y en Investigación

Pese a que el ex presidente del IOMA Antonio La Scaleia negó haber participado en una sociedad offshore sin declarar, los documentos surgidos de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) confirman su participación en una firma en la que también figuran como accionistas quien era su segundo al frente de la mutual y dos prestadores cuyas empresas son investigadas por la Justicia por presuntos fraudes millonarios contra la obra social bonaerense.

 

Muertos que figuran recibiendo prestaciones, compra de insumos con sobreprecios exorbitantes, tercerización indebida de servicios, facturaciones apócrifas y extraordinarias utilidades para empresas ligadas con funcionarios son sólo algunas de las reiteradas irregularidades y fraudes denunciados en el seno del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la mutual del Estado bonaerense que presta servicios a dos millones de empleados públicos y jubilados de la Provincia de Buenos Aires y maneja un presupuesto anual superior a los $21 mil millones, lo que representa una partida casi idéntica a la asignada al Ministerio de Salud provincial, con 78 hospitales bajo su órbita.

IOMA presta servicios a dos millones de afiliados y tiene un presupuesto de $21 mil millones.

 

En la última década se abrieron una veintena de causas en las que se investigan millonarias maniobras que dejaron al descubierto un sistema permeable a la corrupción que, a su vez, abrió sospechas sobre la complicidad de autoridades del organismo y sus jefes políticos. Para el gobierno de María Eugenia Vidal, que a poco de asumir presentó nuevas denuncias ante la Justicia, el desfalco rondó los $1.500 millones sólo en los últimos cuatro años. En la Justicia prefieren, por el momento, no hacer estimaciones porque, dicen, “cada día salta un nuevo caso que acrecienta el fraude”.

Pese a que en muchos casos se logró reunir numerosas pruebas sobre los mecanismos del fraude, hasta el momento prevalece la impunidad. A la ausencia de condenas judiciales se suma la inexistencia de sumarios administrativos contra los funcionarios sospechados. Inesperadamente, el escándalo producido por la difusión de los Panama Papers por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que sacudió al mundo, abrió una hendidura para la dilatadas y hasta ahora poco fructíferas investigaciones de presuntos hechos ilícitos en el IOMA.

Ocurre que, en medio del listado de las más de 200 mil empresas, fundaciones y fondos de inversión que operaron en paraísos fiscales desde 1977 a 2015, de las cuales 270 están vinculadas con empresarios argentinos, apareció el nombre del ex titular del IOMA, Antonio Atilio La Scaleia, como accionista de una firma offshore denominada IT Invest Group Technologies SA. La intermediación en los trámites constitutivos fue realizada por el abogado especialista en derecho tributario Paul Etenberg. Se trata de una empresa fundada el 6 de julio de 2012.

Certificados de accionistas de IT Invest Group

Entre los accionistas de IT Invest Group hay consultores contables e inmobiliarios en su mayoría monotributistas sin empleados a cargo ni otras sociedades registradas y con domicilios en diversas ciudades del mundo. Según lo revelado por los Panama Papers, participan de la compañía Ignacio Forconi, abogado que se dedica a los negocios inmobiliarios; Juan Ignacio, María Victoria y Tomás Fernández Araujo, domiciliados en Quilmes; Gustavo Guillermo Weidemann, cuya empresa brinda servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresaria; Martín Weidemann; Paola Perticone, Rafael Aragona, Oscar Alberto Botto, Adrián Alberto Blanco, Juan Andrés Martín, Martín Villanueva, y las empresas de asesoramiento empresarial Fivepools SAS y la financiera Juepaje SAS, ambas de origen colombiano.

La nómina de IT Invest Group incluye al ex Jefe de Gabinete de IOMA y a dos prestadores investigados.

 

Pero la nómina de miembros de IT Invest Group Technologies SA incluye otros nombres, como el de Daniel Osvaldo Burgos, jefe de Gabinete de IOMA en la gestión de La Scaleia-Scioli. A pesar de formar parte de una empresa en el exterior, Burgos aparece en los registros de la AFIP como monotributista categoría I, es decir, con ingresos declarados inferiores a los $33 mil mensuales.

