Consultado por este medio sobre las donaciones, el vocero de Dietrich respondió: “Todo está presentado a la IGJ y no hay ninguna actividad que se haya realizado por fuera de lo que la ley permite”. Giullitti, de ACIJ, comentó: “Habría que ver si las empresas públicas donaban también a otras fundaciones, incluidas las de otros partidos, pero como esa información no la tenemos no podemos saberlo”.

Sobre los aportes del Banco Ciudad, el portavoz de Frigerio contestó que durante sus dos años de gestión allí apoyó a “diferentes ONG”, tanto políticas como sociales, de salud y educación, como Fundaleu, Caritas, INECO, Red Solidaria y hasta la Fundación Octubre, del Sindicato de Trabajadores de Edificios (Suterh), que conduce el kirchnerista Víctor Santa María. El vocero de Sturzenegger lo deslindó de responsabilidad: “Fue algo que se realizó en y desde el Banco Ciudad, no fue un tema personal de él”.

Sobre la contribución de AUSA en 2015, el vocero de la empresa prometió: “Averiguo y te digo, pero el presidente entonces era Sarquís”. Pero no precisó más. Consultada la secretaria de Sarquis, respondió que era AUSA la que debía contestar. Acerca del aporte de Sbase de aquel año, su ex presidente Piccardo contestó: “No estaba al tanto de una donación de ese tipo. Me dicen en Subte que fue una por mesa corporativa en un evento. Entiendo que no es una donación”. Cuando se le contó que Formar lo había contabilizado como tal, replicó: “En Subte figura de otra forma”.

Además de Dietrich, otros políticos del PRO integraban el consejo de administración de Formar en tiempos de las donaciones analizadas: Felipe Miguel, actual jefe de Gabinete porteño que asesoraba a su antecesor en el cargo, Rodríguez Larreta, entre 2011 y 2015; Jorge Lucchesi, presidente de la Junta Comunal 15; Santiago Lucero Torres, director de Planificación del Ministerio de Defensa desde 2016 y ex coordinador general de la Agencia de Control Gubernamental de la Ciudad; Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano y Transporte capitalino, que antes fuera subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión hasta 2015; y Gabriel Astarloa, procurador General del distrito donde hasta hace dos años era director General de Concesiones.

Otros donantes importantes de Formar fueron la agrícola Bañado del Salado y su casa matriz, Adecoagro, la empresa que conduce Mariano Bosch y en la que el multimillonario húngaro-estadounidense George Soros era accionista hasta agosto pasado. Figuran, además, la Cámara de Concesionarios de Servicios de Comedores y la de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito; el gerente de Planeamiento del Banco Comafi, Pablo Pochat; la fabricante de cuadernos Ángel Estrada, de los Agárdy; y el grupo financiero Fiorito, de la familia homónima que era dueña del Banco Quilmes y que ahora busca quedarse con el Finansur, del empresario y ex dueño del Grupo Indalo, Cristóbal López.

Los donantes de Pensar, la fundación emblema del macrismo que dirigía el actual secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun, apenas se conocen. De los nombres revelados en sus balances de 2014 y 2015, a la cabeza aparece una de las empresas nacionales que dejó de fabricar notebooks en la Argentina y comenzó a importarlas por la eliminación de aranceles, Air SRL, de la familia Airoldi; Despegar, uno de los unicornios que tanto admira Macri y que fundó Roberto Souviron; Vod Argentina, la razón social de Qubit, el Netflix argentino que creó Mariano Primavera; el estudio de abogados Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (BFML), que también aportó a Formar; OSDE, la prepaga que conduce Tomás Sánchez de Bustamante; y Minera Alumbrera, de la suiza Glencore. Después están otras dos ex fabricantes de computadoras portátiles: Exo, que preside Luis Szychowski, y PC Arts, la empresa de Carlos Suaya dueña de la marca Banghó. También figuran IRSA, el grupo de shoppings, campos y banca de Eduardo Elsztain; y Establecimiento El Orden, otra empresa de Adecoagro.

