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Más de 23.000 respiradores artificiales han comprado 9 países latinoamericanos desde comienzos de marzo para dotar las unidades de cuidado intensivo de sus hospitales y atender debidamente a los centenares de enfermos graves por Covid-19 que los requieran -o se espera los puedan requerir- a medida que el contagio llegue a sus picos más altos.

Desde que los primeros casos se detectaron en América Latina entre finales de febrero y marzo, los países comenzaron una frenética carrera por obtener estos equipos, que actúan como bomba de presión para inhalar oxígeno y que según su categoría pueden llegar a suplantar las funciones de un pulmón.

La alianza periodística transfronteriza Centinela Covid-19, que está siguiendo cómo los gobiernos responden a la pandemia, examinó 129 contratos de compras públicas de respiradores de uso médico y de transporte en nueve países. Forzados por el afán de prepararse lo antes posible ante una potencial demanda masiva de UCIs debidamente equipadas, todos los gobiernos hicieron sus compras bajo la modalidad de contratación directa, que según la organización Open Contracting Partnership (OCP) eleva el riesgo de irregularidades.

La pandemia además agarró a la mayoría de los países con una infraestructura hospitalaria para cuidados intensivos insuficiente o en mal estado, según determinó la investigación.

Entre los hallazgos principales, Centinela encontró que unos países fueron más precavidos y salieron más temprano a comprar, antes de que los precios de los aparatos se dispararan debido a la súbita demanda mundial simultánea. Tal fue el caso de Costa Rica y de Uruguay. También encontró que dos países, Argentina y Brasil, realizaron el grueso de sus compras a industrias nacionales, permitiéndoles mayores volúmenes a menores precios.

Asimismo hubo países, como Colombia y Perú, que hicieron múltiples pedidos a diversos precios en distintos momentos y otros, como México, que hicieron una inversión proporcionalmente mayor pero obtuvieron al final una cantidad menor de ventiladores.

Guatemala, el país más pobre de los comparados en esta investigación, hizo algunas compras de respiradores muy costosos, incluyendo tres respiradores para niños y bebés recién nacidos a más de US$100 mil cada uno, a pesar de que estos dos grupos no están entre la población que más frecuentemente está necesitando de estas máquinas para sobrevivir el virus.

A continuación presentamos un análisis gráfico que detalla los hallazgos de esta investigación. Es necesario hacer dos advertencias, sin embargo. La primera es que, aunque en algunos países los gobiernos regionales y locales también han hecho compras de estos equipos, estos hallazgos sólo reflejan los contratos realizados por entidades o agencias del orden nacional. La segunda es que los precios de los respiradores pueden variar ostensiblemente, según la capacidad, sofisticación del equipo, los accesorios que incluya y, por último, según el volumen de unidades que se compren.

Hemos diferenciado aquí respiradores de transporte (pensados para dar un apoyo temporal durante traslados), respiradores pediátricos/neonatales y respiradores que pueden ser usados por adultos. No obstante, entre estos últimos pueden existir diversas gamas y estándares de calidad.

En todo caso, como revelan los gráficos, los precios más frecuentes para esos aparatos que pueden ser usados por adultos en UCIs oscilaron entre los US$28.000 y los US$34.000 por unidad en estos nueve países. Muchas de las compras que exceden ampliamente estos rangos deben despertar preguntas de la ciudadanía.
Los datos provienen de la información recogida por nueve de los medios aliados de Centinela Covid-19 en portales abiertos de datos sobre compras públicas de los países hasta el 31 de mayo, solicitudes específicas de información y entrevistas con personas del sector salud. Los gráficos fueron elaborados por CLIP.

Como se observa en los gráficos de arriba, Brasil, el más poblado de los analizados, donde además ciudades como Sao Paulo tienen altas tasas de casos confirmados y de mortalidad, es el país que más respiradores compró y que hizo la mayor inversión. En seguida viene México que, como se ve, sacó menos provecho a su inversión.

En el caso de la Argentina, el número de respiradores que figuran son los que figuran en documentos públicos disponibles, pero tanto el Gobierno nacional como las empresas señalan que las compras duplicaron ese número.

En total, estos países han invertido más de US$320 millones en hacerse a estos equipos, uno de los insumos hospitalarios más batallados desde que la nueva cepa de coronavirus comenzó a atacar las células pulmonares de ciudadanos en todo el mundo. En esta investigación solo detallamos las compras: algunos países como Guatemala -como contó No Ficción en este reportaje– acudieron también a los arrendamientos.

