en Investigación

En marzo de 2013 Carlos Abregú y Emanuel Ojeda, dos adolescentes de 17 años, fueron asesinados por el policía federal Aníbal Aguirrez Manzur en Moreno, un policía federal que tenía 20 años en aquel entonces. La historia de sólo uno de los 35 casos de gatillo fácil que hubo en una de las áreas más desiguales del Conurbano bonaerense: Moreno.

 

El domingo 17 de marzo de 2013, después del mediodía, Carlos Abregú y Emanuel Ojeda fueron hasta el dique Roggero de Moreno. Emanuel pasó a buscar a Carlos, que vivía cerca de su casa, en la moto de su hermano: una Zanella negra y chica, que parece una scooter. Todos los domingos iban hasta allá para meterse en ronditas formadas por adolescentes. Se armaban en las orillas de un río de agua turbia y basura acumalada entre el pasto crecido. El objetivo era estar en esa pasarela de pibes motorizados en la que cada uno trataba de impresionar a los otros con su moto.

Ese mismo domingo de marzo, Aníbal Aguirrez Manzur empezaba su día cerca de ahí. Después de las 12, salió desde su barrio en el partido de Merlo hasta el dique en su moto Yamaha modelo YBR 125 color negro. Tenía el mismo plan que Carlos y Emanuel: pasar el día rodeado del ruido de los motores y de botellas vacías acumuladas al lado de cada grupo.

A media tarde, Emanuel llevó a Carlos a la casa porque se había caído de una moto que pidió prestada para hacer una pirueta y, como se le había manchado la remera y no le gustaba andar desprolijo, volvió para cambiarse. Todavía quedaba un rato de sol y no tardarían demasiado en regresar.

Entre las seis y las siete de la tarde los dos chicos se cruzaron con Aníbal cerca del Minguillón, un frigorífico montado sobre el río Reconquista, uno de los ríos más contaminados del país, que separa a los municipios de Merlo y Moreno, municipios gobernados por los intendentes del Frente para la Victoria, Gustavo Menéndez y Walter Festa. Nadie sabe cuál fue el motivo por el cual Aníbal decidió sacar el arma que tenía encima para dispararles. No hubo testigos directos en la esquina donde se cruzaron. Sólo dos personas, que llegaron cuando todo estaba terminado, vieron a Carlos tirado en el piso y cómo Emanuel corría mientras levantaba sus dos brazos para cubrirse la cabeza, trataba de protegerse de una bala que finalmente entró a su cuerpo por el pecho y lo dejó sin vida en ese mismo momento.

Carlos y Emanuel tenían 17 años. Aníbal, 20 y era policía federal.

Frigorífico Minguillon, lugar donde les dispararon a Carlos y Emanuel. Foto: Flickr

Frigorífico Minguillón, lugar donde les dispararon a Carlos y Emanuel. Foto: Flickr.

Esta historia es sólo una entre los al menos 35 casos de gatillo fácil que hubo en Moreno en los últimos diez años, cometidos por fuerzas federales y provinciales. Si bien no hay cifras oficiales -porque las estadísticas que recopila el Ministerio de Seguridad de la Nación sólo ofrecen datos sobre homicidios dolosos sin detalles de lugar, causas o de victimarios-, existen relevamientos que hacen organizaciones sociales, como la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Aunque parezcan pocos, los casos ocurrieron en uno de los territorios más calientes y violentos del Conurbano bonaerense. En 2017 (último año con datos oficiales publicados), la tasa de homicidios de Moreno fue de 10,3 homicidios dolosos cada 100 mil habitantes. A pesar de que ese número es el más bajo de los últimos años, el municipio duplicó la tasa provincial y la nacional, que llegó a superar por poco los cinco homicidios cada 100 mil habitantes.

Carlos y Emanuel tenían 17 años cuando murieron. Aníbal, 20 y era policía federal.