Entre las autoridades de Pensar están destacados funcionarios de la Nación: Michetti; el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; los ministros Sergio Bergman y Jorge Triaca; el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi; y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco. También están Rodríguez Larreta y su vicejefe, Diego Santilli; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; los senadores por Cambiemos, Esteban Bullrich y Federico Pinedo; Sturzenegger y el constructor Caputo.

De Suma, la fundación que presidía Michetti hasta abril pasado, sólo está disponible al público el detalle completo de los donantes de 2014. Aquel año su mayor sostén fue el banco español Santander Río. Lo siguieron la petrolera Pan American Energy (PAE, cuyo 60% es de la británica BP, 20% de la china CNOOC y 20% de la familia Bulgheroni); la Fundación Banco Macro, entidad de los Brito; OPM Inmobiliaria, que opera con el nombre comercial Rukán y pertenece al fondo Pegasus, que a su vez era propiedad del ahora vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana; Farmacity, empresa en la que Quintana redujo su participación accionaria; Banco Comafi y la sociedad financiera Fliacer Participaciones, ambos de la familia Cerviño; y el Banco Galicia, de los Escasany, Ayerza y Braun.

Michetti dejó la presidencia de Suma apenas después de que el juez federal Ariel Lijo la sobreseyera en abril pasado en la causa por el origen de los US$50 mil dólares que pertenecían a la fundación y que le robaron de su casa días antes de asumir como vicepresidenta de la Nación. En el mismo fallo, Lijo archivó la investigación sobre el funcionamiento de Suma y otras cuatro fundaciones de políticos del PRO (Formar, Fundar, Creer y Crecer y Pericles), porque “no se verificó ningún hecho delictivo”. Los otros directivos de Suma eran hasta abril Frigerio; Pinedo; el diputado nacional por Cambiemos y ex ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro; y la directora del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Silvana Giudici. Desde entonces, la fundación quedó en manos de personas sin cargos políticos, como su nueva presidenta, Karen Zeolla.

El juez Ariel Lijo archivó la investigación sobre Suma y otras cuatro fundaciones de políticos del PRO.

En 2015, cuatro ONG especializadas en transparencia política, Poder Ciudadano, ACIJ, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Fundación Directorio Legislativo, propusieron 12 reformas y advirtieron que “el financiamiento de los partidos carece de los controles debidos” y “en general se desconoce de dónde surgen los aportes que sostienen” las campañas. A la luz de los datos, el reclamo continúa vigente.

 

Esta investigación contó con la colaboración de Manuel Tarricone (@ManuelTarricone), periodista de la Redacción de Chequeado.

Este artículo forma parte del proyecto “Chequeado Investigación: Etapa II”, que cuenta con la participación del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon como codirector de la iniciativa junto con la directora de este medio, Laura Zommer. En 2017 se publicará una decena de producciones en el sitio especial “Chequeado Investigación”. Todas estas piezas son financiadas por Chequeado gracias al apoyo de Open Society Foundations (OSF).

Qué actividades hacían las fundaciones del PRO

Las fundaciones de los políticos están sospechadas de financiar campañas, según los propios recaudadores, pero al menos en sus balances cuentan otra cosa. La Fundación Formar, que preside el ministro Guillermo Dietrich, recuerda en su balance de 2013 que fomenta “la vocación pública desde los diversos sectores de la actividad privada”. Por la cantidad de empresarios, ejecutivos y profesionales de compañías que se sumaron al Gobierno nacional, parece haber tenido éxito en su cometido.

En el balance 2012/2013 cuenta que organizó actividades en el Colegio Argentino de Ingenieros, en la Universidad Torcuato Di Tella y en el IAE, la escuela de negocios de la Universidad Austral, y una cena de recaudación en el hotel Hilton. Contrató servicios de agencias de publicidad para grabar videos institucionales, de charlas de capacitación y de eventos. También entregó donaciones por $200 mil para “preparar programas, esquemas y know how para proyectos” relacionados con sus objetivos fundacionales.