En esta línea de tiempo se pueden ver todas las compras hechas por los nueve países entre febrero y mayo. Cada compra es un punto del gráfico y, al pasar el cursor, muestra los datos básicos de cada contrato.

Si un punto está más arriba en el gráfico, significa que el precio unitario en dólares de ese contrato fue más alto (cuando los contratos no especifican el costo en dólares hicimos el cambio al cambio del día). Como se puede ver, 2 compras en Guatemala fueron de los equipos que superaron los US$100 mil por unidad.

Como dijimos, las comparaciones deben hacerse con cautela, pues la gama de respiradores es amplia y sus precios varían según los volúmenes, los accesorios que traen y la velocidad de entrega. Aún así, el gráfico revela quiénes fueron los más precavidos, quienes hicieron sus compras en distintos momentos y a diferentes precios (Colombia, Perú, Guatemala) y quienes tienden a tener compras por encima de los rangos de precios de los demás (México).

Para intentar entender cómo se comportaron los precios en el tiempo semanalmente, graficamos las compras de respiradores mecánicos para adultos por país, que representan más de tres cuartas partes de las inversiones. (Son los adultos mayores quienes más han requerido atención médica intensiva a causa del Covid-19).

El gráfico permite ver que, aunque algunos países como Costa Rica, Brasil y Guatemala hicieron sus compras de ventiladores para adultos en diversos tiempos, éstas se mantuvieron dentro de rangos de precio similares. En cambio, las de Colombia y Perú tuvieron mayores fluctuaciones y los cambios en los precios en México son aún más notables.

Los precios más bajos de Brasil se explican no sólo por el volumen de sus compras, sino porque fue el único país en concentrar la totalidad de sus compras con cinco empresas nacionales. En febrero, el presidente Jair Bolsonaro expidió una ley que por la cual solicitó a los fabricantes nacionales que le vendieran al gobierno federal toda su producción, para que luego, éste los distribuyera entre los 26 estados y al Distrito Federal, según los criterios de su Ministerio de Salud. Esa medida, sin embargo, le llevó a conflictos políticos y legales con varios estados, que también habían hecho pedidos a esas empresas.

En este gráfico agrupamos todos los respiradores mecánicos para adultos en rangos de precios de US$5 mil, para ver cómo están distribuidos. Excluimos de este gráfico las compras de Brasil, que por su volumen (más de 16.000 equipos) y su precio homogéneo (US$11.400 por unidad), distorsionan la visualización e impiden leer los datos de los demás países.

Similar a Brasil, Argentina también realizó casi todas sus compras a dos empresas nacionales, lo que se refleja en sus precios por unidad más bajos. En marzo el presidente Alberto Fernández intervino las empresas nacionales, que quedaron obligadas a venderle toda su producción, y centralizó la compra y la comercialización de los equipos, algo que generó críticas por parte de las jurisdicciones que ya habían hecho compras.

México combinó compras a dos empresas locales y a una decena de extranjeras, debido en parte a que alberga varias fábricas de respiradores pero se ve obligado a exportar la mayoría de esos equipos en virtud de temas legales, como contaron Quinto Elemento Lab y otros aliados en este reportaje de la alianza.

Por último, Uruguay también hizo dos compras locales, a dos consorcios que ganaron fondos de un programa estatal de innovación tecnológica para desarrollar 50 respiradores de último recurso.

El factor tiempo incidió directamente en las compras. Lo ilustran dos compras muy similares en equipos, pero muy diferentes, en Paraguay separadas por un mes. Como contó El Surtidor en este reportaje, el gobierno paraguayo compró 31 respiradores Avea del fabricante estadounidense Carefusion Vyaire a mediados de abril, a US$41.000 cada equipo.

Un mes antes, al tiempo que el coronavirus era detectado en suelo paraguayo por primera vez, esa misma empresa distribuidora había vendido 30 respiradores Bellavista, otro modelo de Carefusion Vyaire, tras un llamado del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con dinero de la empresa estatal que maneja la hidroeléctrica de Itaipú del lado paraguayo. El costo había sido US$25.500 por unidad, aunque un ejecutivo de ese distribuidor, Ricardo Hellmers, confirmó que ambos equipos son muy similares y que incluso “los Bellavista son tecnológicamente superiores”. Atribuyó el aumento en el costo a la competencia feroz en el mercado y la desventaja de países más pequeños como Paraguay, que requieren menores cantidades.