Llamó especialmente la atención de los instructores judiciales que en la firma junto con La Scaleia también aparecen como accionistas Gustavo Fernando Baldachis y Ricardo Adrián Bianchimano, vinculados entre sí en varias empresas del país, entre ellas, la firma de internación domiciliaria Juntos en Casa SRL, una proveedora de IOMA que es investigada por la JusticiaChequeado intentó conocer la versión de Baldachis, Bianchimano y Burgos, pero ninguno de los tres quiso atender los llamados de este medio.

Acta de reuniones de la Junta Directiva de IT Invest Group

Baldachis y Bianchimano ingresaron a Juntos en Casa SRL meses después de que La Scaleia asumiera con vice de IOMA.

 

De acuerdo con la documentación disponible Baldachis y Bianchimano ingresaron a la sociedad en enero de 2014, mientras que La Scaleia y Burgos lo hicieron en abril de ese mismo año. Sin antecedentes en el rubro de la salud, Baldachis y Bianchimano, ambos contadores, ingresaron a la sociedad Juntos en Casa SRL en abril de 2008, pocos meses después de que La Scaleia asumiera como vicepresidente de IOMA. La firma había sido creada cuatro años antes por los enfermeros Luis Alberto Otarola y Paula Antonia Miranda para brindar el “servicio integral de enfermería domiciliaria”.

Baldachis y Bianchimano también comparten otros negocios ligados con la salud y IOMA: son socios en la empresa Intergemed SRL, dedicada a la prestación de servicios médicos. Hasta hace poco, en el noroeste bonaerense se atribuía la empresa a Nicolás Horacio Galoppo, un cirujano que estuvo varios años inhabilitado por estar involucrado en un caso de mala praxis por la muerte de una chica de 18 años en el Instituto Médico de Diagnóstico de Haedo, a mediados de 2008, por la que finalmente fue absuelto dos años después.

Tanto los miembros de Intergemed como los de Juntos en Casa están siendo investigados por presunta asociación ilícita junto con otro grupo de compañías dedicadas a la internación domiciliaria en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Nº 6540/16 seguida por la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) Nº 8 de La Plata, a cargo del fiscal Jorge Paolini. Entre otras maniobras, según fuentes judiciales, se detectó en la facturación tratamientos a personas fallecidas, que nunca habían solicitado atención o que pertenecían a ciudades diferentes a donde el servicio se prestaba. Ante la Justicia se presentó documentación que habría sido fraguada para autorizar tratamientos e insumos sobrefacturados, como prótesis y medicamentos que luego eran ingresados en el circuito comercial, explicaron los instructores.

“Para posibilitar la maniobra se realizaban auditorías apócrifas en favor de empresas”.

 

Según representantes del Sindicato Único de Profesionales Trabajadores y Técnicos del Instituto de Obra Médico Asistencial (Supttioma), “para posibilitar la maniobra se realizaban auditorías apócrifas en favor de las empresas señaladas”. En las constancias obrantes en el expediente, cada módulo de internación domiciliaria oscilaba entre los $30 mil y los $50 mil.

Los documentos refutan a La Scaleia

Al ser consultado por Chequeado, La Scaleia negó tajantemente ser accionista de IT Invest Group Technologies y atribuyó la inclusión de su nombre en la compañía offshore a la utilización, sin su autorización, de una base de datos robada. “Son todas mentiras con las que quieren ensuciar a Scioli, que es un candidato que todavía está en pie”, dijo a este medio el presidente de IOMA entre 2010 y 2015, y se comprometió a presentar pruebas documentales de sus dichos en caso de ser llamado a declarar por la Justicia.

No obstante, la sociedad offshore IT Invest Group, activa y creada con el objeto de realizar todo tipo de operaciones y transacciones comerciales, fue constituida por el estudio panameño Mossack Fonseca, por pedido del Estudio Pérez Blanco, de Uruguay, en 2012.

Constitución de la sociedad IT Invest Group

En el marco de la creación de esta sociedad, La Scaleia fijó residencia en Arrecifes 1191, en el partido de Castelar, Provincia de Buenos Aires. Los prestanombres de la firma fueron Pablo Ruiz y Yadira de Boutaud; el primero, vecino panameño, la segunda de oficio secretaria, en representación de otras dos empresas: Dubro Limited y Aliator SA. Luego, en calidad de directores, también se añadió a Yakeline Pérez, Yenny Martinez y Hercibelle González.