Además, organizó el concurso “Iniciativa G25” para apoyar emprendimientos sociales y ganaron los siguientes: “Prendete”, “Che Mirá”, “Juves (Juventud Solidaria)”, “La Movida” y el “Programa de Formación Ciudadana”. “G25” es un grupo de dirigentes del PRO no registrado con ese nombre en la Inspección de General de Justicia (IGJ) cuya web relata que “busca ser puente entre el ámbito privado y el público” y en su consejo de administración figuran Dietrich, Esteban Bullrich, Felipe Miguel, Franco Moccia, Juan Curutchet (presidente del Banco Provincia), Ramón Lanús (jefe de la Agencia de Administración de Bienes del Estado), Juan José Méndez (secretario de Transporte porteño), Gabriel Astarloa, Santiago Lucero Torres y Eduardo Braun (director de Aeropuertos Argentina 2000, del grupo Eurnekian), entre otros. Varios de ellos son también dirigentes de Formar.

En el ejercicio 2013/2014, la fundación dio cursos de capacitación con “renombrados profesores y funcionarios” en la Di Tella y un programa de capacitación focalizado llamado “Potenciando la Vocación Pública con la Iniciativa Privada” en el IAE. También organizó “eventos” en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Salta y Entre Ríos. En un acta del 10 de diciembre de 2013 se relata que “se realizó un viaje a Jujuy, específicamente a Humahuaca, a fin de tomar contacto con los representantes del PRO en aquella provincia en apoyo a su campaña”. En octubre de aquel año se habían celebrado elecciones legislativas. Ese día de diciembre de 2013, las autoridades de Formar invitaron “a la rama femenina del grupo a una charla con la participación del rabino Sergio Bergman” en la localidad bonaerense de San Miguel y contaron que en conjunto con la Fundación Libertad se ofrecerían “charlas junto a destacados oradores del sector consultor económico y político”.

En la memoria 2013/2014 también se preveía la organización de otra cena de recaudación en el Hilton. En aquel ejercicio, Formar donó $100 mil pesos a los mismos cinco proyectos sociales del año anterior y a otros dos nuevos bautizados “G25 Che Mirá” y “G25 Formación Ciudadana”.

La fundación presentó este balance en 2016 y entonces la jefa del Departamento de Control Contable de Entidades Civiles de la IGJ, Catalina Dembitzky, preguntó por escrito sobre los gastos por $241 mil en servicios de catering: “¿En qué contribuyó a los objetivos fundacionales?”. Formar contestó que la comida se entregó durante las diversas actividades organizadas “como parte del evento social que representan, el ambiente de camaradería promovido entre los concurrentes de los encuentros y dada la duración de los mismos”.

En el balance 2014/2015, Formar cuenta que organizó cursos de capacitación en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y en el IAE, los programas “Potenciando 2014” y “Taller de Compliance” (cumplimiento regulatorio en empresas) en la escuela de negocios de la Austral y “eventos” en las mismas ocho provincias que el año anterior. Volvió a recolectar fondos con una comida en el mismo hotel de Puerto Madero.

La Fundación Pensar, el emblema del PRO que preside el ministro Francisco Cabrera y que diseñó los planes de gobierno del presidente Mauricio Macri, informó ante la IGJ que en 2013 organizó diversos eventos, como la presentación del libro “El creyente. ¿Quién es Axel Kicillof?”, del periodista Ezequiel Burgo, o un seminario a cargo de Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). También armó presentaciones en la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la Sociedad Rural Argentina, la Universidad de San Andrés, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), Expoagro, la Fundación Observatorio Pyme (cuyo presidente honorario es el dueño de Techint, Paolo Rocca) y la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Aquel año Pensar firmó un convenio con la Fundación Konrad Adenauer, de la democracia cristiana alemana.