Al final, el Ministerio de Salud paraguayo decidió recientemente consignar la compra de los respiradores por parte de Itaipú como una donación, pese a que se trata de una empresa del Estado. Además, publicó otra compra -una licitación programada originalmente para diciembre de 2019, pero luego aplazada- como finalmente efectuada, por 30 respiradores Bellavista adquiridos a Dysa Healthcare a US$26.000 cada equipo. No la incluimos en los gráficos porque el Gobierno paraguayo la clasifica como realizada el año pasado, antes de la pandemia, aunque hasta la fecha de esta publicación no hemos podido confirmar si ya se entregaron esas máquinas.

En todo caso, como contó No Ficción, no ha sido la única modalidad de acceder a ventiladores. Guatemala, pese a contar con la mayor ampliación presupuestaria de la historia de US$220 millones, compró 216 equipos. Aún así, los dos hospitales más grandes del país que han asumido la mayor carga de pacientes críticos, no han adquirido ni uno solo. Hasta la fecha esos dos centros han utilizado el método del arrendamiento.

Tres fabricantes de respiradores brasileros (Magnamed, Intermed y KTK) encabezan el listado de ventas por número de equipos, dados sus contratos con el gobierno federal de ese país. Les siguen la empresa china Beijing Aeonmed, la argentino-brasilera Leistung, la estadounidense Carefusion Vyaire y la suiza Hamilton Medical.

En monto total de los contratos, tres de esos fabricantes (Magnamed, Intermed y Beijing Aeonmed) realizaron ventas por más de US$40 millones.

En este gráfico se pueden ver los montos totales de los contratos según el país comprador y el país de origen de la marca que fabrica los respiradores (aunque los contratos fueron la mayoría de las veces firmados con empresas distribuidoras y no con filiales de los fabricantes, y en ellos entran costos como el de transporte).

Sin contar a Brasil, el primer lugar lo ocupan las marcas chinas, con US$66 millones en ventas de respiradores a América Latina, principalmente a México, Colombia y Perú. Eso incluye solamente a los fabricantes cuya casa matriz está en China, sin contar a las otras marcas que tienen fábricas en el país asiático.

Le siguen las marcas originarias de Estados Unidos, con más de US$42 millones en ventas, repartidas en casi todos los países de la región. Eso sugiere que, a pesar de que el gobierno de Donald Trump invocó la Ley de Producción de Defensa (DPA) para garantizar que las industrias nacionales provean al país productos y servicios esenciales para la defensa nacional, las compras de ventiladores no se vieron afectadas, quizás en parte debido a que muchas empresas dueñas de marcas estadounidenses tienen –como contamos– cadenas de producción globalizadas y fabrican o ensamblan estos equipos en países como México y China.

En tercer lugar aparecen las marcas de Suiza con US$32 millones en ventas, casi todas concentradas en México.

Como se puede apreciar el monto total invertido por los nueve países fue de US$320.139.240.

Este gráfico permite hacer comparaciones entre los distintos precios pagados por los diferentes países en ventiladores de las mismas marcas.

El valor que aparece en cada cuadro es el número más bajo de cada rango de precios de US$5 mil. Eso significa que, por ejemplo, Colombia pagó entre US$15 y US$20 mil por cada uno de los 800 ventiladores VG70 de Aeonmed, mientras México pagó entre US$35 y US$40 mil por cada uno de los 730 equipos de la misma marca que compró, mediante un contrato que no revela el modelo adquirido.

En algunos modelos se ven precios similares: por ejemplo, Costa Rica pagó US$28.640 por 20 respiradores Carescape R860 y Colombia pagó US$28.000 por 100 del mismo modelo, lo que los ubica en el mismo rango.

En otros hay diferencias más notables: cuatro compras de ventiladores Servo Air del fabricante sueco alemán Maquet registran precios distintos, sin analizar las configuraciones distintas que puedan tener: en marzo Costa Rica compró 30 a US$32.500 y Perú 35 a US$50.000, mientras en mayo Colombia adquirió 29 a US$18.700 y México 10 a US$50.306.

Este gráfico compila todas las compras de respiradores de los nueve países, organizados por empresa distribuidora con la que se firmó el contrato.