Esto sucedió, como se dijo, el 6 de julio de 2012. Cinco días más tarde, el 11 de julio de 2012, Ruiz y Boutaud cedieron sus poderes sobre IT Invest Group Technologies SA a los argentinos Martín y Gustavo Weidemann. La fecha de vencimiento del poder fue, originalmente, el 11 de julio de 2015.

Unos días antes de esa fecha y ya con otra intermediación, la del abogado Paul Etenberg, se solicitó la renovación del poder, que caducará recién el 18 de agosto de 2018. La dirección física actual de la empresa es la que reportó Etenberg: Avenida Libertador 6550, tercer piso, ciudad de Buenos Aires. Chequeado fue a esta dirección y constató que ahí funciona el Estudio Gold, dedicado al asesoramiento de empresas y personas que dirige Etenberg, que no se encontraba en el lugar y no respondió nuestro llamado.

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La oficina del Estudio Gold en Libertador al 6550. Fotos: Chequeado.

Con cada apertura de cuenta o revocación de poderes, el estudio Mossack Fonseca tiene como protocolo chequear, vía Web, los nombres de intermediarios, empresas, accionistas y apoderados. Muy en especial cuando se trata de PEP, es decir, de “personas expuestas políticamente”, como La Scaleia. De los documentos analizados a través de Panama Papers surge que usan distintos recursos en línea, desde las bases de datos del FBI, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, hasta la Interpol y Rulers. En el caso particular de La Scaleia, cuando sus empleados hicieron lo propio, a fines de 2015, los resultados en Lexis Nexis y en WorldCheck fueron negativos, pero la búsqueda avanzada de Google, para su nombre completo ya mostraba un alerta: el primer resultado de la pesquisa resultó el título de una denuncia reportada por el Diario Hoy en 2014, por la presunta utilización del IOMA para brindar un trato favorable e ilegal en favor de la madre de la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Tras la revelación del ICIJ, los representantes de la Asociación de Profesionales de IOMA (Apioma), Idelmar Raúl Seillant y Claudia Irene Terrasa, ambos auditores de la obra social, pidieron a la Justicia que investigue el supuesto enriquecimiento ilícito de La Scaleia y de algunos de sus principales colaboradores a los que acusaron de cometer los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública, entre otros. En el escrito de 89 fojas, firmado por el abogado Jorge Fermín Milloc, se denuncian 24 delitos de acción pública.

La causa (N° 26839/16) quedó radicada originalmente en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 2 a cargo de la fiscal Betina Judith Smolinsky de Lacky, pero la semana última la investigación pasó a manos fiscal Alvaro Garganta, a cargo de la UFIJ Nº 11. Fuentes con acceso al expediente señalaron a Chequeado que existen elementos que permiten identificar lazos entre las distintas sociedades investigadas, así como aseguran haber detectado pistas sobre supuestas vinculaciones entre empresarios y quienes debían contratar y controlar la prestación de los servicios. Garganta pidió el auxilio de la Unidad de Información Financiera (UIF), que ya sigue los pasos de La Scaleia y sus negocios.

En realidad, “el Tano” La Scaleia, como lo llaman sus amigos, ya había quedado en el ojo de la tormenta unos meses antes de la revelación de Panama Papers, luego de que, en abril de 2016, su sucesor, el actual titular de IOMA, Sergio Daniel Cassinotti, llevara a la Justicia una decena de denuncias por anomalías constatadas por su equipo tras hacerse cargo del organismo.

De acuerdo con esas presentaciones, se habrían pagado más de $36 millones anuales por medicamentos comprados a través de amparos o por urgencias mediante trámites de excepción, en cuyos casos se abonó entre el 25% y el 30% por encima de su valor. Además, se habrían emitido facturas por internación domiciliaria a pacientes fallecidos y a otros afiliados a quienes no se les brindó nunca la atención facturada. Desde el organismo provincial también se detalló que hubo “compras fraguadas” en ortopedia, como también “ítems con sobreprecios entre dos y tres veces más caros”.

En una entrevista concedida a Chequeado, Cassinotti manifestó la preocupación del Gobierno provincial por encontrar las razones para un sinnúmero de irregularidades que, aseguró, “constituyen un núcleo de corrupción enquistada del que las anteriores autoridades tienen responsabilidad”.

Sólo en 2015 las maniobras permitieron una “fuga” de $380 millones.