“Es difícil generar cifras certeras sobre este problema porque no existe una manera correcta y específica que se adecúe a lo que se entiende por gatillo fácil”, explica Manuel Tufró, coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS. Y, además, agrega: “Nosotros creamos una base de datos en donde corroboramos con versiones de la prensa las muertes en manos de fuerzas de seguridad federales y provinciales”.

Según el registro del CELS, al menos 107 personas fueron “ejecutadas” en Moreno en manos de las fuerzas de seguridad desde que se inició el registro en 1996. El CELS utiliza el término “ejecuciones” para referirse a “aquellos casos conocidos públicamente como ‘gatillo fácil’, es decir, casos de asesinatos en tanto demostración de poder o impunidad y que suponen alevosía por parte de efectivos de seguridad del Estado”.

La Correpi, una organización que trabaja en temas de derechos humanos y violencia institucional, tiene una concepción más amplia y considera al gatillo fácil como “una vertiente represiva dirigida de manera aparentemente indiscriminada sobre la población más vulnerable”.

Sin embargo, este caso de Moreno pone en evidencia que, en ciertas ocasiones, miembros de la misma “población vulnerable” se atacan entre ellos: Carlos, Emanuel y Aníbal eran del mismo sector social.

“El medio social del que sale la mayoría de los efectivos es el mismo que el de los pibes”, destaca Juliana Miranda, socióloga especializada en Criminología por la Universidad Nacional del Litoral. Además, agrega: “Muchas veces pasa que conocen a la misma gente y hasta entablan vínculos entre ellos que pueden ser previos a que ocurra un conflicto como este”. Aunque no eran amigos, Carlos, Emanuel y Aníbal compartían la misma pasión: las motos. Y encontraban en el dique un escenario de espectadores sobre ruedas.

Dique Roggero. Foto: Gobierno de la Provincia.

Dique Roggero, Moreno. Foto: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Gloria dice que “Carlitos y Ema” eran inseparables y que para ella Emanuel ya era parte de la familia. Gloria es la mamá de Carlos Abregú. Habla despacio, se la ve serena y está sentada con su hijo Ciro, de tres años y a quien Carlos no llegó a conocer, a upa. La familia de Emanuel no quiso dar testimonio para esta crónica.

“Yo me acuerdo perfecto de ese día. Estábamos comiendo y Ema vino a buscar a Carlitos para irse al dique como siempre -recuerda Gloria-. Yo le ofrecí comida pero Ema no quiso. Era medio tímido, así que le dí uvas, me dijo que le encantaban y se comió el plato entero”.

Carlos y Emanuel eran vecinos, vivían en Cascallares, un barrio de casas bajas, humildes y calles sin pavimentar en la periferia de Moreno. Compartían amigos, salidas y gustos. El papá de Carlos es constructor y Gloria trabajaba como empleada doméstica hasta el día que mataron a su hijo. Ahora da un taller de lectura en una biblioteca popular del barrio y atiende un merendero en su casa.

“Cuando Carlitos era chico le encantaban los caballos y hasta tuvimos acá en el jardín, pero era un lío tenerlos.na vez se los robaron y no paraba de llorar”, recuerda Gloria tranquila, mientras prepara un mate: le pone azúcar y café molido. Cuando llegó a la adolescencia, Carlos abandonó su fanatismo por esos animales para reemplazarlo por el de montar motos. Poco antes de que lo mataran había vendido la suya para comprarse un auto, pero después de su muerte sus papás se ocuparon de volver a conseguirla. La moto roja de Carlos hoy está estacionada en la puerta de su casa.

“En los sectores populares, y sobre todo en los jóvenes en particular, la moto es una manera de componer identidad y representa una herramienta de trabajo, una manera de acceder al ocio y de llegar también a la ciudad”, explica Esteban Rodríguez Alzueta, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y director del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre Violencias Urbanas de la misma institución.