Las marcas brasileñas llevan la delantera por el volumen de aparatos que compró ese país en contratos por lo general únicos. Entre las distribuidoras no fabricantes sobresale la mexicana Soluciones Integrales en Gestión y Riesgos de Desastres S.A., con un contrato de 1.330 equipos que sumó US$49 millones. Algunas distribuidoras aparecen como proveedoras de varios contratos: la mexicana Integradora de Soluciones Industriales y Médicas se quedó con doce y la guatemalteca Disgua Distribuidora Guatemalteca con ocho.

Al pasar el cursor por cada cuadrado aparece el nombre y detalles de los distribuidores más pequeños. Queda por responder la pregunta de si estos son los distribuidores más experimentados en el campo médico en sus países o si figuran algunos que entraron en el negocio aprovechando las circunstancias excepcionales creadas por la urgencia, la contratación directa y la estructuración de fondos de emergencia.

Excluimos aquellos contratos que fueron anulados o cancelados por problemas de disponibilidad de equipos, mala calidad o cuestionamientos por los vínculos políticos o la falta de idoneidad de los proveedores. En total encontramos 8 de este tipo en 4 países.

Este gráfico muestra la distribución de los precios de los respiradores mecánicos para adultos en cada país y en la región en general.

Las barras verticales en cada gráfico muestran el precio mínimo y el precio máximo por unidad que pagó cada país por un equipo, siendo cada uno de los bloques en el medio un cuartil (el 25% de los contratos) y la línea vertical en todo el medio el valor central de todos los contratos. Cada círculo representa un contrato. Los más grandes en cantidad saltan a la vista por el mayor tamaño de círculo.

Este gráfico permite ver que, por ejemplo, una cuarta parte de las compras de América Latina -siempre de respiradores mecánicos útiles para adultos- se concentran entre los US$28.000 y US$34.000, que vendría a ser el precio más habitual.

Se puede ver también que el 65% de los contratos de ventiladores que compró México están por encima del valor mediano de toda la región, pero más del 91% de los ventiladores se compraron a un precio mayor al valor promedio de toda la región, mientras que los de Guatemala o Costa Rica están todos concentrados dentro de rangos de precios muy similares.

Esa misma distribución de precios se puede observar en los distintos tipos de ventilador. Curiosamente uno de los rangos más amplios está en los ventiladores pediátricos y neonatales, entre los cuales están los costos más altos por unidad de todas las compras hechas en América Latina.

¿Qué es la alianza Centinela-Covid19?

Centinela Covid-19 es un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo sobre la respuesta al Covid-19 en América Latina, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Chequeado (Argentina), El Deber (Bolivia), Agência Pública (Brasil), El Espectador y La Liga contra el Silencio (Colombia), La Voz de Guanacaste (Costa Rica), Ciper (Chile), GK (Ecuador), El Faro (El Salvador), No Ficción (Guatemala), Quinto Elemento Lab (México), El Surtidor (Paraguay), IDL-Reporteros (Perú), Univision Noticias (Estados Unidos), Confidencial (Nicaragua) y Sudestada (Uruguay), con reportería adicional de Televisión Pública de Costa Rica (Canal 13) y el apoyo de Oxfam y el Pulitzer Center on Crisis Reporting.

Paula de la Cruz / GK

Los ciudadanos de la mitad de los países de América Latina no saben cuántos tests del nuevo coronavirus realizan sus gobiernos cada día. Tampoco saben cuántas camas de cuidados intensivos existen actualmente, antes incluso de que lleguen los picos de pacientes que requieren atención médica urgente y especializada.

Hay únicamente dos datos que están universalmente disponibles en 11 países de la región: cuántas personas han sido confirmadas como portadores de Covid-19 cada día y cuántas han fallecido. Ni siquiera la estadística de cuántas personas se han recuperado es pública en todo el continente, subrayando cómo los gobiernos latinoamericanos están apostando por comunicar un mínimo de datos sobre la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Un grupo de periodistas pertenecientes a 15 medios en 13 países de la región nos juntamos para unir los puntos y entender aspectos de la respuesta a la mayor crisis global de salud pública en un siglo en nuestros países y en los tres estados de Estados Unidos con mayor población hispana. Esto encontramos al mirar qué información está fácilmente disponible y cuál no.

¿Cuántos latinoamericanos tienen Covid-19?