 

Cerca de la Gobernadora calculan que sólo en 2015 las maniobras permitieron una “fuga” de $380 millones y aseguran que ahora se busca desmontar los circuitos de corrupción existentes en el organismo al tiempo que aspiran a que la Justicia profundice la investigación no sólo sobre las figuras de conducción de la obra social sino también, llegado el caso, sobre funcionarios de los gobiernos anteriores.

En esa dirección había apuntado también la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, que en junio último inició ante el fiscal Garganta una denuncia contra el propio Daniel Scioli. En su presentación planteó, en base a una serie de artículos periodísticos, que el ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial por el Frente para la Victoria “habría montado una red de sociedades a través de las cuales transfería fondos de diferentes organismos del Estado provincial”. Al referirse específicamente a la obra social provincial habló de “maniobras de estafas y sobreprecios”. La legisladora expresó dudas sobre el fiscal Paolini, titular de la UFI a cargo de la mayoría de las causas abiertas sobre IOMA, debido a su parentesco con Ricardo Casal, ex ministro de Justicia de la Provincia y hombre de máxima confianza de Scioli, y su decisión de no apelar el cierre de una causa por enriquecimiento contra el ex gobernador en la que no se realizó siquiera un estudio contable sobre el patrimonio sospechado.

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Foto: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Paolini es cuestionado porque en sus investigaciones, adonde hay pruebas de irregularidades presentadas por los propios afiliados de la obra social, no se ha logrado trazar un hilo conductor entre los reiterados y millonarios desfalcos descubiertos y las máximas autoridades de la mutual, responsables últimas de las decisiones. Frente a las críticas, el fiscal se defiende y destaca la complejidad de las causas y la escasez de personal con el que cuenta la UFI al tiempo que destaca el cambio de actitud operado en la obra social. “Antes teníamos que investigar a quienes debían facilitarnos la información y no teníamos mucha colaboración, más bien lo contrario”, dijo Paolini a Chequeado en referencia a la actitud colaborativa desplegada por la actual gestión en contraposición con la reticencia de la conducida por La Scaleia.

Hasta que se produjo el cambio de gobierno, los intentos por lograr que IOMA respondiera requerimientos de información de la Justicia se tornaron un trámite engorroso que podría demandar meses y, en muchas ocasiones, no tenían ningún resultado, coinciden varios instructores que siguen o siguieron causas de IOMA. Es que, en general, la obra social no suele desplazar del lugar de trabajo a los funcionarios involucrados en denuncias, por lo que permanecen en el mismo sitio donde los investigadores debían buscar las pruebas de delitos, algo que empezó a revertirse con la nueva gestión. “Hubo veces en las que teníamos que ir a buscar datos a la misma oficina donde trabajaba el funcionario denunciado, que pese a las imputaciones seguía en su puesto”, recuerda una de las instructoras de la Fiscalía de Paolini.

“La corrupción se llevó entre el 17% y el 20% del presupuesto destinado al IOMA”.

 

Para entender la gravedad de los hechos denunciados, es preciso tener presente que, de los $21.164.948.800 que hoy tiene como presupuesto el IOMA, poco más del 90% se destina a cubrir prestaciones, mientras que apenas el 5% corresponde a los salarios de los empleados o agentes del Instituto. En la denuncia presentada por Supttioma contra La Scaleia se estima que “la corrupción se ha llevado entre el 17% y el 20% del presupuesto destinado al IOMA”.

Sin controles

Profesionales del organismo, trabajadores, instructores judiciales y representantes del nuevo Gobierno provincial coinciden en la existencia de un sistema basado en una suerte de “descontrol deliberado” en las acciones de la obra social que, bajo ese imperio, se habría vuelto permeable a la corrupción.

En tal sentido, se destacan una serie de medidas adoptadas por La Scaleia y sus antecesores, que eliminaron las auditorías realizadas por agentes del organismo y fueron cedidas a los propios prestadores. En esa línea se inscriben resoluciones como la 6357 de 2008, que suprimió los requisitos para la adhesión de las prestadoras así como las pautas de calificación del personal que debía llevar adelante el servicio del Programa de Internaciones Domiciliarias -ideado por La Scaleia- concentrando en el directorio la decisión definitiva de los convenios por celebrarse.

También resultan controvertidas, las disposiciones 1824 y 1825 de 2010, que autorizaron “la licitación privada tendiente a contratar el servicio de auditoría”, es decir, la tercerización de las fiscalizaciones denominadas “de terreno” que están destinadas a verificar la situación de los pacientes y la efectiva prestación de los servicios.