Gloria señala la moto de su hijo por la ventana y dice: “Cuando se hizo fan de ‘la roja’ no lo paraba nadie, se iba a todos lados. Si había algún encuentro de motos, no faltaba nunca porque era muy libre. Yo como mamá ahora me arrepiento ¿viste?, pero con esa libertad vivió un montón de cosas lindas que yo con esta edad no llegué a vivir todavía”.

El domingo 13 de marzo, Carlos se fue con Emanuel al encuentro de motos que se hace cada semana en el dique. A Gloria nunca le pareció peligroso que los chicos fueran: “Después me enteré que ahí corría la droga y el alcohol. Los chicos no consumían porque siempre volvían bien, yo los veía; pero ahí había otros peligros, que no supe ver, como este policía”.

Bandera colgada en la plaza frente al Tribunal de Mercedes donde se leyó la sentencia del juicio. Foto: Facebook Correpi.

Bandera colgada en la plaza frente al Tribunal de Mercedes donde se leyó la sentencia del juicio. Foto: Facebook Correpi.

El día que Aníbal mató a Carlos y a Emanuel estaba de franco. En los últimos seis años en el Conurbano bonaerense los efectivos de las fuerzas de seguridad mataron a más personas estando de civil que en funciones, según los datos que hay disponibles hasta el momento. La mayoría de las historias de gatillo fácil que ocurrieron en Moreno fueron de policías “fuera de servicio”. Sin embargo, también son más frecuentes los casos de efectivos que mueren fuera de su trabajo que cuando están en función.  

Aníbal tenía apenas 20 años cuando disparó contra Emanuel y Carlos, y al igual que ellos disfrutaba de los domingos con su moto en el dique. Se unió a la Policía Federal apenas terminó el secundario y en esa decisión radica la diferencia entre este joven y los otros dos: Aníbal es parte del Estado.

Eugenia Cozzi, doctora en Antropología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y becaria posdoctoral del Conicet que investiga cómo se vinculan los jóvenes de sectores populares con la violencia, destaca en un ensayo sobre este tema que los adolescentes tienen dificultades para construir identidades a partir de las instituciones tradicionales porque suelen relacionarse con ellas a través de experiencias de humillación y opresión.

En los últimos años los miembros de las fuerzas de seguridad mataron a más personas estando de civil que en funciones

La relación de Carlos y Emanuel con una institución tradicional, como  la escuela, era complicada. Gloria también cuenta que Carlos había dejado los estudios. A su hijo no le gustaba ir a clase ni estar encerrado y quieto muchas horas. Según datos oficiales, en Moreno casi un 6% de la población no asiste o nunca asistió a la escuela, mientras que a nivel provincial el número desciende a 4,9 por ciento.

“Yo le insistía para que volviera porque con los estudios es todo más fácil, así que se anotó en la nocturna”, recuerda Gloria. Finalmente, Carlos cursó un tiempo en el Colegio Nº20 Florencio Molina Campos, pero nunca pudo terminar.

Aníbal, además de finalizar el secundario, se graduó en la Escuela de Cadetes de la Federal con el rango de “Oficial Ayudante de Policía” y así adquirió la marca del “estado policial”.

En nuestro país, el llamado “estado policial” significa que un efectivo es policía cuando está en su horario laboral, cuando se va a su casa, cuando está de franco e, incluso, cuando se retira. Se trata de una marca con la que cargan toda la vida y de la que no se pueden desprender aunque quieran: es una condición jurídica que les permite a los efectivos intervenir en cualquier situación delictiva aunque no estén en servicio y les da el derecho a portar su arma todo el tiempo.

Aguirrez Manzur durante el juicio oral. Fuente: Facebook Correpi.

El policía federal Anibal Aguirrez Manzur durante el juicio oral. Foto: Facebook Correpi.