Los 13 países actualizan todos los días sus cifras públicas de casos confirmados de Covid-19, así como las de fallecidos.

Un país, Estados Unidos, no está publicando los números de personas que se recuperaron de Covid-19, un dato crucial porque permite entender la capacidad y calidad de respuesta de los centros médicos ante la cantidad de personas contagiadas. Brasil solo empezó a publicarlo este 14 de abril.

La mayoría de los países sí están haciendo público el origen de cada caso (es decir, si son importados, si están relacionados con esos casos importados o si se trata de transmisión comunitaria), lo que ayuda a los ciudadanos a entender su propagación. Tres países -Ecuador, Brasil y Estados Unidos- no revelan esta información.

Adicionalmente hay dos países -Brasil y Perú- que no están publicando el rango de edad de sus casos confirmados con Covid-19. En Brasil, anteriormente el Ministerio de Salud publicaba esporádicamente el rango de edad de los pacientes en estado grave, pero ahora solo revela las edades de las personas que murieron.

La mayoría de países hace pública la ubicación geográfica de sus casos (por ciudad o municipalidad), otro dato que también ayuda a entender la propagación regional.

No obstante, hay dos países que no los precisan a esa escala. Brasil sólo publica datos por estados y Argentina por provincias. Paraguay ha revelado el dato de ciudades a partir del 16 de abril. Antes solo publicaba por departamentos. En el caso de Guatemala, las autoridades dejaron de publicar la información de 22 departamentos y 340 municipios hace una semana, pasando a agruparla en cinco regiones de manera muy general. En Perú, el Ministerio de Salud reporta a nivel regional y solo en el caso de Lima, la capital, a nivel distrital.

Ese no es el único dato relevante de dónde se encuentran los casos confirmados. Buena parte de los países de la región están contándole a sus ciudadanos qué tipo de atención médica están recibiendo quienes han contraído Covid-19, incluyendo si están en casa, en el hospital o en cuidados intensivos. Dos países -Brasil y Guatemala- no hacen público este dato, que permite entender la gravedad del estado de salud de las personas contagiadas. Argentina informa a diario solo el número de personas en cuidados intensivos.

¿Qué tanto nos cuentan del testeo?

Una de las mayores preguntas ciudadanas en la fase inicial de la pandemia es qué tantas pruebas de detección están haciendo los países, bien sea las pruebas moleculares PCR que ofrecen el mayor nivel de confiabilidad o los tests serológicos de diagnóstico rápido que permiten hacer barridos poblacionales más amplios a menor costo.

La información que proporcionan los gobiernos sobre el testeo, que es una de las capacidades técnicas más urgentes de escalar, es en general restringida.

Menos de la mitad de los países de América Latina revelan de manera consistente los números de pruebas de detección que realizan cada día. Esta información se publica en Colombia, Costa Rica, Perú, México, Argentina, Ecuador y Bolivia.

En Costa Rica apenas se comenzó a informar el 15 de abril, tras la presión de la prensa y grupos de sociedad civil que exigen cada vez más datos abiertos. Colombia publica un conteo constante de muestras procesadas cada día, pero no se pueden ver tendencias si no sólo por semanas.

De todos, únicamente Bolivia publica datos sobre en qué lugares del país está tomando las muestras.

Asimismo, pocos países están revelando cuántas pruebas están en estado de procesamiento diariamente. Solo Bolivia, Paraguay y México lo hacen.

¿Qué capacidad tienen los hospitales?

Apenas en la mitad de los países consultados hay información pública sobre el número total de camas en Unidad de Cuidado Intensiva (UCI), otro dato importante dado el riesgo real de que en el pico de la enfermedad lleguen más pacientes que requieren la atención médica más especializada que los que permite atender la infraestructura existente.

Aunque no todos los pacientes con Covid-19 que son hospitalizados requieren cuidados intensivos, es uno de los datos que permiten entender los pasos que han dado los países para escalar su capacidad de brindar atención médica. Esta información es pública en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú y Estados Unidos.

Sin embargo, ello no significa que la información sea fácil de analizar. En Perú, los números de camas de UCI -así como de ventiladores- no están publicados en ningún lugar, sino que se conocen porque las autoridades nacionales los han revelado en entrevistas cuando se les ha preguntado. Esas cifras son, en todo caso, nacionales y no hay manera de entender cómo están repartidas por regiones u hospitales.