De los 240 auditores que posee la obra social, sólo 38 tienen estabilidad laboral en planta permanente. El resto trabaja sujeto a contratos de locación de obra pasibles de ser dados de baja o renovados cada fin de año. El dato fue confirmado a Chequeado por las autoridades de IOMA. Esta situación ha impactado directamente en las tareas de fiscalización y perjudica sensiblemente la tarea de contralor, indicó Angélica Cabrera, una de las pocas auditoras médicas de planta. La situación descripta se encuentra judicializada y existen varias causas donde se reclama la efectivización de los auditores.

La Scaleia desmiente toda vinculación con las irregularidades descubiertas. “Yo no conozco ninguna institución que en descontrol crezca y ponga nuevas coberturas, programas, diseñe capacitaciones, pase a planta como corresponde por ley, cumpliendo y cuidando a los trabajadores, pagando buenos honorarios a los médicos y a los sanatorios. No conozco una institución que pueda tener un descontrol y hacer esto, excepto que sea Cooperfield”. Y, además, reconoció: “Pudo pasar que una empresa privada intentara defraudar al Estado, como en el caso de las internaciones domiciliarias. Nosotros también lo denunciamos. Eso no significa de ninguna manera connivencia entre los privados y el IOMA”, aclaró.

“No hay un sólo funcionario implicado de mi equipo de trabajo”.

 

En diálogo con Chequeado, el ex funcionario sciolista insistió en la falsedad de las denuncias: “Nosotros entregamos una gestión totalmente transparentada, con superávit económico y pagándole a todos los prestadores al día. Los prestadores son los primeros que podrían dar fe de cómo ha sido la relación y la seriedad y los cambios institucionales que se generaron”. Para “El Tano”, durante su gestión, el IOMA trabajó con licitaciones públicas y con intervención de la Contaduría General, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, todos organismos de control que estaban en manos de la oposición. Y concluyó: “No hay un solo funcionario implicado que tenga que ver con mi equipo de trabajo”.

 

Esta investigación contó con la colaboración de Matías Di Santi y Manuel Tarricone, coordinador y periodista de la Redacción de Chequeado, respectivamente.

Este artículo forma parte del proyecto “Investigación y datos: Chequeado sin corsé”, que incluye más de 12 producciones a publicarse antes de fines de 2016 en el sitio especial “Chequeado Investigación”, y que fueron financiadas gracias al apoyo de Open Society Foundations (OSF).

 