En el balance 2014, Pensar da cuenta de más actividades, como una reunión sobre minería a cargo del economista y ex secretario de Industria de la Nación Dante Sica, de la consultora Abeceb. Varios de los seminarios le generaron ingresos por 267 mil pesos. Tras la presentación del balance en 2016, la inspectora Dembitzky preguntó por escrito por “la acumulación de fondos según surge del patrimonio neto de la entidad”, de $445.500 en 2013 a $893.480 en 2014. La fundación respondió: “Los fondos expuestos en el patrimonio neto responden a la acumulación de los resultados de ejercicios. Dichos fondos incrementan el capital de trabajo, no pudiendo ser distribuidos”.

En 2015, el patrimonio neto siguió subiendo a 1.096.098 pesos. Aquel año, Pensar gastó $1,3 millones en administración, $1,2 millones en seminarios y conferencias y $4,6 millones en erogaciones catalogadas como “específicas”. La funcionaria de la IGJ pidió detalles de los gastos en servicios empresariales por $775.380 y los honorarios por $3,4 millones y “el motivo de la inmovilidad de dinero depositado en una cuenta corriente bancaria”. En cuanto a esto último, la fundación contestó que no se encontraba inmovilizado sino “macheado con la cuenta fondos específicos”. Dembitzky juzgó como satisfactoria esta y las demás respuestas, como aquella en la que se detallaron los honorarios abonados a diversos consultores, como Miguel Campos, que fue secretario de Agricultura del primer kirchnerismo; y Pedro Rabasa, economista y actual funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal.

La Fundación Suma, que presidía Gabriela Michetti, cuenta en su balance 2014 que recién ese año puso en marcha actividades, pese a que había sido creada en 2009. Define su objetivo como la construcción de un “espacio de participación ciudadana y de trabajo para los sectores más vulnerables”. Ya en 2013 anticipaba que su eje de trabajo sería la “educación inclusiva” y para eso apoyaría a los programas “Hora Libre”, “Fortalecimiento de Espacios Comunitarios”, “Transformaciones Urbanas” y “Limpia el Aire Planta un Árbol”. El 4 de diciembre de 2014 organizó su primera “gala solidaria”.

En el balance 2015, y ante la requisitoria de Dembitzky, Suma informó proyectos sociales por $1.491.222, incluidos los honorarios de quienes los coordinaron y ejecutaron, y aclaró su finalidad: “Fomento de la inclusión, la igualdad de oportunidades y la diversidad, teniendo como base los derechos humanos. Animar y promover la participación de los distintos sectores de la sociedad, fomentando un proceso de construcción ciudadana”.

Aquel año se ejecutaron los siguientes programas: “Sumando a la Esperanza”, “Limpia el Aire Planta un Árbol”, “Hora Libre”, “Casa Joven”, “Espacio Integral Mazzarello”, “Formación Laboral”, “Veredas para Jugar” y “Revalorización del Espacio Público”. Aquel año en que Michetti fue precandidata a jefa de Gobierno porteño y a vicepresidenta de la Nación, Suma recibió donaciones ordinarias mensuales por $1,2 millones y en una gala solidaria en el predio La Rural recaudó 2.895.000 pesos.

 

Historias de sospechas sobre las fundaciones políticas acá y en los EE.UU.

La polémica sobre las fundaciones de los políticos viene de larga data y no sólo se desata aquí sino en todas partes del mundo. En la Argentina, en 2007 el entonces fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, pidió que la Justicia investigara la campaña de cuatro años atrás por presunto lavado de dinero entre Jorge Brito, dueño del Banco Macro, y la fórmula presidencial Carlos Menem-Juan Carlos Romero, que abandonó el balotaje ante Néstor Kirchner-Daniel Scioli. Garrido puso entonces la lupa sobre la Fundación Argentina Solidaria, que había fundado el ahora senador salteño del PJ y que había costeado en 2003 casi todo el proselitismo del llamado Frente de la Lealtad. Argentina Solidaria había aportado $10,8 millones (US$ 3,6 millones de entonces) para pagar avisos en televisión, radio y medios gráficos. Además, la cifra superaba ampliamente la permitida por la ley de financiamiento de los partidos.