Un año después de la muerte de Carlos y Emanuel, durante la gestión de Daniel Scioli como gobernador de la provincia, se quiso modificar el “estado policial”, pero las propuestas no prosperaron. En ese entonces (junio de 2014) el bloque del Frente Para la Victoria presentó un proyecto de ley provincial para crear las llamadas “policiales locales”, es decir, fuerzas de seguridad dependientes de cada municipio del Conurbano. En el artículo 25 de esa propuesta se exigía que los efectivos dejaran sus armas cuando no estuviesen en función.

Finalmente, a fines de junio de ese año Scioli creó por decreto las policías locales, pero no modificó el “estado policial”. Luego, una resolución del Ministerio de Seguridad de la Provincia, encabezado en ese momento por Alejandro Granados, reglamentó el funcionamiento de las policías locales y, en sintonía, con lo decretado por Scioli no realizó ningún cambio en este sentido.

Este tema volvió a estar en agenda recientemente ya que el año último Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, publicó una resolución que establece las circunstancias en las que las fuerzas de seguridad federales están habilitadas a utilizar armas de fuego: la defensa propia o de otra persona, para impedir un delito grave que ponga en riesgo la vida de un tercero, para detener a una persona que represente un peligro y, por último, para impedir su fuga. Además, no está obligados a dar voz de alto.

Para un oficial llevar el arma cargada en la cintura, como la que tenía Aníbal, también funciona como un elemento identitario. “Para un joven policía el arma es una oportunidad de adquirir prestigio y de levantarle la autoestima a través de la ‘autoridad’ que representa ese objeto en la cintura”, explica Rodríguez Alzueta, el investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y director del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre Violencias Urbanas de la misma institución. El especialista también señala: “Desde el momento que un joven viste un traje azul y empuña una pistola, la apreciación que existía sobre él se modifica completamente: hasta ayer la gente cruzaba la calle o aceleraba el tranco cuando lo veía y hoy lo llaman ‘Señor policía’”.

Anibal Aguirrez Manzur durante el juicio oral. Foto: Facebook Correpi.

El policía federal Aguirrez Manzur durante el juicio oral. Foto: Facebook Correpi.

La familia de Carlos y la de Emanuel se enteraron de lo que pasó ese domingo de 2013 cuando se hizo de noche. Mientras unos tenían que reconocer un cuerpo, otros debían averiguar en un hospital si su hijo seguía vivo.

Carlos agonizó durante dos meses y 17 días en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, el único de Moreno. Emanuel murió en el acto.

Después de que el policía Aníbal Aguirrez Manzur disparara, se acercó a Carlos, que estaba tirado en el piso, y le dijo que se calmara, que se tranquilizara que no se iba a morir. O, al menos, eso contó el policía cuando declaró en el juicio en el que fue condenado a 20 años de cárcel.

Mientras Carlos estuvo en el hospital, no pudo decir ni una palabra sobre lo que pasó: primero estuvo en estado de coma inducido y luego pasó el resto de las semanas intubado sin poder hablar. Mientras tanto, Aníbal siguió ejerciendo su función como policía. Recién un año después, en 2014, fue detenido y separado de la fuerza.

El juicio empezó el 29 agosto de 2016 con el oficial de la Federal ya detenido. Ismael Jalil, abogado integrante de la Correpi, fue quien representó a la familia Abregú. La defensa estuvo a cargo de cuatro abogados del Ministerio de Seguridad de la Nación, organismo que puede patrocinar -o no- a los efectivos de fuerzas federales ya que así lo estipula la Ley orgánica para el Personal de la Policía Federal.

“Yo pedí perpetua para el policía y que se le aplicara el artículo 80 inciso 9 del Código Penal, pero el tribunal al final le dio 20 años porque no estaba en funciones”, dice Jalil mientras señala el fragmento de la sentencia donde está la condena. El artículo del Código al que se refiere Jalil sostiene: “Se le aplicará prisión perpetua a quien matare abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario”.

Finalmente, según se detalla en la sentencia de la causa, el policía fue condenado a 20 años de cárcel “por ser responsable de los delitos de homicidio simple agravado por su comisión con arma de fuego”.