 Una causa cerca del juicio oral y más denuncias en la Provincia Del cúmulo de investigaciones en marcha con instrucciones dirigidas por el fiscal Paolini, hasta el momento sólo una agotó la etapa de investigación y se encuentra a la espera de la fijación de fecha para ser elevada a juicio oral. Se trata de un caso paradigmático en el que los instructores lograron constatar una maniobra por la cual se fraguaba la entrega de medicamentos oncológicos prescriptos a personas que no los requerían y que luego eran ingresados ilegalmente en el circuito comercial de farmacias. Se trata de la causa 37646/11 -caratulada “asociación ilícita y estafas reiteradas en perjuicio de la administración pública” e iniciada a fines de 2011 por una presentación de familiares de un paciente que había fallecido de cáncer varios meses antes aunque en IOMA se siguieron prescribiendo los medicamentos oncológicos para su tratamiento- en la que están procesados, entre otros, el ex subdirector de Farmacia de la mutual, Marcelo Piergiácomi; el jefe del Departamento de Auditoría y Fiscalización Farmacéutica y Bioquímica, Sergio Leonardo Massaccesi; y el médico auditor Guillermo Fernández Plata. También fueron imputadas varias personas ligadas con farmacias y droguerías que comercializaban los remedios mal habidos. Cada receta implicaba la compra de medicación por encima de los $10 mil y en el expediente se acumularon casi un centenar. Se estima que el delito habría comenzado en 2007 e implica cientos de miles de órdenes de compra solventadas por la obra social estatal. En esta investigación IOMA se presentó como “particular damnificado”. Para los denunciantes fue una estrategia para evitar que se investigaran presuntas conexiones entre el directorio y los imputados; para La Scaleia y su entorno, se trató, simplemente, de acompañar el accionar de la Justicia. En el conjunto de denuncias, otro de los casos más paradigmáticos es el de la firma Hestia SRL, radicada originalmente en la ciudad de Junín, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y dedicada a la internación domiciliaria, cuyo proceder irregular quedó bajo la lupa de la Justicia junto con una decena de empresas dedicadas a ese rubro en las que aparecen vinculaciones entre funcionarios, empresarios y responsables del control de las prestaciones. En la causa 376/16, radicada en la UFI Nº 1 de Junín a cargo de la fiscal subrogante Mirta Monclá, se investiga la falsificación de documentos para sobrefacturar mediante la autorización apócrifa de tratamientos y provisiones de alto costo en prótesis, medicación e insumos. Hestia se constituyó en agosto de 2010, meses después del desembarco de La Scaleia en la Presidencia del organismo, y, según surge del expediente judicial promovido por representantes de Apioma, tiene como único cliente a IOMA. En la denuncia se cita un documento de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense en el que se menciona a Miriam Elizabeth Gómez como miembro del directorio de Hestia junto con Pablo Sebastián Schumann. Gómez resulta ser la pareja de Eugenio “Lalo” Pirani, jefe de Departamento de IOMA en el citado distrito, y Schumann es familiar de Claudia Schumann, esposa del doctor Eduardo Crivella, auditor de la obra social, encargado de verificar el buen funcionamiento del sistema en la zona. A su vez, en esta empresa también participa Mario César Villanueva, ligado a Crivella, y que otrora ocupara el rol de director regional de la mutual provincial. Esa presentación también alcanzó al doctor Oscar Zazzali, ex jefe Regional del IOMA, a quien se acusó de haber brindado “apoyo funcional” y que junto a Pirani realizó “un total direccionamiento y autorizan prestaciones millonarias para la empresa Hestia”. Según la denuncia, en diciembre último Hestia facturó a la obra social estatal alrededor casi $10 millones por supuestos servicios de los que, a esta altura, nadie tiene efectiva constancia de que hayan sido brindados. En marzo último la jueza de Garantías María Laura Durante accedió a un pedido de Monclá y dispuso una serie de allanamientos que permitieron incorporar nuevos elementos en la causa. En ese momento Pirani, que hasta 2009 fue titular de la filial local de UPCN, terminó detenido por un motivo inesperado, ya que en su vivienda de Junín, ubicada en el Barrio Residencial Lihue, fueron halladas dos armas de fuego sin declarar. Idéntica diligencia se cumplió en los domicilios de Miriam Gómez y Fernando Pirani (hijo de Eugenio), involucrados, según confirmaron fuentes judiciales, por su condición de prestadores de IOMA. Entre otras cuestiones, los nombrados quedaron imputados por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” que, según el artículo 265 del Código Penal, pena a quien desde un cargo del Estado busca beneficiarse personalmente o a un tercero con una contratación. Tras los allanamientos, el nuevo delegado de IOMA en Junín, Marcelo Pastormerlo, anunció la suspensión de los acuerdos con las firmas Hestia y Salud Adom, otra de las compañías denunciadas. Entonces, la empresa Hestia difundió un comunicado en el que señaló que trabaja con unos 200 pacientes de diferentes obras sociales, prepagas y compañías aseguradoras en sus filiales de Junín y Mar del Plata y rechazó las acusaciones en su contra. “Negamos rotundamente lo que con malicia se afirma respecto a prestaciones a pacientes fallecidos o que desconocen la prestación”, se señaló en la gacetilla difundida por un medio local, al tiempo que marcó que “no existe comunicación fehaciente del IOMA respecto a faltas prestacionales o denuncias de afiliados”. La causa impulsada por Carrió trajo revelaciones sobre la forma en la que se organizaba el fraude en IOMA. Luego de una serie de diligencias en busca de documentación de la obra social, el fiscal Garganta dispuso un primer operativo en Mar del Plata donde, con el aval de la jueza de Garantías Nº 5 Marcela Garmendia, fueron allanadas oficinas de la obra social y varios domicilios particulares. Una de las casas allanadas pertenece a Walter Ceberino, un empresario de la noche que fuera titular del IOMA en Mar del Plata durante el último tramo de la gestión de Scioli. En esta pesquisa uno de los blancos es la firma Dar Salud SRL, que atiende casos de internación domiciliaria. El fiscal evalúa elementos de prueba sobre el vínculo entre el responsable local de la obra social y la firma. Concretamente, la pareja del ex director regional del IOMA, María Noelia Laportilla Assef, fue socia de los titulares de Dar Salud en otro emprendimiento llamado Centro de Rehabilitación Ambulatoria Neurológica Crean SRL.   Quién es Antonio La Scaleia Antonio La Scaleia es un cirujano especialista en coloproctología, que inició su carrera en el Hospital Municipal de Morón. A mediados de los ‘90, llegó a presidir la Asociación de Profesionales que enfrentó el intento de vaciamiento impulsado por el entonces intendente de Morón, Juan Carlos Rousselot, quien buscaba convertir al nosocomio en un centro de atención materno infantil en el marco de otras iniciativas por las que terminó denunciado y fue condenado por malversación de fondos públicos. Ligado con el duhaldismo, La Scaleia ingresó formalmente en IOMA durante la gestión del médico ex veterano de la guerra de Malvinas Julio Municoy, en mayo de 2000 (Decreto 2853/00). Ocupó la titularidad de la Dirección General de Prestaciones, donde ideó el Programa de Internaciones Domiciliarias. A través de este programa se generalizó, mediante servicios tercerizados, la atención de afiliados en sus propias casas a partir de módulos que distinguen los tipos de dolencias e incluyen desde la atención médica y de enfermería hasta los insumos y traslados que el paciente necesite. El IOMA informó a la Justicia que sólo en 2015 otorgó 9.174 prestaciones domiciliarias por unos $229 millones por mes. Es uno de los mecanismos que concentró los mayores fraudes de los descubiertos hasta el momento en perjuicio de la obra social según lo consignado por las actuales autoridades. A fines de 2007, con la llegada de Scioli a la Gobernación, “El Tano”, como todos lo conocen, ascendió a la Vicepresidencia de la mutual, secundando a Javier Mouriño, quien el 29 de marzo de 2010 le cedió el máximo cargo de la obra social para convertirse en el secretario General de la Gobernación. Aquel día, al tomarle juramento en el salón de actos de la Casa de Gobierno provincial, Scioli lo instó a contribuir para “lograr una provincia que gestione con eficiencia, con rapidez y con transparencia”. A esta altura, La Scaleia ya había trabado una fuerte relación con el por entonces vicegobernador, Alberto Balestrini, del que había pasado a ser médico de cabecera. Hasta el 9 de diciembre último, percibía una remuneración mensual por conducir la mutual bonaerense de $73 mil, tal como surge de los datos del Sistema Administrativo Computarizado de Recursos Humanos y Personal del organismo y consta en la denuncia judicial del Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA (Supttioma).   Ver también: "La nueva gestión" "La equidad en crisis: los casos de la madre de CFK y Balestrini"