Garrido sostenía también que la fundación se había financiado con fondos de la provincia de Salta, que entonces gobernaba Romero, y con depósitos en efectivo de sujetos no identificados. La entidad operaba con tres cuentas bancarias que tenía en una sede porteña del Macro. El banco, que era agente financiero de Salta, había omitido la emisión de registros de operaciones sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Argentina Solidaria experimentó en 2003 un salto del 3.500% respecto de sus donaciones anuales desde que había sido fundada, en 1992. A pesar de las sospechas, la causa judicial no prosperó. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi estuvo a su cargo.

En los Estados Unidos también hay ejemplos de fundaciones de políticos bajo sospecha. Al igual que muchos empresarios, Donald Trump tenía una fundación, pero esta protagonizó un fuerte salto en sus ingresos en el año en el que se candidateó a presidente. En 2016 juntó US$ 2,9 millones, tanto como había recolectado en la suma de los cuatro años anteriores. Además, durante el año electoral donó 3 millones, más que lo que había distribuido en total entre 2013 y 2015.

Dos tercios de las donaciones a la Fundación Donald J. Trump en 2016 provinieron de un empresario del juego de Las Vegas y de la esposa del presidente de Marvel Entertainment, Laura Perlmutter, que aportaron el dinero en un evento a beneficio de veteranos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, una parte de lo recaudado habría terminado en manos del entonces candidato presidencial republicano, según la investigación del fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman. Así fue que un mes antes de los comicios, Schneiderman denunció que la Fundación Trump había violado la regulación sobre recaudación y le ordenó que dejara de pedir fondos. Después de la victoria electoral y para evitar más conflictos de interés, Trump anunció que cerraría la entidad benéfica, a la que había dejado de donar en 2008.

En la mayor potencia mundial, la opacidad de las fundaciones de políticos tampoco respeta grietas. La Fundación Bill, Hillary y Chelsea Clinton también estuvo en el ojo del huracán en la campaña de 2016. Cuando la candidata presidencial demócrata había asumió como secretaria de Estado en 2009, firmó un documento en el que se comprometía a no intervenir en ningún asunto que directa o indirectamente tuviese que ver con la fundación familiar, que lleva recaudados más de US$ 2 mil millones desde 1997. Sin embargo, aparecieron casos que levantaron sospechas.

En 2010, el Departamento de Estado aprobó que la empresa rusa Rosatom comprara una minera de uranio canadiense con proyectos en los Estados Unidos. Lo hizo después de que un banco ruso ligado con Rosatom pagara US$ 500 mil a la fundación por una conferencia del ex presidente de Estados Unidos en Moscú. A su vez, el dueño de la compañía canadiense había donado un millón a la Clinton Foundation. El equipo de campaña de Hillary respondió que la compra fue aprobada no sólo por el Departamento de Estado, que ella dirigió hasta 2013, sino por otros organismos gubernamentales norteamericanos.

Otro caso se desató cuando se descubrieron mails de un empleado de la fundación a una funcionaria de la cancillería estadounidense, que además era contratada de la entidad benéfica, para pedirle que la secretaria de Estado recibiera a tres donantes. Los demócratas negaron que esas audiencias terminaran concertándose. No obstante, reconocieron que 85 de las 1.700 entrevistas que había mantenido Hillary en sus primeros dos años como secretaria habían sido con aportantes de la fundación.

Bill Clinton había prometido que si su mujer llegaba a presidenta, la ONG dejaría de aceptar recursos de contribuyentes extranjeros o corporativos. También suspendió en la campaña sus conferencias y sus eventos con líderes de diversas áreas para debatir sobre los desafíos mundiales como la pobreza y el cambio climático. Pero incluso políticos demócratas le pidieron que cerrara la fundación si ganaban las elecciones. Trump aprovechó para pegarle a su rival en la campaña: “Ahora está claro que la Fundación Clinton es la mayor empresa de corrupción en la historia política. Lo que estaban haciendo durante el torcido tiempo de Hillary como secretaria de Estado estaba mal entonces, y ahora está mal”. El FBI comenzó a investigarla pocos días antes de los comicios y aún están por verse los resultados. En todos lados se cuecen fundaciones.

 

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