La familia de Carlos luego de escuchar la sentencia del juicio. Fuente: Facebook Correpi

La familia de Carlos Abregú luego de escuchar la sentencia del juicio. Foto: Facebook Correpi.

Aquella tarde de 2013, el policía estaba acompañado de otros dos efectivos que también estaban de franco y pasaban el domingo en el dique. Cuando se inició la investigación fueron acusados por la querella de “encubrimiento agravado”: Jalil sostiene que esos dos efectivos modificaron el relato de lo que pasó para reforzar la versión policial, pero la Justicia no lo pudo determinar. Los dos fueron absueltos.

Durante el juicio, Aníbal dijo que Emanuel y Carlos quisieron robarle, por eso los primeros días de internación Carlos estuvo esposado a la cama del hospital. El policía dijo que Emanuel estaba armado. Que le apuntó en la cabeza. Que gatilló. Que el arma hizo “clic”. Que la bala no salió. Que él sólo se defendió. Pero su versión fue descartada durante el juicio.

La mañana del 22 de septiembre de 2016, cuando se leyó la sentencia, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 de Mercedes consideró que la versión del policía “no fue corroborada por ninguna prueba objetiva por fuera de sus dichos” y que “los testigos por él propuestos no coincidieron en la descripción de las circunstancias”. El arma que supuestamente tenían los chicos nunca apareció.

Jalil quedó satisfecho con la condena, aunque no fuera la que pidió. “De los casos de gatillo fácil en los que trabajé tengo más perdidos que ganados, porque generalmente la Justicia reafirma la versión policial que siempre es un enfrentamiento o un intento de robo”, dice el abogado.

Según los datos del Registro Nacional de Reincidencia (RNR), obtenidos a través de un pedido de acceso a la información pública, en la Provincia de Buenos Aires fueron condenados por homicidio un total de 360 policías (el RNR no discrimina por fuerza) en los últimos diez años.

Además, se realizó otro pedido de acceso a la información, al Ministerio de Justicia y al de Seguridad de la Nación, para conocer la cantidad de efectivos imputados por ese delito para poder determinar una tasa de condena. Pero la respuesta no coincidió con los datos del RNR y además las fuentes oficiales respondieron que la información vinculada a la Policía Federal estaba dentro de las excepciones que contempla la ley (artículos 5 y 8 incisos i,k y l). Por lo tanto, argumentaron, el Estado estaba eximido de entregarla.

Jalil también fue querellante en otras causas similares ocurridas en Moreno, como en los casos de Christopher Torres y Ricardo Argañaraz, asesinados en 2008 y 2010 . Dice que no le sorprende que el municipio ya tenga al menos 35 casos “porque es uno de los partidos del Conurbano que más concentra la desigualdad social y eso genera que aumente la violencia entre los pibes y la cana”.

En la Provincia de Buenos Aires fueron condenados por homicidio un total de 360 policías en los últimos 10 años

Moreno es uno de los seis partidos del Conurbano que posee un nivel alto de necesidades básicas insatisfechas (NBI), es decir, que sus habitantes no cuentan con acceso al agua corriente o inodoros en sus viviendas, entre otras deficiencias, según datos del Observatorio del Conurbano dependiente de la Universidad Nacional General Belgrano. De hecho, un 23,1% de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares con NBI. Al mismo tiempo cuenta con countries y barrios privados en zonas que limitan con asentamientos, como Cuartel V, donde ni siquiera hay calles pavimentadas. En el barrio de Carlos y Emanuel, tampoco hay cemento.

Así, Moreno es un partido donde conviven la tierra de las calles con la violencia entre policías y jóvenes, a veces del mismo sector social. Un lugar donde el Estado se ausenta y, si aparece, dispara.

 

Este artículo se realizó como parte de la Beca Cosecha Roja 2018 para periodistas y editores de América Latina.

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