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Comentario

  1. Deseo que las actuales autoridades logren descifrar y esclarecer a través de la justicia esta estafa a la obra social,IOMA,que como una de las tantas jubiladas docentes,hacemos uso para cubrir nuestras necesidades de salud y todos los estatales de esta Gran provincia. Justicia ya!!!

  2. anonima por miedo a las mafias de las empresas de internacion domiciliaria aunque todos saben quien soy

    A las empresas de internacion domiciliaria no solo hay que investigarlas por IOMA, tambien trabajan para PAMI; para SWISS MEDICAL y otras prepagas, como para OBRAS SOCIALES yo denuncie a CENTRO ALFA de la dra. GIROLA, a CUIDARTE ARGENTINA de Golfar y Lamirato por PAMI y lo que hicieron fue dejarme sin servicio Eso si quien vino a auditar el domicilio fue una persona cuestionada por mi sera conivencia o exsesom de confiansa a los prestadores por ser todos PRESTIGIOSOS MEDICOS CON PRESTIGIOSOS TITULOS DE PRESTIGIOSAS EMPRESAS QUE TRABAJAN o dicenn que…PARA PRESTIGIOSAS INSTITUSIONES HAGAN ALGO MAS LOSPACIENTES NO TIENEN SUS TIEMPOS ADMINISTRATIVOS

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  • Escándalo sobre escándalo: IOMA y la conexión Scioli – Cadena Entrerriana 96.5 FM 16 noviembre, 2016

    […] Todo apunta a Antonio La Scaleia, quien fue presidente de IOMA en días de Daniel Scioli gobernador pero¿por qué frenarse en La Scaleia? […]