Pero de todos, solo tres países están contando a sus ciudadanos cuántas de esas camas en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) están disponibles, dado que muchas están ocupadas actualmente por pacientes con otros problemas de salud. Esto ocurre en Paraguay, Perú y Estados Unidos.

En algunos otros países las autoridades ha reportado alguna vez el porcentaje de ocupación en una fecha determinada o hay datos para regiones o ciudades específicas, pero no un panorama nacional que se informe periódicamente.

¿Con qué frecuencia reportan las autoridades?

En todos los países hay boletines periódicos de las autoridades nacionales de gobierno o salud con datos actualizados sobre el impacto del Covid-19. En varios casos, como Perú y Colombia, el presidente hace alocuciones casi diarias por televisión o redes sociales. En México y Brasil son las autoridades de salud las que comparecen diariamente.

En algunos países, las autoridades locales de departamentos o regiones complementan esa información periódicamente con datos más localizados. En Estados Unidos, esa información de salud pública está bastante descentralizada, siendo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y las instituciones privadas quienes aportan datos más confiables que los del nivel federal. En Perú, sin embargo, se han reportado desfases entre los sistemas de información en los distintos niveles territoriales, con casos de pacientes con COVID-19 o fallecidos que ya habían sido confirmados oficialmente por las regiones, pero no aparecían en el registro nacional.

En seis países, sin embargo, no hay información de autoridades locales, bien sean regionales o municipales : Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Paraguay.

¿Se ha limitado el acceso a la información?

Dos países de América Latina, El Salvador y México, han tomado la decisión más drástica de suspender los términos para solicitud de información hecha en el marco de leyes de acceso de información pública, citando la urgencia de la respuesta a la pandemia.

En México, la Plataforma Nacional de Transparencia suspendió sus términos y plazos para el acceso a la información pública entre el 23 de marzo y el 17 de abril, al tiempo que el INAI -que es el garante del derecho a la información pública- hizo lo propio con sus sesiones públicas.

El gobierno de Brasil también lo intentó, pero se lo impidió la rama judicial. El 23 de marzo, el presidente Jair Bolsonaro publicó una medida provisional que permitía a las agencias federales extender los plazos de la Ley de Acceso a la Información, en caso de que los funcionarios estuviesen en teletrabajo y sin acceso a la documentación, o que estuviesen involucrados en la respuesta a la pandemia. También preveía que, en caso de no recibir respuesta, un ciudadano podría volver a enviarla solo hasta 10 días después y que, si ésta había sido denegada, no podría apelar. La medida, sin embargo, fue revocada temporalmente días después por un ministro de la Corte Suprema, por lo que no está actualmente en vigor.

Al menos otros tres países modificaron los términos temporales para solicitudes de información pública, extendiendo los plazos legales o cambiando las condiciones de respuesta. Esto ocurrió en Argentina, Colombia y Perú, significando en los últimos dos que el plazo legal para responder es más largo que la duración de las cuarentenas decretadas por sus gobiernos.

En Perú también se estipuló que las solicitudes de información no digitalizada se verán afectadas por las limitaciones de movilidad de los funcionarios públicos y que algunos organismos incluso podrían suspender los plazos de estos trámites.

En la mayoría de países, los periodistas sienten que las respuestas a solicitudes de información están tardando más de lo habitual. En Costa Rica, si bien no ha habido cambios en la jurisprudencia que garantiza el acceso a la información pública, las autoridades están más herméticas a responder consultas de periodistas. En Bolivia, que no cuenta con una ley de acceso a la información pública, el Gobierno muestra apertura a atender las solicitudes pero en la práctica son comunes las alusiones a la herencia del gobierno anterior de Evo Morales, a la falta de sistematización de la información o a la inexistencia de los datos.

En todo caso, en los 12 países, sin excepciones, está garantizada la circulación de periodistas en medio de medidas de restricción a la movilidad a la población general.

¿Se está restringiendo el trabajo de periodistas?

En general los periodistas de América Latina sienten que sí se ha restringido o limitado el acceso a la información pública desde que estalló la emergencia del covid-19.
El caso más extremo es el de Honduras, donde el presidente Juan Orlando Hernández decretó el estado de emergencia y suspendió varios artículos de la Constitución, incluyendo el que protege el derecho a la libertad de expresión.

Esa decisión le ocasionó duros cuestionamientos a su gobierno, que reversó la suspensión del artículo de libertad de expresión dos semanas después a causa de la presión internacional. “Es el tipo de medidas desproporcionada y que afecta el derecho de la población a acceder a información completa sobre el Covid-19”, dijo Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “No debe abusar de esas medidas para limitar la libertad de expresión, particularmente en un momento cuando los medios desempeñan un papel fundamental para mantener a la sociedad informada y segura”, dijo el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) global.

Más allá de Honduras, en al menos otros ocho países los periodistas citan una menor disponibilidad de información pública.

En El Salvador, el gobierno restringe quién tiene acceso a los espacios de información pública y no permite preguntas a medios que considera críticos, entre los cuales está El Faro, integrante de nuestra alianza.

Aunque el gobierno de Nayib Bukele ha sido enfático en que no busca restringir el derecho a la libertad de expresión, en la práctica ha sido la Asamblea Legislativa la que ha logrado salvaguardarlo. Por ejemplo, cuando aprobó el estado de excepción, fue la Asamblea la que incluyó un artículo que establece que el Gobierno no puede limitar la libertad de expresión. Asimismo, cuando aprobó fondos de emergencia a través de préstamos millonarios y autorizó suspender la Ley de Contrataciones para permitir compras rápidas, el legislativo incorporó cláusulas que prohíben la reserva de información.

Aún así, las oficinas de información y respuesta (OIR) que deben velar por el respeto a la Ley de Acceso a la Información Pública, no están funcionando y anunciaron que solo admitirían solicitudes de información pública tras finalizar la cuarentena decretada, por lo que en la práctica el Gobierno salvadoreño sí ha conseguido restringir de manera temporal el acceso a la información.

Las quejas de que la información disponible es limitada son frecuentes, incluyendo que se ha vuelto más difícil obtener datos adicionales a los que ya son públicos y que no hay respuestas a las preguntas hechas a las autoridades.

En Costa Rica, los periodistas envían sus preguntas a un chat de Whatsapp previo a la conferencia de prensa diaria del Gobierno, pero con frecuencia no son leídas y o no reciben respuestas claras.

En Guatemala, el secretario de comunicación de la Presidencia ha bloqueado la participación de los periodistas durante varias días en el chat de información oficial del gobierno para evitar cuestionamientos sobre el manejo de la crisis sanitaria, por lo que se publicó un comunicado firmado por 97 comunicadores.

Aunque los periodistas no sienten que sus gobiernos estén usando esta coyuntura para restringir la libertad de expresión, sí creen que los sistemas de información sobre salud pública no son suficientes para permitir un periodismo riguroso, con base en evidencia y que intente mirar la respuesta al Covid-19 en su complejidad.

En Ecuador, por ejemplo, el gobierno de Lenín Moreno creó un mecanismo de ruedas de prensa virtuales mediante el cual los periodistas enviaban sus preguntas, pero no había claridad sobre cuál era el proceso para seleccionarlas, ni quién lo hacía. Después de una queja pública firmada por varios periodistas ecuatorianos, ahora las ruedas de prensa se hacen por Zoom con posibilidad de preguntas.

En Perú, los periodistas piden que se brinde información más segregada por parte del Ministerio de Salud en sus reportes diarios, incluyendo las características demográficas de los casos positivos así como de los fallecidos. Además, piden informar sobre las regiones con el mismo nivel de detalle con el que se informa sobre Lima, tanto los datos de los pacientes como el número de equipos y camas disponibles.

Con muchos gobiernos optando por informar con el menor nivel de detalles posible, los periodistas sienten que investigar y proveer información de calidad sobre la respuesta al Covid-19 se ha vuelto una labor más lenta y difícil, afectando de forma directa a la información que reciben los ciudadanos.

Centinela Covid-19 es un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo sobre la respuesta al Covid-19 en América Latina, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Chequeado (Argentina), El Deber (Bolivia), Agência Pública (Brasil), El Espectador y La Liga contra el Silencio (Colombia), La Voz de Guanacaste (Costa Rica), Ciper (Chile), GK (Ecuador), El Faro (El Salvador), No Ficción (Guatemala), Quinto Elemento Lab (México), El Surtidor (Paraguay), IDL-Reporteros (Perú) y Univision Noticias (Estados Unidos), con el apoyo de Oxfam y el Pulitzer Center on Crisis Reporting.

Esta nota fue actualizada el 17/04/2020 a las 15.30 por cambios en la información disponible en diferentes países.